El Gobierno nacional salió este viernes a responder públicamente a las revelaciones sobre una presunta red de financiamiento ruso destinada a impulsar contenidos periodísticos contra el presidente Javier Milei en medios argentinos. El mandatario habló de “espionaje” y calificó el episodio como un hecho de “gravedad institucional pocas veces vista”, mientras desde la Casa Rosada y aliados políticos reclamaron avanzar sobre los responsables y cuestionaron duramente al sistema de medios.

Las reacciones se produjeron luego de que un consorcio internacional de medios difundiera una investigación según la cual Rusia habría pagado alrededor de 300 mil dólares para la publicación de casi 250 notas en portales de noticias de la Argentina. De acuerdo con ese relevamiento, el objetivo habría sido erosionar la imagen del jefe de Estado, en un período que coincide con el mayor acercamiento político entre el Gobierno de Milei y Ucrania, país en guerra con Moscú.

En una serie de mensajes difundidos en redes sociales, Milei sostuvo que el caso no se limita a los periodistas y medios mencionados en la investigación internacional. “Son sólo la punta del iceberg de algo mucho más grande”, afirmó, y prometió que el Gobierno irá “hasta las últimas consecuencias” para identificar a todos los participantes directos e indirectos de lo que definió como una red de espionaje ilegal.

El Presidente además aprovechó para renovar sus embates contra el periodismo local. Recordó que ya venía cuestionando a la prensa y apuntó que las filtraciones confirmarían sus críticas previas. En un descargo posterior, difundido bajo el título “Periodismo basura”, amplió sus acusaciones y habló de periodistas “corruptos” y “traidores a la patria”, extendiendo la responsabilidad a editores y propietarios de medios. A partir de este caso, volvió a plantear que la pauta oficial debería ser nula en todos los niveles del Estado.

La controversia también reactivó denuncias previas de dirigentes oficialistas. La senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich aseguró que la investigación internacional respalda un planteo que ella había realizado medio año atrás. Bajo el título “Algo de ‘Conociendo Rusia’”, sostuvo que hace seis meses advirtió sobre la existencia de “una red rusa operando para meter noticias falsas en medios y redes sociales contra el Gobierno de Milei”. Según relató, en ese momento su denuncia fue desestimada, pero ahora, dijo, los hechos habrían quedado expuestos, y sugirió que algunos de los involucrados “deben estar preocupados”.

A las declaraciones de Bullrich se sumó la diputada Lilia Lemoine, presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja. La legisladora agradeció públicamente a la senadora por haber insistido con la denuncia y sostuvo que, pese a las burlas iniciales, se trataba de “una operación de desestabilización muy obvia”. Lemoine describió el mecanismo: una nota falsa en un medio menor que luego es replicada por otros hasta instalar un relato que, según advirtió, termina condicionando a la opinión pública y, en consecuencia, al proceso democrático.

La diputada también vinculó este tipo de maniobras con la actuación de potencias extranjeras que, según afirmó, operan a través de intermediarios. Mencionó a Rusia e Irán y recordó que en el pasado Cuba y Venezuela funcionaron como plataformas de influencia. A modo de ejemplo, señaló al conductor Santiago Cúneo como uno de los que habría impulsado narrativas de corte golpista, y aludió sin nombrarla a la periodista y exintegrante de La Libertad Avanza Marcela Pagano, hoy alineada con sectores opositores.

En paralelo, la Secretaría de Inteligencia (SIDE) emitió un comunicado oficial en el que enmarcó el caso dentro de un escenario global de creciente inestabilidad. El organismo advirtió que la Argentina, por su peso político, recursos naturales estratégicos y ubicación geográfica, se ha convertido en un objetivo de interés para distintas potencias extranjeras. Según la SIDE, la situación denunciada ya había sido puesta en conocimiento de la Justicia hacia fines del año pasado, y se aseguró que el Estado está reforzando sus capacidades de inteligencia para anticipar riesgos y resguardar los intereses nacionales.

Desde el área de comunicación del Ejecutivo también se elevó el tono. El secretario de Comunicación, Javier Lanari, calificó la supuesta red rusa que habría financiado contenidos falsos para perjudicar a Milei como “uno de los mayores escándalos de la historia democrática argentina”. Afirmó que no se trataría solo de una forma de “invasión cultural”, sino de un caso de traición a la patria por parte de quienes, según su acusación, habrían operado para un “servicio extranjero y paralelo”.

Con la investigación internacional en marcha y las promesas oficiales de avanzar en la identificación de responsables, el caso abre un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno, los medios de comunicación y los actores externos que buscan incidir en la política argentina a través de campañas de desinformación.