La trama detrás de la mansión de Villa Rosa, en Pilar, continúa revelando capas de opacidad. La propiedad, valuada por peritos de la Corte Suprema en alrededor de US$ 17 millones, fue formalmente adquirida por la firma Real Central SRL por apenas US$ 1,8 millones. Detrás de esa sociedad, y de sus movimientos, aparece una cadena de empresas y nombres que conecta al mundo político, judicial y a monotributistas sin antecedentes empresariales de peso.

El punto de partida fue la venta del terreno vacío por parte del exfutbolista Carlos Tévez a la empresa Malte SRL. Más tarde, Malte transfirió la mansión a Real Central SRL por esos US$ 1,8 millones, cifra muy inferior a la tasación judicial. Esa diferencia, y la estructura societaria que rodea a la operación, están hoy bajo la lupa del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky.

Real Central SRL no nació con ese nombre. La sociedad fue originalmente constituida como Central Park Drinks SRL el 8 de febrero de 2021 por Luciano Nicolás Pantano y Diego Adrián Lucero. El 2 de mayo de 2022, Lucero cedió su participación a Ana Lucía Conte, madre de Pantano. Menos de un mes después, el 31 de mayo de 2022, la firma cambió su denominación a Real Central SRL. Dos años más tarde, el 30 de mayo de 2024, esa misma compañía compró la mansión de Villa Rosa a Malte SRL.

Documentación presentada ante la Inspección General de Justicia (IGJ), a la que tuvo acceso la investigación periodística, muestra que los socios formales de Real Central –primero Pantano y Lucero, luego Conte y Pantano– otorgaron un poder especial amplio a un grupo de personas: Reinaldo Omar Bogado, Francisco Alejandro Capurro, José Miguel Verón y las hermanas Leticia y Silvia Yaniello.

Ese poder les permite, entre otras facultades, aceptar o proponer modificaciones en las escrituras, firmar instrumentos complementarios o rectificatorios, gestionar la rúbrica de libros societarios y realizar toda clase de trámites necesarios para cumplir el mandato. En los hechos, tienen casi las mismas atribuciones que los socios, incluido el acceso a los registros contables donde constan los aportes de capital que habrían permitido concretar la compra de una propiedad valuada en US$ 17 millones.

Entre los apoderados aparece Francisco Alejandro Capurro, cuyo nombre ya figuraba en el ámbito estatal. En 2014, el entonces director general de Recursos Humanos del Senado, Daniel Plomer, pidió su designación en la Dirección General de Secretaría Privada, Despacho, Ceremonial y Protocolo, con categoría A-2. El nombramiento se formalizó mediante el decreto DP-1783/14, firmado por el entonces presidente provisional del Senado, el exgobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora, quien había asumido ese cargo el 28 de febrero de ese año. Hoy, Capurro figura como trabajador autónomo y vinculado a una empresa llamada Blue Dream SA.

Otro de los apoderados, José Miguel Verón, es un monotributista de 40 años inscripto en el rubro de “actividades profesionales, científicas y técnicas”, sin participación societaria registrada ni relación de dependencia. Su antecedente más relevante es su vínculo con el operador judicial kirchnerista Guillermo René Scarcella, para quien trabajó en 2015.

Scarcella fue colaborador del exgobernador bonaerense Daniel Scioli y presidió Aguas Bonaerenses SA (ABSA), período en el que su patrimonio creció un 2.300%, situación que llegó a ser investigada por la Justicia. Además, tejió una red de relaciones en el fuero federal: es amigo del destituido camarista Eduardo Freiler y del exjuez Rodolfo Canicoba Corral, con quien compartió torneos de truco en el llamado “Rody Cup”, organizado por el hermano del juez Ariel Lijo. También dictó junto a Canicoba Corral una cátedra de Derecho Penal en la Universidad Abierta Interamericana. Su recorrido fue descripto como el de un exprofesor de tenis de magistrados que terminó convertido en operador en Comodoro Py.

Las hermanas Leticia y Silvia Yaniello completan el grupo de apoderados. Leticia está inscripta como monotributista en servicios administrativos y de apoyo, sin antecedentes en sociedades ni empleos formales registrados. Su esposo, Juan Carlos Herrera, figura en la Sociedad Rural como jefe de unidad de negocios equinos, según su perfil en LinkedIn. Silvia, también monotributista, está registrada en actividades profesionales, científicas y técnicas, sin participación societaria conocida.

El último de los apoderados, Reinaldo Omar Bogado, encabeza el Estudio Bogado, dedicado a tareas de derecho notarial y registral: contratos, escrituras, actas, declaraciones juradas de personas políticamente expuestas, presentación de documentación ante la IGJ y confección de dictámenes profesionales, entre otros servicios. Pese a esa descripción, figura como monotributista sin empleados, sin participación en sociedades y con antecedentes de haber percibido planes sociales.

En paralelo, el juez Aguinsky recibió de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) el perfil fiscal de Malte SRL, la empresa que vendió la mansión a Real Central. El informe indica que Malte pertenece en un 95% a Mauro Javier Paz y en un 5% a Orlando Martín López, ambos domiciliados en Santiago del Estero y dedicados a servicios de transporte. La firma cambió de manos en varias oportunidades: en junio de 2024 estaba en poder de Soma SRL y, en 2022, de Juan Pablo Beacon y Carlos Bruno Seguel. Además, María Florencia Sartirana figura como cotitular de una cuenta corriente vinculada a la sociedad.

El abogado de Pantano y Conte, Mariano Morán, argumentó que su cliente se acogió al blanqueo y que esos fondos fueron los utilizados para comprar la mansión a través de Real Central, por el monto declarado de US$ 1,8 millones. Morán también intentó frenar el avance de la causa durante la feria judicial de enero, sosteniendo que las medidas ordenadas por el juez no eran propias de ese período. La Cámara en lo Penal Económico rechazó ese planteo y dispuso que la investigación continúe.

Como en una matrioshka rusa, donde cada muñeca oculta otra en su interior, la estructura detrás de la mansión de Pilar exhibe capas sucesivas de sociedades, cambios de titulares y apoderados con vínculos políticos y judiciales, que ahora deberán ser desentrañadas en sede judicial.