El Gobierno volvió a poner en el centro del debate su denominada Ley Hojarasca, un proyecto que busca derogar más de 70 normas consideradas “obsoletas” y que vuelve a la Cámara de Diputados tras haber perdido estado parlamentario en 2024. La iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue girada a las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales.

La propuesta abarca desde leyes de carácter simbólico, como la conocida “ley del lobizón” o el “carnet de mochilero”, hasta disposiciones que afectan privilegios de la dirigencia política y reglas de juego para la industria automotriz y el sector público de medicamentos.

Un barrido normativo desde 1864

Según los fundamentos del proyecto, el Gobierno revisó la legislación vigente desde 1864 hasta hoy con el objetivo de eliminar normas que ya no se ajustan al contexto actual. El texto sostiene que se apunta a suprimir regulaciones “obsoletas, inútiles, superadas por otras posteriores” o vinculadas a “trámites inútiles” que encarecen costos para los ciudadanos sin aportar beneficios reales.

En la Casa Rosada admiten que el paquete no se percibe como urgente, pero insisten en que ordenar el andamiaje legal es clave para simplificar el funcionamiento del Estado y reducir cargas burocráticas.

Privilegios y financiamiento político bajo la lupa

Detrás de la etiqueta de “hojarasca” aparecen artículos que incomodan a buena parte de la dirigencia. Uno de los blancos del proyecto es el Círculo de Legisladores, entidad que agrupa a exdiputados y exsenadores y que actualmente se financia, entre otras fuentes, con aportes del Tesoro Nacional.

El texto propone cortar la asistencia estatal a esa organización y que quienes deseen sostenerla lo hagan con recursos propios. El Círculo también recibe fondos de sus socios activos y de convenios con fundaciones, pero puertas adentro admiten que sin el aporte del Ejecutivo su continuidad quedaría en jaque.

La iniciativa también apunta a un símbolo de los beneficios de la clase política: la derogación de la ley 20.959, sancionada en 1975, que otorga a senadores, diputados, secretarios y prosecretarios de ambas cámaras una credencial personal para la libre circulación y el libre estacionamiento.

En los fundamentos, el Gobierno califica esa norma como un privilegio incompatible con una sociedad democrática y contrario al principio de igualdad ante la ley. El proyecto busca eliminar tanto el régimen de obleas especiales como la base legal que los habilita.

Otro organismo alcanzado por el recorte es la Federación Argentina de Municipios (FAM), que reúne a intendentes de todo el país y hoy está presidida por el jefe comunal de La Matanza, el peronista Fernando Espinoza. La Ley Hojarasca plantea dejar de financiarla con recursos nacionales.

Medicamentos: cuestionamiento a una ley de interés nacional

El proyecto también propone derogar la ley 26.688, aprobada en 2011, que declara de interés nacional la investigación y la producción pública de medicamentos, materias primas, vacunas y productos médicos, y define estos bienes como “sociales”.

Para el Gobierno, la norma carece de eficacia: subraya que su reglamentación demoró tres años y que no fija obligaciones específicas ni acciones concretas. Desde sectores opositores, en cambio, se la defiende como un marco general que sirve de respaldo jurídico y político para canalizar financiamiento y coordinar políticas en el área de salud pública.

Autos importados para el Estado

Otro punto sensible es la derogación de la ley 16.789, vigente desde 1965, que obliga a los poderes y organismos del Estado nacional a comprar vehículos producidos por la industria automotriz local para su flota oficial. Esa regla fue concebida como herramienta de promoción del mercado interno.

La administración de Javier Milei sostiene que esa obligación perjudica la eficiencia en el uso de los recursos públicos al limitar la posibilidad de elegir opciones más convenientes, incluso importadas. Con la eliminación de la norma, el Estado podría adquirir automóviles del exterior para sus servicios, priorizando —según el oficialismo— el menor costo para el contribuyente.

De la “ley del lobizón” al carnet de mochilero

Entre las disposiciones que el Gobierno considera anacrónicas figura la popularmente llamada “ley del lobizón”, que establece que el Presidente de la Nación debe apadrinar al séptimo hijo varón de una familia y garantizarle educación gratuita en todos los niveles. El Ejecutivo argumenta que esa obligación perdió sentido en un país donde la educación pública ya es gratuita por definición y donde existen otros mecanismos de asistencia, como la Asignación Universal por Hijo.

También se propone derogar la norma que creó el carnet de mochilero, sancionada en 1974 durante el gobierno de Isabel Perón. Aquella ley obligaba a quienes viajaban “a dedo” por las rutas a portar una credencial especial a cambio de beneficios como preferencia de acampe, en un contexto en el que se buscaba controlar a los llamados grupos subversivos.

La poda normativa alcanza incluso regulaciones tan específicas como la que obliga a la Federación Colombófila Argentina a certificar el año de nacimiento y la matrícula de las palomas mensajeras de carrera, para incorporarlas al Registro Nacional de Desarrollo y Potencial Colombófilo.

Con este amplio paquete, el oficialismo intentará ahora conseguir los votos para convertir en ley una iniciativa que mezcla recorte de privilegios políticos, redefinición del rol estatal en sectores clave y la eliminación de normas que, en muchos casos, sobreviven más como curiosidad histórica que como herramienta vigente de política pública.