La Corte Suprema de Estados Unidos ha abierto la puerta a una posible reversión de los aranceles impuestos durante la administración de Donald Trump, al mostrar un marcado escepticismo sobre la legalidad de estas medidas. Durante las recientes audiencias, tanto jueces conservadores como liberales han cuestionado si el expresidente tenía la autoridad para imponer aranceles a través de la Ley de Poderes Económicos en Situaciones de Emergencia Internacional (IEEPA), sugiriendo que tales atribuciones corresponden al Congreso.

El presidente del tribunal, John Roberts, se sumó a las dudas, remarcando que la imposición de impuestos es una prerrogativa central del Congreso estadounidense. Por su parte, los magistrados Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Jackson también pusieron en tela de juicio la legitimidad de los aranceles impulsados desde el Ejecutivo.

De acuerdo a la plataforma de predicción Polymarket, las probabilidades de que la Corte revierta total o parcialmente estos aranceles ascienden al 75%. El fallo definitivo podría conocerse antes de fin de año, debido al calendario acelerado que dispuso el tribunal.

Un fallo con repercusiones millonarias

Según analistas de Portfolio Personal Inversores (PPI), un revés judicial para Trump implicaría que el gobierno debería devolver más de 100.000 millones de dólares en aranceles recaudados, eliminando además una de las principales herramientas utilizadas para presionar a socios comerciales. Chris Weston, responsable de investigación en Pepperstone, consideró que las compañías con fuerte dependencia de las importaciones serían las grandes beneficiadas, ya que verían un incremento puntual en sus ganancias. Sin embargo, advirtió que el proceso de reclamación sería lento y plagado de obstáculos.

Weston también anticipó que una eventual baja en los ingresos fiscales podría impactar en las proyecciones del déficit estadounidense. Pese a ello, una caída en las expectativas inflacionarias podría mitigar una posible venta masiva de bonos del Tesoro por el aumento de los déficits previstos.

Michael Townsend, directivo de Schwab, relativizó el alcance de la decisión judicial. Explicó que aunque se anularan los aranceles bajo el paraguas de la IEEPA, Trump y futuras administraciones aún conservarían otras herramientas para imponer gravámenes. Además, recalcó que los aranceles sectoriales sobre productos como acero, aluminio, cobre, automóviles, farmacéuticos y muebles seguirán vigentes, ya que fueron establecidos mediante otros procedimientos no impugnados en este caso.

Shutdown récord y desafíos para la Reserva Federal

En paralelo, Estados Unidos enfrenta el cierre gubernamental más prolongado de su historia, que ya suma 37 días sin que el Congreso alcance un acuerdo presupuestario. Las pérdidas económicas semanales oscilan entre 10.000 y 30.000 millones de dólares, según estimaciones de firmas como KPMG, Barclays, el Tesoro norteamericano, Oxford Economics y Moody’s Analytics.

Uno de los principales problemas derivados del shutdown es la falta de datos oficiales, en un momento clave para la Reserva Federal, que el 10 de diciembre deberá definir el rumbo de la política monetaria. Analistas de PPI alertaron que la ausencia de información pública obliga a los mercados a buscar referencias en informes privados. Rocío Bisang, economista de Eco Go, consideró que la parálisis del gobierno no incidirá directamente en una eventual baja de tasas, pero sí forzará a la Fed a actuar con extrema cautela, dada la falta de datos y el delicado equilibrio entre inflación y actividad.

Mercado laboral: señales mixtas

En este contexto, el informe de la consultora ADP reveló la creación de 42.000 empleos privados en octubre, superando las expectativas y sugiriendo cierta estabilización del mercado laboral, aunque sin repuntes destacados. Felipe Barragán, estratega de Pepperstone, precisó que el crecimiento se concentró en grandes empresas, mientras las pequeñas y medianas llevan tres meses consecutivos de recortes de plantilla. El sector servicios lideró la generación de empleo, mientras que la manufactura sigue rezagada, en línea con el índice PMI manufacturero, que permanece en zona de contracción por octavo mes seguido.

Por otro lado, el reporte de la consultora Challenger registró en octubre la mayor cantidad de despidos desde 2003, con más de 153.000 ceses y un acumulado anual de 1,1 millones, un 65% más que el año anterior. Para Barragán, esto refleja que las empresas, tras una etapa de retención de personal, están ajustando sus nóminas ante presiones de costos, automatización y disputas comerciales.

Estados Unidos atraviesa así un momento de definiciones clave, con la economía pendiendo de decisiones judiciales, políticas y monetarias que podrían tener efectos inmediatos y duraderos en su estructura productiva y fiscal.