La Cámara Federal de Comodoro Py resolvió este martes que los funcionarios del Gobierno Nacional encabezado por Javier Milei no podrán ser llevados por la fuerza pública a declarar ante la Comisión Investigadora del caso $Libra en la Cámara de Diputados. Esta decisión representa un fuerte revés para el cuerpo legislativo que, liderado por el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), buscaba avanzar en la investigación parlamentaria sobre la polémica criptomoneda que generó sospechas de una posible estafa de gran magnitud.
La Comisión Investigadora fue creada en el Congreso con el objetivo de esclarecer la creación de la criptomoneda $Libra, anunciada públicamente por el propio presidente Milei. El episodio ganó notoriedad cuando, tras un mensaje en redes sociales del mandatario, el valor de $Libra se disparó de 0,01 a 5 dólares en pocas horas, para luego desplomarse. En ese lapso, algunos actores aprovecharon para retirar grandes sumas de dinero, mientras que otros sufrieron pérdidas considerables. Este accionar desató una causa penal, aún en curso, para dilucidar si existió delito en el proceso.
En su afán por reunir información, la Comisión citó a varios funcionarios claves: Alejandro Melik (titular de la Oficina Anticorrupción), Paul Starc (Unidad de Información Financiera), Roberto Silva (Comisión Nacional de Valores) y María Florencia Zicavo (responsable de una unidad investigativa creada para este caso en el Ejecutivo). Sin embargo, ninguno de ellos se presentó a las convocatorias. Incluso, Karina Milei, secretaria General de la Nación y hermana del presidente, fue citada con la opción de responder por escrito o recibir a los diputados en la Casa Rosada, pero nunca contestó a los requerimientos.
Ante la reiterada ausencia de los funcionarios y el vencimiento próximo del plazo para presentar el informe final de la Comisión —el 10 de noviembre—, los diputados recurrieron al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien lleva adelante la causa penal, solicitando que ordenara la comparecencia forzosa de los citados. Tanto el magistrado como el fiscal federal Eduardo Taiano rechazaron el pedido, argumentando que excedía sus competencias, lo que llevó a la Comisión a apelar ante la Cámara Federal.
El tribunal integrado por Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi ratificó el fallo, subrayando la diferencia fundamental entre una investigación de carácter político, como la de una comisión legislativa, y un proceso penal. Los magistrados remarcaron que la función de la primera es recabar información para informar sobre asuntos de interés público, mientras que la segunda se centra en determinar si se ha cometido un delito. En consecuencia, consideraron que un juez penal no puede ordenar medidas coercitivas en el ámbito de una investigación legislativa, ya que su actuación está limitada a causas penales debidamente denunciadas y bajo su jurisdicción.
La causa penal sigue su curso, con la mira puesta no solo en el presidente Milei y su hermana Karina, sino también en otros protagonistas del lanzamiento de $Libra: Julian Peh y Hayden Mark Davis, quienes participaron en la creación de la criptomoneda; Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, organizadores de Tech Forum; y Sergio Morales, ex asesor de la Comisión Nacional de Valores. El foco está en determinar quiénes se beneficiaron con el abrupto salto y posterior caída del valor de $Libra, que generó transacciones por unos 100 millones de dólares.
Con esta resolución judicial, la Cámara de Diputados ve limitado su margen de acción para obtener testimonios directos de los funcionarios nacionales en el marco de su investigación, mientras la causa penal avanza por carriles separados en el ámbito judicial.
