La pulseada por el pedido de endeudamiento por más de U$S 3.500 millones que impulsa Axel Kicillof en la Legislatura bonaerense entró en su tramo decisivo, con una trama que desborda los límites del recinto y exhibe presiones cruzadas de intendentes, libertarios, sectores del peronismo y del PRO.

El gobernador necesita el aval de dos tercios de ambas cámaras para avanzar con la colocación de deuda que, según plantea, es condición indispensable para sostener el funcionamiento de la provincia y ejecutar el Presupuesto recientemente aprobado, que prevé un gasto anual de 41,5 billones de pesos sin suba de impuestos. Sin esos recursos, en el Ejecutivo advierten que tanto la administración provincial como numerosas comunas quedarían al borde del ahogo financiero e incluso deslizan que podría peligrar el pago de aguinaldos a empleados estatales.

En la previa de la sesión en Diputados, los intendentes radicales salieron a jugar fuerte. Aunque no votan, tienen influencia directa sobre buena parte de las bancas. El Foro de Intendentes Radicales difundió un comunicado reclamando acompañamiento al esquema de endeudamiento y reclamó previsibilidad para sostener la gobernabilidad local y programar obras.

El corazón de la negociación pasa por la creación de un fondo específico a distribuir entre los 135 municipios. Kicillof se comprometió a conformar un paquete de hasta 350.000 millones de pesos, siempre y cuando se concrete la colocación total de la deuda. Además, se analiza una garantía de hasta 250.000 millones a pagar en cinco cuotas hasta el primer semestre de 2027.

Los jefes comunales radicales, cerca de medio centenar, reclaman que esos fondos sean de libre disponibilidad y que su reparto se rija por criterios objetivos, como el Coeficiente Único de Distribución (CUD) que se utiliza para la coparticipación municipal. La intención es que cada distrito pueda fijar sus prioridades sin condicionamientos políticos. En este punto, no se advierten diferencias profundas con otros espacios partidarios.

Sin embargo, un sector legislativo vinculado a La Cámpora impulsa la conformación de una comisión bicameral que tenga injerencia en la definición del destino de esos recursos, algo que la Gobernación rechaza por considerar que limitaría la autonomía en el uso de los fondos y sumaría controles políticos adicionales.

Mientras tanto, otros actores que no se sientan en las bancas también intervienen en la disputa. El armador de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, marcó la cancha al PRO. El dirigente, que llegó a la Legislatura para respaldar al nuevo bloque libertario que juró en Diputados, advirtió que sería «un baldazo de agua fría» que los legisladores del PRO apoyen la iniciativa de Kicillof.

Pareja, electo diputado nacional por la alianza LLA-PRO, dijo confiar en que el macrismo no acompañará lo que definió como «una locura» de endeudamiento. A su juicio, una provincia con la riqueza de Buenos Aires, bien administrada, no debería recurrir a un nivel de deuda como el que propone el Ejecutivo.

En el entorno del gobernador interpretan estas declaraciones como parte de una competencia por ver quién se muestra más opositor. Un negociador de la Gobernación admitió el impacto del mensaje libertario en el tablero legislativo, donde el PRO aparece como una pieza clave para alcanzar los dos tercios.

Kicillof, por su parte, aceleró los gestos políticos. Luego de conseguir hace diez días la aprobación del Presupuesto y la ley impositiva, convocó el lunes a intendentes, legisladores oficialistas y opositores, dirigentes sindicales estatales y a todo su gabinete a un acto en la Gobernación. Allí denunció lo que calificó como un «asedio ilegal» del gobierno nacional sobre las finanzas bonaerenses y acusó a la administración de Javier Milei de haberle «robado» 12,9 billones de pesos a la provincia mediante recortes.

En contraste con la mirada libertaria, el mandatario provincial definió el endeudamiento como una herramienta central para que la provincia «pueda seguir funcionando». Presentó el pedido como una suerte de plataforma de supervivencia para lo que resta de su mandato.

La negociación incluye, además del reparto de fondos a municipios, un menú de cargos y espacios de poder. Entre las cartas que se ponen sobre la mesa figuran asientos en el directorio del Banco Provincia para dirigentes de la oposición, así como la designación de nuevos consejeros de Educación y ocho vacantes en el Tribunal Fiscal de Apelación bonaerense, cuyos miembros cobran salarios similares a los de un juez de Cámara provincial, estimados entre 6 y 8 millones de pesos mensuales, y cuentan con estabilidad vitalicia, con posibilidad de remoción solo a través de un mecanismo similar al juicio político.

En este contexto, la Legislatura se convirtió en el escenario donde el oficialismo busca completar una trilogía: ya logró la sanción del Presupuesto y de la ley fiscal, pero aún no obtiene la autorización para endeudarse. Un legislador peronista sintetizó la importancia de esta última votación al admitir que, para el gobierno, no es solo un tema central, sino «lo único importante» que falta resolver.

Por ahora, el resultado es incierto. La Casa de Gobierno mantiene abiertos todos los canales de diálogo, con la misión de sumar voluntades a fuerza de concesiones políticas y promesas de recursos. La sesión en Diputados se presenta como un capítulo clave para definir si Kicillof consigue el oxígeno financiero que reclama o si deberá reconfigurar, sobre la marcha, la arquitectura de su gestión.