La disputa judicial por quién debe investigar el presunto lavado de dinero vinculado a la compra de una lujosa mansión en Pilar, atribuida al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, sumó un nuevo capítulo. El fiscal general de la Cámara Federal de San Martín, Carlos Cearras, apeló la resolución que había dejado la causa en manos del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, y reclamó que el expediente regrese al juzgado en lo Penal Económico de Marcelo Aguinsky.

Según informaron fuentes judiciales, Cearras presentó este martes un recurso contra el fallo de la Cámara Federal de San Martín que, hace dos semanas, había zanjado el conflicto de competencia entre González Charvay y Aguinsky a favor del magistrado de Campana. Ahora, la Cámara deberá decidir si admite la apelación y envía el caso a la Cámara Federal de Casación Penal, que tendría la última palabra sobre qué juez continuará con la investigación.

La pelea por la competencia

El expediente se originó en torno a la compra de una mansión en Pilar, formalmente a nombre de Luciano Pantano y su madre jubilada, Ana Lucía Conte, quienes carecerían de capacidad económica para afrontar una operación de ese tamaño. A partir de allí se abrió una pesquisa por presunto lavado de activos que, inicialmente, quedó a cargo de Aguinsky, juez en lo Penal Económico con sede en la Ciudad de Buenos Aires.

Pantano y su madre llevaron la discusión a los tribunales al plantear que, por estar la propiedad en Pilar, debía intervenir la justicia federal con jurisdicción sobre esa zona, es decir, el juzgado de Campana. González Charvay hizo lugar a ese argumento territorial y reclamó el expediente. Aguinsky, sin embargo, se negó a desprenderse del caso.

El juez en lo Penal Económico sostuvo que en una causa por lavado de dinero no se limita la investigación al inmueble, sino que el foco debe estar en el origen de los fondos. En ese sentido, remarcó que su hipótesis principal, basada en pruebas ya reunidas, es que el dinero involucrado podría provenir de la AFA, cuya sede se encuentra en la Capital Federal, donde también se asienta su juzgado. Para Aguinsky, esa circunstancia reforzaba su competencia.

El conflicto entre ambos magistrados fue resuelto por la Cámara Federal de San Martín, a través del juez Alberto Lugones, quien determinó que debía seguir interviniendo el juzgado de Campana. Esa decisión generó cuestionamientos en el ámbito judicial, en parte por los vínculos políticos atribuidos a algunos de los jueces con el intendente de Pilar, Federico Achával, dirigente cercano a la AFA, que impulsa el traslado de la sede de la entidad a ese municipio.

El eje del reclamo del fiscal Cearras

En su apelación, Cearras cuestionó que se haya tomado como criterio decisivo la ubicación de la mansión. Argumentó que, en delitos de lavado de dinero, la competencia no se define solo por el lugar donde está radicado un bien, sino por un conjunto de elementos más amplios vinculados al circuito del dinero investigado.

El punto central de su dictamen, sin embargo, apunta al plano procesal: el fiscal general sostuvo que la Cámara Federal de San Martín no era el tribunal llamado a resolver el conflicto de competencia. Citó el Código Procesal Penal de la Nación para afirmar que la controversia debía ser dirimida por la Cámara en lo Penal Económico, tribunal superior natural de Aguinsky, por ser el juez que tenía originalmente el expediente.

Cearras también recordó que, durante la feria judicial de enero, el fiscal subrogante que lo reemplazó había pedido acceso íntegro al expediente para poder opinar sobre la competencia, y que ese pedido no fue atendido. Además, resaltó que los fiscales de primera instancia de Penal Económico y de Campana, Claudio Navas Rial y Sebastián Bringas, coincidieron en que la causa debía continuar en manos de Aguinsky.

Si la Cámara Federal de San Martín rechaza la apelación, el fiscal general todavía podría intentar llegar a la Casación mediante una presentación directa.

Las sospechas sobre fondos de la AFA

La causa investiga si la mansión de Pilar fue adquirida con dinero de origen ilícito, presuntamente vinculado a la AFA. Cuando tuvo el caso, Aguinsky reunió elementos que, a su criterio, apuntaban en esa dirección. Entre ellos, detectó que Pantano disponía de una tarjeta corporativa de la AFA desde la cual se abonaban los peajes Telepase de 54 vehículos de alta gama y de colección que fueron secuestrados en la propiedad.

Esa tarjeta registraba gastos mensuales del orden de los 50 millones de pesos. Además, muchos de los autos contaban con cédulas azules a nombre de familiares de Pablo Toviggino, lo que autorizaba a esos allegados a conducirlos. Sobre ese entramado se montan las sospechas de que los bienes podrían estar relacionados con fondos de la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia.

La línea de investigación bajo González Charvay

Tras el pase del expediente decidido por la Cámara de San Martín, González Charvay ordenó una batería de nuevas medidas. Dispuso unas 30 órdenes de presentación para requerir información en distintos organismos públicos y empresas privadas, y ordenó tres pericias sobre documentación y datos ya incorporados al caso.

Entre esas diligencias se incluyó un pedido al aeropuerto de San Fernando para relevar información sobre pasajeros que realizaron vuelos en helicóptero hacia la mansión de Pilar, con el objetivo de identificar posibles vínculos y movimientos relevantes para la investigación.

Mientras se define cuál juez seguirá a cargo, el expediente se mantiene en una zona gris procesal, en la que se cruzan intereses políticos, el poder del fútbol y el alcance de la justicia federal sobre un presunto circuito de lavado que podría involucrar recursos de la AFA.