Los principales bloques opositores en la Cámara de Diputados comenzaron a ajustar el conteo de votos con un objetivo concreto: rechazar en el recinto el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que reformó el sistema de Inteligencia. Aunque aseguran que están “cerca” de alcanzar la mayoría necesaria, deberán esperar a febrero para llevar la discusión al recinto, una vez cumplidos los plazos legales.
En el cálculo fino, en Unión por la Patria (UP) estiman que faltan apenas “6 o 7 votos” para lograr la anulación del DNU. Otras bancadas opositoras manejan un rango que ubica el piso de rechazo entre 121 y 124 diputados. Para voltear el decreto, si estuvieran presentes los 257 legisladores, se requieren 129 votos afirmativos para el rechazo.
La normativa vigente que regula los DNU no pudo ser modificada durante el año pasado, pese a varios intentos en el Congreso. Hoy, para dejar sin efecto un decreto presidencial de este tipo, es obligatorio que ambas cámaras lo rechacen por mayoría simple. Si una sola lo aprueba o no lo trata, el DNU sigue vigente.
Quiénes ya se alinearon contra el DNU
En los primeros sondeos, el núcleo duro del rechazo está integrado por los 93 diputados de Unión por la Patria, a los que se suman los 20 integrantes del interbloque Unidos —que agrupa a Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal— y los cuatro legisladores de la Izquierda.
A ese esquema se le agregan votos individuales que empiezan a jugar un rol clave, como el de la cordobesa Natalia de la Sota y el del puntano Jorge “Gato” Fernández. También aparece como factor a observar el comportamiento de los radicales que se desmarcan del oficialismo y de ex aliados libertarios, como Marcela Pagano, que conformó un monobloque propio y hoy se mueve en la vereda opositora.
Desde Unidos difundieron un comunicado en el que cuestionan de plano el uso del DNU para intervenir en el sistema de Inteligencia. “No existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso”, advirtieron, al tiempo que detallaron los puntos que consideran más críticos del texto firmado por el Ejecutivo.
Entre las objeciones, señalan que el decreto amplía el carácter encubierto de las tareas de inteligencia, lo que, a su entender, incrementa la opacidad en un área que la ley vigente había sometido a fuertes límites y a control parlamentario. También alertan sobre la habilitación para aprehender personas, una atribución que, remarcan, corresponde a las fuerzas de seguridad y no a los servicios de inteligencia. En esa línea, remarcan que convertir a los organismos de inteligencia en una suerte de “policía secreta” vulnera consensos básicos de la etapa democrática.
Críticas del kirchnerismo y antecedentes
El kirchnerismo, por su parte, presentó un proyecto de declaración para expresar el rechazo político al DNU. En el texto sostienen que la norma implica una alteración profunda del sistema democrático, al otorgar a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) facultades coercitivas que consideran incompatibles con la Constitución y el principio de división de poderes. Además, remarcan que no se verificaba ni necesidad ni urgencia para impulsar la reforma por decreto, y menos aún en el único mes en que el Congreso se encuentra en receso.
El antecedente inmediato que sobrevuela la discusión es el del primer y único DNU que fue rechazado a un presidente en la historia argentina, en 2024, cuando la oposición le tumbó a Javier Milei el decreto que incrementaba en 100 mil millones de pesos los gastos reservados de la SIDE. En aquella oportunidad, incluso el PRO acompañó el rechazo.
En esta ocasión, sin embargo, la bancada amarilla se alineó inicialmente con el Gobierno. “Nuestra postura inicial es actuar con responsabilidad institucional: ser prudentes y aguardar el dictado de los protocolos de aplicación y normativa complementaria, antes de fijar una posición definitiva”, comunicaron. A la vez, recordaron que otros gobiernos también recurrieron a decretos para modificar la Ley de Inteligencia, lo que deja abierta la puerta a una eventual convalidación del texto oficial.
Plazos y estrategia parlamentaria
Mientras ajustan el poroteo, los bloques de Unión por la Patria y Unidos enviaron cartas a los presidentes de ambas cámaras, Martín Menem (Diputados) y Victoria Villarruel (Senado), para reclamar la “urgente regularización y conformación” de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo y de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.
No obstante, en la oposición admiten que no confían en una rápida respuesta institucional y ya diseñan otra vía: dejar que corran los plazos previstos y llevar el decreto directamente al recinto cuando la ley lo habilite.
El esquema temporal es preciso. El Poder Ejecutivo dispone de 10 días hábiles desde la firma para remitir el DNU al Congreso, plazo que se extiende hasta el 15 de enero. Una vez ingresado, la Bicameral de Trámite Legislativo tiene otros 10 días hábiles para emitir dictamen. Cumplido ese lapso, cualquiera de las cámaras queda habilitada para someter el decreto a votación, aun sin dictamen previo.
Con ese cronograma, la mira está puesta en febrero, cuando la oposición espera llegar al recinto con los números ajustados para intentar, por segunda vez en poco tiempo, derribar un DNU clave del Gobierno en materia de Inteligencia.
