La controversia en torno a la reimpresión de boletas únicas para las elecciones en la provincia de Buenos Aires sumó este sábado un nuevo capítulo. Daniel Bejas, presidente de la Cámara Nacional Electoral (CNE), decidió devolver a la Junta Electoral Nacional del distrito bonaerense la apelación presentada por La Libertad Avanza (LLA), lo que implica un nuevo retraso en la resolución del conflicto que involucra a más de 14 millones de votantes.

El conflicto comenzó cuando la Junta Electoral bonaerense, encabezada por el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, el presidente de la Cámara Federal, Jorge Di Lorenzo, y la presidenta de la Corte provincial, Hilda Kogan, rechazó el pedido de LLA para reimprimir las boletas. Argumentaron que, además de un costo superior a los 12.100 millones de pesos, la solicitud era «jurídicamente improcedente», ya que iría en contra de los plazos y competencias fijados por el Código Electoral Nacional y las normativas vigentes.

Frente a esta negativa, los apoderados de LLA —Alejandro Carranzio, Juan Osana y Luciano Gómez Alvariño— apelaron la decisión. Sostuvieron que, según lo expuesto en una audiencia celebrada días atrás, la reimpresión es «técnicamente posible y presupuestariamente viable», siempre que exista una resolución judicial rápida. Respaldaron su postura en las garantías ofrecidas por el Ministerio del Interior, y recalcaron que las condiciones logísticas están dadas para llevar a cabo la reimpresión a tan solo 15 días de las elecciones.

Aunque la Junta había convocado a todas las fuerzas políticas a una audiencia antes de rechazar el pedido, el camarista Bejas consideró que, al conceder la apelación de LLA, debía haberse vuelto a consultar a los quince partidos participantes. «Corresponde sustanciar el recurso de apelación concedido, en resguardo del principio de bilateralidad y para asegurar el derecho de defensa», fundamentó Bejas en su resolución.

Por este motivo, la CNE devolvió el expediente a la Junta para que dé traslado del pedido a los apoderados de todas las fuerzas políticas que compiten con boleta única en la provincia. Esta omisión procesal implica que la decisión final sobre la reimpresión de las boletas se postergue aún más, ya que hasta que no se complete esta instancia no podrá intervenir el fiscal ante la Cámara, Ramiro González. Solo después de contar con la opinión del fiscal, la Cámara podrá emitir un fallo definitivo.

Desde el oficialismo, el gobierno nacional volvió a manifestar que existen las condiciones para autorizar la reimpresión, argumentando que garantizaría la «expresión genuina de la voluntad popular» como un derecho político fundamental.

Por su parte, la Junta Electoral reiteró que el Código Electoral establece etapas y plazos estrictos para la presentación, aprobación, impresión, control y distribución de las boletas, y cualquier alteración de ese cronograma a tan pocos días de los comicios significaría «un riesgo institucional». No obstante, los representantes de LLA insisten en que la Justicia debe asegurar que el proceso de votación se lleve a cabo en las mejores condiciones de información, imparcialidad y libertad, defendiendo la posibilidad de reimpresión como una vía para proteger el derecho al voto.

Mientras se prolonga la definición, el proceso electoral bonaerense queda envuelto en la incertidumbre sobre si finalmente se habilitará o no la reimpresión de las boletas. La resolución dependerá ahora del cumplimiento de los pasos procesales exigidos por la Cámara Nacional Electoral y de la posición de las distintas fuerzas políticas que integran la competencia en la provincia más poblada del país.