El Gobierno nacional se prepara para una semana clave en la que buscará cerrar los detalles del proyecto de Presupuesto y de la reforma laboral que pretende aprobar antes de fin de año, en el marco de las sesiones extraordinarias. En la Casa Rosada admiten que aún no hay una definición cerrada sobre el alcance de ambas iniciativas ni sobre el margen de concesiones que se harán a los gobernadores para garantizar los votos.

Uno de los puntos más sensibles sigue siendo la garantía del Tesoro para que la provincia de Buenos Aires pueda tomar nueva deuda, un reclamo central de la administración de Axel Kicillof. La definición de ese tema está atada a las negociaciones con los mandatarios provinciales, algunos de los cuales podrían volver a la Rosada en los próximos días, aunque en el oficialismo reconocen que todavía no está claro el formato de esos contactos.

La reforma laboral, cuyo envío al Congreso fue anunciado para el 9 de diciembre, también genera incertidumbre. El texto que surgió del Consejo de Mayo, un órgano consultivo sin carácter vinculante, ya fue cuestionado por el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, quien sostuvo que no representa ni su posición ni la de la CGT. El Gobierno evalúa introducir cambios antes de remitir el proyecto al Parlamento, incluso si el Presidente decide participar del anuncio.

Ese mismo día, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, integrante del Consejo de Mayo y aliado electoral de la Casa Rosada, presentará propuestas propias que hasta ahora no lograron respaldo oficial por su impacto fiscal. El nivel de receptividad a esos planteos será otro termómetro del rumbo que tome la negociación.

En el corazón de la mesa política del Gobierno persiste un interrogante: qué grado de confrontación asumirá con la CGT. La central obrera, a través de uno de sus nuevos triunviros, Jorge Sola, avisó que está dispuesta a movilizarse contra las reformas. Sola describió una interna dentro del oficialismo entre un sector identificado con Federico Sturzenegger, al que adjudicó un sesgo ideológico contrario a las organizaciones gremiales, y otro representado por Santiago Caputo, al que ve más proclive al diálogo. Según el dirigente, mientras esa disputa no se ordene, el sindicalismo no sabe con quién negociar.

Lo que sí está decidido es que la reforma laboral llegará al Congreso combinada con capítulos de una reforma tributaria y que el debate se iniciará en el Senado. Allí, Patricia Bullrich aspira a jugar un rol central. La ex ministra de Seguridad mantiene una relación áspera con el mundo sindical, y en su órbita se inscribe la diputada Gabriela Razzini, quien esta semana presentó en Diputados un proyecto para restringir el derecho de huelga. Razzini, ex titular del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, se había distanciado del PRO con un monobloque propio y ahora volvió al espacio de Bullrich dentro de La Libertad Avanza.

En paralelo, el Gobierno intenta administrar sus propias tensiones internas. Karina Milei optó por un camino de equilibrio y acordó una tregua con Santiago Caputo que se tradujo en la designación del nuevo jefe de la SIDE y en la continuidad de Agustín Romo al frente del bloque libertario en la Legislatura bonaerense. Pese a esas negociaciones, la palabra final sigue siendo la del Presidente, que mantiene su respaldo a Sturzenegger, a quien sigue llamando «el coloso».

En la Rosada, uno de los funcionarios encargados de monitorear el clima social arriesgó que este será «el diciembre más tranquilo en años» y relativizó el impacto de las movilizaciones convocadas por la UTEP y ATE para el martes. En el Ministerio de Seguridad, ahora encabezado por Alejandra Monteoliva, tampoco prevén un escenario de alta conflictividad en el corto plazo.

Mientras el Senado se enfoque en la reforma laboral, la Cámara de Diputados acelerará el tratamiento del Presupuesto. Sin embargo, en el entorno de Javier Milei admiten que aún no está claro a cuáles de los pedidos de los gobernadores se dará respuesta. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, calificó como «muy buena» la reunión que mantuvo en la Rosada con Diego Santilli y reiteró que el PRO apoyará el Presupuesto si se incluye una partida para saldar la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad. Los equipos técnicos de ambas jurisdicciones seguirán discutiendo los números esta semana, lejos de las fotos políticas.

El ministro del Interior quedó en el centro de la escena tras la votación que autorizó el endeudamiento de la provincia de Buenos Aires. Sus diputados acompañaron el roll-over y el crédito para obras, mientras que el bloque libertario alineado con Santiago Caputo, conducido por Romo, se opuso casi en bloque. La excepción fue Ramón «el Nene» Vera, quien firmó en contra del proyecto, pero no se presentó a la sesión. Algunos legisladores interpretan su ausencia como un mensaje hacia el líder partidario Sebastián Pareja, que favoreció a Juan Osaba en la distribución de cargos. Vera alega que simplemente se quedó dormido, pero en el macrismo advierten a los libertarios sobre el riesgo de eventuales denuncias por falsificación de documento público.

En el Palacio de Hacienda, el ministro de Economía, responsable de habilitar el endeudamiento provincial, puso en duda la posibilidad de un aval para Buenos Aires. Recordó la vigencia de la ley de responsabilidad fiscal de 2004, que limita la toma de nueva deuda cuando el gasto corriente supera la inflación, y sostuvo que la provincia no estaría cumpliendo esa pauta, al tiempo que anunció una emisión de bonos por 3.500 millones de dólares para la Nación. Kicillof reclamó celeridad en la autorización y advirtió que podría recurrir a la Justicia.

En la agenda política, Santilli recibió en su despacho al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, un opositor duro pero considerado razonable en la Rosada, quien volvió a exigir el pago de la deuda nacional con la caja jubilatoria provincial. El ministro del Interior también se comunicó con el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, para cerrar la ronda de reuniones individuales con mandatarios provinciales. El único que por ahora evitó el contacto personal fue el santafesino Maximiliano Pullaro.

En Balcarce 50 ya analizan un nuevo esquema de diálogo con las provincias, mientras se diluye la opción de abrir la puerta a los cuatro gobernadores opositores más confrontativos, con Kicillof a la cabeza. En paralelo, el ministro político debió intervenir para impedir que el PRO, la UCR y Provincias Unidas se unificaran en un bloque de unos 40 diputados, lo que habría fortalecido a la tercera minoría y recortado el margen de maniobra del presidente de la Cámara, Martín Menem.