El decreto de necesidad y urgencia firmado por Javier Milei que modifica la Ley de Inteligencia y amplía las facultades de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) abrió un nuevo frente político en el Congreso. El peronismo busca articular una mayoría para derogar la norma y coloca en el centro de la escena a los bloques del PRO y la UCR, a quienes exige definiciones concretas.

Mientras tanto, en la Casa Rosada descartan, al menos por ahora, adelantar el llamado a sesiones extraordinarias. La hoja de ruta oficial mantiene el inicio de la actividad parlamentaria para los primeros días de febrero, con el foco puesto en la reforma laboral y el nuevo Código Penal, y no en la discusión del DNU sobre inteligencia.

En el Congreso, la principal disputa inmediata gira en torno a la conformación de las comisiones bicamerales de Inteligencia y de Trámite Legislativo, claves para revisar el alcance del decreto presidencial. La oposición reclama que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la titular del Senado, Victoria Villarruel, convoquen de manera urgente a esos cuerpos. Hasta ahora, ni el riojano ni la vicepresidenta dieron señales de avanzar en ese sentido.

La estrategia opositora se apoya en un antecedente resonante: el conflicto de 2010, cuando Cristina Kirchner dispuso por DNU la salida de Martín Redrado del Banco Central por su negativa a liberar reservas para el pago de deuda. En aquel momento, la comisión que analiza los decretos trató el caso, pero la falta de acuerdo político terminó con la medida vigente. Ese recuerdo funciona hoy como advertencia sobre el peso que tendrá la correlación de fuerzas en el tratamiento del nuevo DNU.

En este contexto, el peronismo decidió intensificar la presión sobre el PRO y la UCR a través de las redes sociales y declaraciones públicas. El puntapié lo dio el socialista Esteban Paulón, que convocó a construir un “amplio cordón democrático” para frenar la reforma de la Ley de Inteligencia. De inmediato, el jefe de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, recogió el guante y apuntó directamente contra los partidos tradicionales de la oposición.

Martínez sostuvo que ese cordón “se corta en el PRO y la UCR” y recordó que, según su lectura, esas fuerzas vienen acompañando los proyectos de La Libertad Avanza desde hace dos años, con contadas excepciones. El mensaje incluyó un dato numérico: señaló que son 12 los diputados del PRO y 6 los radicales que podrían inclinar la balanza, y que la suerte del DNU depende en buena medida de lo que ellos resuelvan.

El bloque del PRO, liderado por Cristian Ritondo, emitió hasta ahora un respaldo medido a la iniciativa del Gobierno. A través de un comunicado, informó que un equipo de especialistas analizó el decreto y consideró que la temática es “central para la seguridad”, aunque aclaró que continuarán evaluando la normativa complementaria y los protocolos que el Poder Ejecutivo emita en los próximos días.

La UCR, bajo la conducción de la mendocina Pamela Verasay, optó por un perfil aún más prudente. No hubo pronunciamientos públicos contundentes y la bancada aguarda los informes de sus asesores antes de fijar una postura definitiva sobre la reforma impulsada por Milei.

En paralelo, el peronismo, el interbloque Unidos y la izquierda reclaman no solo la conformación urgente de las comisiones de DNU e Inteligencia, sino también la convocatoria a una sesión especial en febrero para intentar rechazar el decreto. La pelea se juega contra el reloj y bajo un marco normativo preciso.

De acuerdo con la Constitución, el Poder Ejecutivo cuenta con diez días hábiles desde la publicación del DNU en el Boletín Oficial para remitirlo al Congreso. Luego, la ley 26.122, que regula el trámite de estos instrumentos, otorga otros diez días hábiles a la bicameral de Trámite Legislativo para emitir dictamen. Si ese plazo vence sin resolución, ambas cámaras quedan habilitadas para debatir el decreto en el recinto.

En esa instancia, la regla es clara: el DNU queda firme si al menos una de las cámaras lo aprueba o no lo rechaza. Para voltearlo, en cambio, se requiere que tanto Diputados como el Senado se pronuncien en contra con mayoría simple de los presentes. El oficialismo confía en que la oposición no logrará reunir el quórum necesario para avanzar en un rechazo frontal.

Los números son ajustados. Sumando al peronismo, al interbloque Unidos, a la izquierda y a la diputada cordobesa Natalia de la Sota —que ya se manifestó en contra de la reforma—, la oposición alcanzaría unos 120 votos en Diputados, todavía a nueve de los 129 necesarios para sesionar. Del otro lado, La Libertad Avanza más los legisladores del PRO y la UCR llegarían a alrededor de 117 bancas.

El Gobierno podría intentar ampliar ese respaldo con los siete diputados de Innovación Federal, los tres tucumanos alineados con el gobernador Osvaldo Jaldo y los tres representantes de Catamarca cercanos a Raúl Jalil. Con ese esquema, el oficialismo podría acercarse a la mayoría y sostener el DNU que fortalece a la SIDE, aunque para lograrlo deberá volver a sentarse a negociar con los gobernadores, en un escenario de máxima paridad y con el tablero legislativo abierto.