Mientras la Cámara de Diputados avanzaba con la reforma de la Ley de Glaciares, la Plaza del Congreso se convirtió en el epicentro de una multitudinaria manifestación de organizaciones políticas, sociales y ambientalistas que rechazaron los cambios impulsados para reducir el alcance de la protección de los glaciares y del ambiente periglacial.

Con el resultado parlamentario prácticamente asumido desde el inicio de la sesión, la movilización tuvo un objetivo central: mantener el tema en la agenda pública y trasladar las expectativas a los tribunales, con la esperanza de que la Justicia frene la aplicación de la norma que ya contaba con media sanción del Senado.

Desde el mediodía, el Congreso estuvo rodeado por un fuerte operativo de seguridad. Efectivos de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad montaron un amplio vallado que bloqueó el acceso a las avenidas Entre Ríos, Rivadavia y a varias calles cercanas. En el arranque de la protesta se registraron momentos de fricción: empujones y golpes entre agentes y manifestantes que intentaban avanzar desde la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio hacia el Palacio Legislativo.

En la plaza confluyeron militantes peronistas de La Cámpora, Kolina y Patria Grande, referentes de partidos de izquierda como el Partido Obrero, el PTS y el Nuevo MAS, y organizaciones sociales como el Movimiento Evita. También se sumaron columnas identificadas con banderas y pecheras sindicales, mezcladas con jubilados que cada miércoles realizan sus reclamos en la zona.

La convocatoria ambientalista se articuló bajo una consigna clara: “La Ley de Glaciares no se toca”. El plan de la jornada incluía una marcha con antorchas, la lectura de un documento unificado y un festival artístico que se extendería hasta la noche, mientras en el recinto la sesión había comenzado poco después de las 15 sin dificultades para que el oficialismo reuniera el quórum necesario.

De espaldas al Congreso, las organizaciones montaron un escenario con una frase que se repetía en pancartas y banderas: “Sin agua no hay alimento”. Entre los carteles se destacaban otros mensajes: “Sostengamos los glaciares, ellos sostienen la vida” y “Agua para el pueblo, no para las mineras”, en alusión al impacto de la actividad extractiva en áreas de alta montaña.

Con el correr de la tarde, varios dirigentes opositores salieron del edificio legislativo para sumarse a la concentración. La diputada de Unión por la Patria Adriana Serquis, ex presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, tomó el micrófono para dirigirse a los presentes. “Hacemos todo lo que está a nuestro alcance. No hay que permitir que el debate se diluya. Hay que seguir explicando que la reforma implica un retroceso y que deja en manos de cada provincia la definición de criterios separados, algo que no responde a parámetros científicos, en vez de coordinar capacidades para proteger el agua”, sostuvo. Como otros críticos de la reforma, remarcó su expectativa en que el Poder Judicial intervenga para impedir que la nueva normativa entre en vigencia.

El diputado peronista Eduardo Valdés también dejó su mensaje desde la plaza. Con una frase que se replicó rápidamente entre los asistentes, afirmó: “Entre el oro y el agua, elijo la vida”, en alusión al conflicto entre los intereses mineros y la preservación de las fuentes de agua dulce.

Entre quienes se acercaron a respaldar la protesta se contaron las diputadas de Unión por la Patria Lorena Pokoik, Paula Penacca, Lucía Cámpora, Natalia Zaracho y Fernanda Miño, además del socialista Esteban Paulón y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica. También dijo presente el senador Wado de Pedro, que recorrió la plaza y conversó con manifestantes y referentes de las organizaciones convocantes.

La intendenta de Quilmes en uso de licencia y actual legisladora bonaerense, Mayra Mendoza, participó en la columna de La Cámpora. “Estoy acá como diputada militante, pero sobre todo como una ciudadana más que reclama que la política escuche lo que pasa en la calle”, señaló. En un tono muy crítico hacia las autoridades nacionales y provinciales, planteó que “la hipocresía de quienes tienen responsabilidades de gobierno es absoluta”.

Mendoza apuntó especialmente contra los mandatarios provinciales al señalar que, a su entender, “los gobernadores ya han entregado nuestros glaciares, es decir, nuestra agua, y con eso están condicionando el futuro de las nuevas generaciones de la Argentina”. Sus palabras sintetizaron el clima de preocupación que atravesó toda la jornada, marcado por el temor a que el nuevo marco legal habilite un avance mayor de proyectos extractivos sobre áreas sensibles desde el punto de vista ambiental.

Mientras en el interior del Congreso el oficialismo avanzaba con los votos necesarios para aprobar la reforma, en la plaza el mensaje fue unívoco: sostener la presión social, mantener vivo el debate sobre el agua y el ambiente, y preparar el próximo capítulo de la disputa en los tribunales, donde organizaciones y dirigentes ya anticipan una batalla judicial para intentar frenar la aplicación de la nueva ley.