A quince meses de la sanción de la Ley de Transparencia Fiscal, que obliga a comercios de todo el país a mostrar explícitamente el peso de los impuestos en el precio final de productos y servicios, la adhesión provincial es mínima y el malestar entre empresarios crece. De las 24 jurisdicciones argentinas, apenas Mendoza y Chubut han dado el paso para cumplir con la normativa, mientras Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba analizan sumarse. El resto, 19 provincias, continúa al margen, generando preocupación en el sector privado.

Matías Olivero Vila, presidente de la Fundación Lógica, destacó durante el 61º Coloquio Anual del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), celebrado en Mar del Plata, que la negativa de la gran mayoría de los gobernadores a adherir a la ley representa una barrera para la transparencia fiscal. “Es inaceptable esta situación a 15 meses de la implementación del régimen”, afirmó, y remarcó la necesidad de exigir desde la sociedad y el empresariado reglas claras y justas: “No hay nada más políticamente correcto que pedir transparencia, y nada más incorrecto que rechazarla”.

La falta de adhesión a la ley se suma a la histórica presión tributaria que denuncian los empresarios argentinos. Según Olivero Vila, se trata de «jugar sucio» desde los gobiernos provinciales que no se suman al régimen, dejando a los consumidores sin información clara y a las empresas en desventaja.

El impacto de los impuestos en el precio final de los productos es uno de los principales ejes de reclamo. Nicolás Brown, director general de Supermercado La Anónima, participó de una de las mesas de debate y señaló que la evasión fiscal es especialmente elevada en el sector comercial. Mientras que el promedio nacional de evasión ronda el 35%, en el comercio minorista la cifra asciende al 55%, y la informalidad laboral llega al 65%. Brown remarcó que esta situación genera una competencia desleal: “Un comerciante que está 100% en la informalidad puede vender un 30% más barato que uno formal”.

En este contexto, Brown sostuvo que la lucha contra la evasión resulta más urgente que la reforma tributaria en sí, ya que los avances en fiscalización han sido escasos. “El Estado debería garantizar que todos jueguen con las mismas reglas. Hasta ahora, el superávit fiscal no se ha traducido en una reducción de impuestos. Es momento de que el Estado refuerce su rol de control”, enfatizó.

La carga impositiva también golpea a otros sectores. Andrés Cavallari, CEO de Raizen Argentina, empresa petrolera, explicó que en su rubro la eficiencia y la cadena de valor corta minimizan las oportunidades de evasión, por lo que los impuestos se trasladan directamente al consumidor. “De cada 100 pesos que se pagan en un surtidor, entre 44 y 45 son impuestos”, detalló. Cavallari advirtió sobre el peso adicional de las tasas municipales, que pueden llegar hasta ocho cargos diferentes según la ubicación de una refinería, todos acumulados en el precio final del combustible. “Las tasas deben aplicarse con criterio, razonabilidad y contraprestación”, reclamó.

En la industria manufacturera también se sienten los efectos. Claudio Rodríguez, titular de Sinteplast, indicó que los impuestos representan un 37% del valor final de sus productos. Tras un estudio comparativo con Paraguay, Uruguay y Bolivia, concluyó que Argentina es el país con mayor presión fiscal sobre el sector, con un índice de 153 puntos, frente a los 116 de Paraguay —el más bajo—, 123 de Bolivia y 132 de Uruguay.

Martín Ticinese, presidente de Cervecería Quilmes, sintetizó el malestar general del empresariado con una metáfora futbolera: “La falta de competitividad que nos generan los impuestos es muy alta. Hoy estamos jugando con un jugador menos”.

Mientras la Ley de Transparencia Fiscal sigue sin implementarse plenamente en la mayoría de las provincias, las voces empresariales piden un cambio de rumbo: mayor control, reducción de la evasión y una presión tributaria que no afecte la competitividad argentina.