El Gobierno nacional emitió este jueves por la tarde un duro pronunciamiento contra el proyecto de explotación petrolera en las Islas Malvinas anunciado por las empresas Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum Development and Production Limited, que prevé iniciar la extracción de crudo a más tardar en 2028.

A través de un comunicado oficial, la Cancillería que encabeza Pablo Quirno manifestó su “más enérgico rechazo” a la llamada “Decisión Final de Inversión” (FID, por sus siglas en inglés) adoptada por ambas compañías para desarrollar el yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, en la plataforma marítima frente al archipiélago. El Gobierno subrayó que las firmas actúan como “licenciatarias ilegítimas” y que no cuentan con los permisos de la autoridad argentina competente.

Rockhopper, de origen británico, y Navitas, de capitales israelíes, formalizaron en los últimos días la decisión de avanzar con la inversión necesaria para poner en marcha el proyecto petrolero, una iniciativa largamente acariciada por los isleños y por el Reino Unido como vía para compensar la caída de la producción en el Mar del Norte. Según la información difundida, se requerirán unos 1.800 millones de dólares para cubrir los costos de la primera etapa de extracción y otros 2.100 millones para completar el desarrollo de Sea Lion, descubierto hace 15 años.

El Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que cualquier actividad unilateral de exploración o explotación de recursos naturales, sean renovables o no renovables, en áreas sujetas a la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido contraviene resoluciones centrales del sistema de Naciones Unidas. En particular, citó la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General y normas concordantes del propio organismo y de su Comité Especial de Descolonización.

Esos instrumentos internacionales, remarcó el comunicado, reconocen la existencia de una controversia de soberanía sobre las Islas Malvinas y exhortan a ambos países a retomar las negociaciones para encontrar, en el menor plazo posible, una solución pacífica y definitiva al conflicto. En ese marco, Buenos Aires considera que la decisión de avanzar con la explotación de hidrocarburos en la zona en disputa constituye un acto unilateral contrario a ese llamado al diálogo.

La reacción del Gobierno nacional se sumó así al reclamo que ya había formulado el secretario de Malvinas de la provincia de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, quien había instado a la Cancillería a pronunciarse de manera explícita contra las operaciones impulsadas por Rockhopper y Navitas. Desde el punto de vista del ordenamiento jurídico argentino, estas actividades son consideradas ilegales en tanto se realizan sin autorización del Estado nacional.

En la Cancillería, Quirno mantuvo este jueves una reunión con el equipo de la Secretaría de Malvinas del propio ministerio, que conduce Paola di Chiaro, para analizar los pasos a seguir. Meses atrás, el Palacio San Martín ya había elevado una protesta específica contra Navitas, pese a que se trata de una compañía de un país considerado socio político del Gobierno como Israel, lo que sumó un matiz adicional a la decisión de escalar el reclamo frente al nuevo anuncio.

El texto difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores no se limitó a cuestionar la iniciativa privada, sino que también dirigió un mensaje al Reino Unido. En ese sentido, exhortó a Londres a abstenerse de otorgar nuevas concesiones de explotación en la plataforma continental argentina, de contratar proveedores de servicios vinculados a esas tareas y de adoptar cualquier otra medida asociada a la exploración y explotación de hidrocarburos en las áreas próximas a las Malvinas que la Argentina considera bajo su jurisdicción.

El Gobierno calificó de “grave” la decisión de Rockhopper y Navitas, que fue comunicada a través de anuncios en la Bolsa de Londres, y advirtió que se trata de un “nuevo acto unilateral de efectos futuros potencialmente irreversibles”, dado que involucra recursos naturales no renovables. Por esa razón, adelantó que la Argentina “profundizará su plan de acción” para adoptar “todas las medidas adicionales” que considere necesarias para resguardar sus derechos soberanos, siempre “en plena conformidad con el derecho internacional”.

Si bien el comunicado no detalló qué herramientas evalúa el Ejecutivo, la referencia a un refuerzo del plan de acción abre la puerta a la aplicación de mecanismos previstos en la legislación argentina, entre ellos eventuales sanciones a las empresas involucradas, que hasta ahora han sido poco utilizadas.

Con este pronunciamiento, el Gobierno busca dejar sentado que no convalidará el avance de proyectos hidrocarburíferos en la zona en disputa sin su participación, al tiempo que intenta mantener la cuestión Malvinas en la agenda internacional bajo el paraguas de las resoluciones de Naciones Unidas que llaman a una negociación bilateral con el Reino Unido.