Tras las recientes elecciones, el presidente Javier Milei se encuentra ante un escenario político decisivo en el Congreso. El principal reto en el horizonte inmediato es la aprobación del Presupuesto 2026, un trámite parlamentario que, lejos de ser una formalidad, se ha convertido en el epicentro de una disputa que involucra tanto a oficialistas como a opositores de peso.

El oficialismo, liderado por La Libertad Avanza, busca consolidar su influencia en ambas cámaras, pero enfrenta una oposición dispuesta a condicionar el avance del Presupuesto a la restitución de tres leyes claves que el propio Ejecutivo mantiene suspendidas. Se trata de las normas vinculadas al financiamiento del Hospital Garrahan, la Emergencia en Discapacidad y el financiamiento universitario, todas ratificadas por el Parlamento pero vetadas por el presidente Milei.

El antecedente inmediato no es alentador para el Gobierno. El año pasado, tras semanas de negociaciones infructuosas, el Ejecutivo optó por suspender el debate y prorrogar el Presupuesto anterior mediante un decreto. Para evitar que la historia se repita, la oposición impulsó y aprobó un cronograma que obliga a dictaminar el nuevo Presupuesto antes del 4 de noviembre, aunque el oficialismo intenta dilatar los plazos para que la votación recaiga en los legisladores que asumirán el 10 de diciembre, cuando se prevé un mayor poder de La Libertad Avanza.

Las negociaciones están marcadas por avances lentos y numerosas reuniones, aunque sin resultados concretos hasta el momento. Martín Menem, cuya continuidad al frente de la Cámara de Diputados está en juego, lideró recientemente un encuentro clave con los jefes de bloques aliados, el secretario de Hacienda Carlos Guberman y el vicejefe de Gabinete José Rolandi. Sin embargo, los representantes de Encuentro Federal—encabezados por Miguel Pichetto—y Democracia para Siempre, de Pablo Juliano, fueron tajantes: no habrá acuerdo sin la reglamentación y aplicación de las tres leyes vetadas por el Ejecutivo.

La negativa del Gobierno a ceder en este punto provocó el inmediato estancamiento de las conversaciones. Sin embargo, desde el entorno de Menem valoraron que la discusión se mantenga «dentro de los parámetros del superávit fiscal y financiero», abriendo la puerta a negociar todo lo que no esté indexado por normas previas.

El principal aliado político del Gobierno, Mauricio Macri, también intervino en el debate. A través de redes sociales, el líder del PRO enfatizó la necesidad de construir una nueva mayoría en el Congreso, compuesta por diversas fuerzas políticas, para aprobar el Presupuesto. Macri remarcó la importancia de mantener el equilibrio fiscal, pero instó a consensuar prioridades entre todos los sectores. El mensaje fue respaldado públicamente por Santiago Caputo, asesor presidencial y posible futuro ministro, quien además ha intensificado sus contactos con gobernadores y bloques opositores en busca de apoyos.

El bloque Encuentro Federal, por su parte, propuso una alternativa: aprobar el Presupuesto, pero incluyendo la plena vigencia de las leyes suspendidas y ajustando el superávit fiscal a un 0,9% del PBI, frente al 1,5% proyectado por el oficialismo. Según sus cálculos, la diferencia de 0,6 puntos del PBI representa el costo de implementar las leyes de Garrahan, Universidades y Discapacidad.

La pulseada por el Presupuesto 2026 y la resistencia del Gobierno a aplicar las leyes ya aprobadas ha escalado el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, generando incluso denuncias penales contra el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la presentación de amparos por parte de organizaciones civiles. Para muchos legisladores, la última palabra la tendrá la Corte Suprema, que podría zanjar esta disputa de poderes.

En este contexto, Milei enfrenta un desafío que no solo pondrá a prueba su capacidad de negociación política, sino también la solidez de su proyecto de gobierno frente a una oposición que, lejos de ceder, parece dispuesta a endurecer su postura en defensa del mandato parlamentario.