Mientras Argentina transita un momento clave de definiciones políticas y económicas, el Gobierno de Javier Milei enfrenta la necesidad ineludible de redefinir su estrategia en medio de la presión de los mercados y la atención internacional, especialmente desde Estados Unidos. La última jornada electoral y las señales de Washington se han convertido en los principales termómetros de un escenario que exige respuestas urgentes y coordinadas.
La mirada de inversores y analistas está puesta en varios indicadores: el caudal de votos de cada espacio político, la cantidad de provincias conquistadas por el oficialismo, y, especialmente, la conformación de la Cámara de Diputados. El objetivo de alcanzar o superar los 87 legisladores aliados para bloquear vetos será una de las primeras lecturas tras los comicios. Incluso, la cotización de las criptomonedas se perfila como una reacción inmediata del mercado ante los resultados.
Sin embargo, más allá de la política doméstica, el lunes posterior a la elección aparece como un día bisagra. La expectativa gira en torno a posibles anuncios desde Estados Unidos, como un nuevo mensaje de Scott Bessent o la confirmación por parte de Donald Trump de un acuerdo comercial ya negociado con Argentina. Estas señales servirán para calibrar el respaldo externo y su impacto en el mercado local.
El involucramiento estadounidense en el mercado cambiario argentino marca un punto de inflexión. El Gobierno ya no puede recurrir a la estrategia de no acumular reservas, como ocurrió durante el segundo trimestre, y la presión podría forzar una mayor devaluación. Según el economista Ricardo Delgado, el “reseteo” de la política económica es inevitable, independientemente del desempeño electoral del oficialismo. De hecho, el apoyo de Washington responde, en gran parte, a la exigencia de que Argentina acumule dólares y deje de depender de rescates periódicos, una postura que ni siquiera el Fondo Monetario Internacional había asumido con tal firmeza.
En este contexto, el Gobierno se juega tres metas centrales: estabilizar el mercado de divisas, garantizar el pago de la deuda a partir del próximo año y rediseñar la política económica para estimular la actividad, el empleo y el consumo. La demanda social, especialmente visible en Buenos Aires, exige que las medidas macroeconómicas se traduzcan pronto en crecimiento real.
En 2023, el Gobierno interpretó correctamente el reclamo ciudadano: frenar la inflación, que había trepado a un insostenible 211%. La receta fue drástica: ajuste fiscal, devaluación inicial y anclaje de variables clave. El éxito, sin embargo, tuvo fecha de vencimiento. A partir de julio de este año, con el desarme de instrumentos financieros y la falta de acumulación de reservas, el tipo de cambio saltó un 14%, las tasas de interés se dispararon y la economía entró en recesión. La eliminación del crédito y la caída del consumo confirmaron el enfriamiento.
Para Delgado, la visión oficial de que “ordenando la macro, la micro se acomoda” resulta insuficiente. Si bien la desregulación y el equilibrio fiscal son logros innegables —y marcan un cambio de época—, la falta de políticas sectoriales y de coordinación con las provincias y actores productivos limita la recuperación. No se trata solo de evitar el déficit fiscal, sino de gestionar recursos con inteligencia y destrabar inversiones, incluso permitiendo que las provincias accedan a financiamiento internacional para obras de infraestructura.
El gran desafío, sostiene el economista, es evitar el regreso a la lógica del “veranito financiero” seguido de crisis y dependencia. Para ello, Argentina debe fortalecer su posición exportadora —el sector energético aportará este año unos 8.000 millones de dólares netos— y construir un puente financiero hasta que esas divisas se consoliden. Mientras tanto, la dependencia de Estados Unidos implica aceptar condiciones y cierta pérdida de autonomía en la toma de decisiones.
En cuanto a la posibilidad de aplicar nuevas restricciones cambiarias, Delgado advierte que solo tendría sentido si las reservas no alcanzan, pero debería hacerse bajo un acuerdo político amplio y transparente para evitar percepciones de retroceso. El balance es claro: el Gobierno debe recuperar credibilidad, coordinar con los sectores productivos y mantener la prudencia fiscal, pero también necesita creatividad y diálogo para sortear los desafíos inmediatos sin sacrificar la estabilidad lograda en materia inflacionaria.
