El oficialismo logró este martes el dictamen de mayoría para modificar la Ley de Glaciares y se prepara para intentar aprobar la reforma este miércoles en la Cámara de Diputados. Mientras La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados aseguran tener los votos necesarios, organizaciones sociales y partidos opositores convocaron a una movilización al Congreso para rechazar el proyecto.
La marcha fue anunciada para las 17, con punto de concentración en la intersección de la avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo, y llegada al Parlamento. Entre los convocantes se encuentra La Cámpora, que en su llamado sostuvo que oponerse a la iniciativa es una forma de defender el agua, la soberanía y el futuro del país frente a lo que describen como una flexibilización ambiental impulsada por el gobierno de Javier Milei y el Fondo Monetario Internacional.
El dictamen y los alineamientos en Diputados
El plenario de las comisiones de Ambiente y Asuntos Constitucionales emitió dictamen de mayoría con 37 firmas sobre un total de 66 integrantes. Respaldaron la propuesta de reforma los legisladores de La Libertad Avanza, la mayoría del PRO y de la UCR, además de diputados provinciales de Catamarca, San Juan y Misiones, muchos de ellos provenientes de distritos con fuerte interés en el desarrollo minero.
En contraste, Unión por la Patria reunió 23 firmas para un dictamen propio de rechazo. A esa posición se sumaron el bloque Provincias Unidas, que presentó un dictamen en contra con 5 firmas, y el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, que también elaboró su propia propuesta de rechazo. Provincias Unidas, sin embargo, anticipó que votará dividido en el recinto, aunque la mayoría de sus integrantes se inclina por oponerse.
En la Cámara alta, la reforma ya había mostrado fisuras en la oposición: dos senadores de Unión por la Patria votaron junto al oficialismo. En Diputados, las estimaciones previas señalaban que los dos representantes sanjuaninos de ese bloque podrían volver a diferenciarse del resto, en un contexto marcado por las particularidades políticas y económicas de su provincia.
Qué cambia con la reforma de la Ley de Glaciares
La legislación vigente protege todos los glaciares y el ambiente periglacial. El proyecto que impulsa el Gobierno recorta ese alcance y propone que solo queden bajo protección estricta aquellas masas de hielo que acrediten un “aporte hídrico relevante y verificable” a una cuenca.
Además, la reforma otorga un rol más determinante a los gobernadores en la confección del inventario de glaciares, bajo el argumento de que la Constitución reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales. Los mandatarios de provincias con proyectos mineros sostienen que la norma actual frena inversiones por montos millonarios y reclaman un marco regulatorio que permita avanzar con la explotación de minerales estratégicos.
Críticas al proceso y señalamientos por conflicto de intereses
La última jornada de exposiciones antes del dictamen fue objeto de fuertes cuestionamientos. Para esa instancia fueron invitados exclusivamente funcionarios del gobierno nacional y representantes de provincias con actividad minera o proyectos en carpeta, como Catamarca, Jujuy, Mendoza, San Juan y Salta.
El diputado Maximiliano Ferraro denunció que el oficialismo dejó afuera a especialistas propuestos por la oposición y acusó a LLA de limitar el debate a las provincias cordilleranas con proyectos mineros, como si el dominio de los recursos naturales previsto en el artículo 124 de la Constitución se restringiera solo a esos distritos.
Ferraro y la diputada de izquierda Myriam Bregman también apuntaron contra el secretario de Minería, Luis Lucero, al recordar que fue denunciado penalmente y que anteriormente integró un estudio jurídico que asesoraba a empresas del sector. A su entender, esa trayectoria debería haber sido un impedimento para su participación como funcionario invitado en la discusión.
Presiones políticas y debate sobre la guerra
La sesión de este miércoles se dará en un clima recargado. El oficialismo llega con el conflicto en torno al vocero presidencial Manuel Adorni todavía reciente, y la oposición insiste en reclamar la presencia del jefe de Gabinete en el Congreso. Hay pedidos formales de interpelación presentados, aunque para forzar el tratamiento de esos expedientes se requiere una mayoría que la oposición aún no tiene asegurada. Adorni, por su parte, ya fue citado para brindar su informe de gestión el 29 de abril.
Los bloques opositores también preparan cuestionamientos directos al presidente Milei por sus pronunciamientos, y los de sus funcionarios, sobre el conflicto bélico que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán. Planean subrayar que el artículo 75 de la Constitución reserva al Congreso la facultad de decidir la entrada del país en una guerra y de autorizar la presencia de tropas extranjeras o la salida de fuerzas nacionales.
Fondos a las provincias y defensa del proyecto oficial
En la antesala del debate, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) difundió un informe en el que señala que el 74,1% de los Aportes del Tesoro Nacional enviados a las provincias, equivalentes a unos 20.000 millones de pesos, se transfirieron tres días antes de la votación en el Senado. El documento también detalla que entre el 19 y el 20 de marzo se giraron otros 47.000 millones de pesos en ATN a once distritos, lo que despierta sospechas sobre eventuales presiones financieras en el marco de la discusión legislativa.
Frente a las críticas, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, aseguró que los mandatarios de la llamada mesa del cobre y del litio no buscan eliminar la ley ni rebajar sus estándares, sino hacerla compatible con el desarrollo productivo. Reivindicó la normativa, pero remarcó que la minería genera un importante volumen de empleo directo e indirecto y motoriza cadenas de proveedores en otras provincias, como las industrias metalmecánicas de Córdoba y Santa Fe.
El secretario de Minería, Luis Lucero, acusó a los detractores del proyecto de montar una “campaña del miedo” y utilizar imágenes emblemáticas como el glaciar Perito Moreno para sugerir que la población se quedará sin agua. Según sus argumentos, el problema central no es la disponibilidad de agua dulce, sino su distribución. Explicó que los glaciares de escombros de 10 hectáreas aportarían unos 30 litros de agua por minuto, caudal que comparó con “dos canillas” al final de la formación, y que en algunos casos equivale a apenas el 1,65% del caudal del río San Juan.
Lucero sostuvo que impedir la intervención en esos glaciares frena proyectos capaces de generar miles de puestos de trabajo y un fuerte impacto económico en términos de producción, regalías e impuestos. El subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, se alineó con esa visión y advirtió que la interpretación actual de la ley no solo habría paralizado emprendimientos mineros, sino también el estudio y la evaluación de los recursos hídricos. Afirmó que su desafío es compatibilizar la protección de un ambiente sano con la continuidad de la actividad productiva.
