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    Milei extiende beneficios clave para trabajadores rurales y RENATRE actualiza ayudas económicas

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    El Gobierno nacional oficializó una nueva extensión del Decreto 514/2021, una norma central para la promoción del trabajo registrado y la protección social en el agro argentino. La prórroga fue dispuesta por el presidente Javier Milei, junto al jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, y se publicó este miércoles mediante el Decreto 777/2025 en el Boletín Oficial.

    La medida prolonga por un año adicional, a partir del 1° de septiembre de 2025, el esquema que permite a trabajadores rurales temporales o estacionales acceder a empleo formal sin perder beneficios sociales como el programa Potenciar Trabajo o la Tarjeta Alimentar. La decisión responde a un pedido de sindicatos y entidades productivas, y busca profundizar los avances en inclusión y formalización laboral alcanzados desde la sanción original de la norma en 2021.

    Más inclusión y formalización para el trabajo rural

    El Decreto 514/21 fue creado con el objetivo de incentivar la registración laboral en el sector rural, especialmente en actividades de carácter temporal o estacional, donde la informalidad históricamente ha sido elevada. Uno de sus puntos clave es que los beneficiarios de ciertos planes sociales pueden acceder a empleo formal sin perder el acceso a estos programas. Además, garantiza que las asignaciones familiares que reciben estos trabajadores no sean inferiores al 100% del valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

    Según datos oficiales, la articulación entre políticas sociales y empleo formal logró un impacto positivo en la calidad de vida de los trabajadores rurales y sus familias. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) fue una de las principales impulsoras de esta iniciativa, advirtiendo desde 2021 sobre las dificultades para conseguir mano de obra en las economías regionales: muchos beneficiarios de ayudas sociales temían emplearse formalmente por miedo a perder esos ingresos complementarios.

    Este segmento representaba cerca del 70% de la mano de obra rural contratada, impactando a más de 30 complejos productivos y al 63% de las explotaciones agropecuarias del país. Frente a la inminencia de un nuevo vencimiento, sindicatos y entidades del sector renovaron su reclamo para sostener el esquema, alegando que permitió avanzar en inclusión y protección social.

    Actualización de ayudas económicas para el agro

    Paralelamente, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) dispuso este miércoles una actualización en los montos de las prestaciones extraordinarias destinadas a trabajadores rurales en situación de vulnerabilidad o presunta explotación laboral. A través de la Resolución 114/2025, firmada por el presidente del organismo, José Voytenco, se estableció que, desde el 1° de noviembre de 2025, la «Prestación Extraordinaria para Trabajadores/as rurales relevados en presunta situación de explotación laboral» será equivalente al monto mínimo de la Prestación por Desempleo prevista en la Ley 25.191, en un pago único y cancelatorio.

    Asimismo, la «Prestación Extraordinaria por Razones Socioeconómicas» se abonará hasta en tres cuotas cancelatorias, cada una del mismo valor mínimo que la prestación por desempleo. Estas ayudas están dirigidas a trabajadores rurales que, debido a contingencias sociales o de salud, no puedan generar ingresos y no cuenten con otras fuentes de sustento.

    RENATRE recordó que todas estas medidas se enmarcan en el Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo, creado por la Ley 25.191, y que el organismo está facultado para implementar acciones extraordinarias ante situaciones económicas, sociales o climáticas que pongan en riesgo la empleabilidad del sector.

    Un respaldo en tiempos de precariedad

    Los anuncios del Gobierno y del RENATRE buscan reforzar la inclusión laboral y la protección social en el ámbito rural, donde la informalidad y la precarización de las tareas siguen siendo problemas extendidos. Según las autoridades, sostener y fortalecer estos esquemas es clave para garantizar derechos y mejorar los ingresos de miles de familias rurales en un contexto de alta vulnerabilidad.

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