La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se encuentra en el centro de la escena política tras un fallo judicial que allanó el camino para que sea convocada, incluso con la posibilidad de utilizar la fuerza pública, a declarar ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por el escándalo de la criptomoneda $Libra. El caso también involucra al presidente Javier Milei, quien promocionó la memecoin en redes sociales.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi revirtió este jueves su decisión inicial y aceptó una apelación presentada por la comisión parlamentaria, presidida por Maximiliano Ferraro. La apelación reclamaba la intervención judicial para asegurar la comparecencia de varios funcionarios, incluida Karina Milei, ante el Congreso. En primera instancia, el magistrado había denegado la posibilidad de emplear la fuerza pública, pero el riesgo de una presentación ante la Corte Suprema lo llevó a ceder el caso a la Cámara de Apelaciones, que ahora debe definir el próximo paso.

La comisión investigadora, encabezada por Ferraro y el diputado Juan Marino, busca esclarecer el rol de diferentes funcionarios en torno a la promoción y manejo de la criptomoneda $Libra. Además de Karina Milei, están citados Alejandro Melik (Oficina Anticorrupción), Paul Starc (Unidad de Información Financiera), María Florencia Zicavo (Unidad de Investigación creada por el Ejecutivo) y Roberto Silva (Comisión Nacional de Valores).

En paralelo, la oposición aguarda que el próximo lunes la Justicia habilite el acceso al expediente judicial sobre el caso. El clima de presión se incrementa, ya que la comisión debe presentar su informe antes del 10 de noviembre. Por eso, solicitaron a la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones que adelante la citación prevista inicialmente para el 28 de octubre.

Uno de los puntos centrales del reclamo parlamentario es acceder a una copia completa y sin censura de las actuaciones de la disuelta Unidad de Tareas de Investigación y de la Oficina Anticorrupción, remitidas al juzgado. Los legisladores buscan determinar si el Gobierno llevó a cabo una investigación real o si encubrió posibles responsabilidades del presidente Milei. Según fuentes parlamentarias, existen sospechas de que el informe prometido por el Ejecutivo nunca se realizó.

En las últimas semanas, el acceso a la información judicial se complicó. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, envió al Congreso una respuesta confusa: primero, afirmó que el informe de la investigadora Zicavo —que eximía de responsabilidades a Milei— estaba en poder del fiscal Eduardo Taiano. Sin embargo, luego advirtió que Taiano había negado a la comisión parlamentaria el acceso a la causa, razón por la cual consideró «improcedente» el pedido de los legisladores. Cúneo Libarona fundamentó su negativa en la autonomía del Ministerio Público Fiscal y también se negó a concurrir al Congreso.

La estrategia del fiscal Taiano fue respaldada por el procurador Eduardo Casal, lo que dejó a la comisión investigadora sin acceso a los documentos clave. Ahora, la resolución de Martínez de Giorgi sobre la apertura del expediente es incierta y podría definir el avance o estancamiento de la investigación parlamentaria.

Además de documentos, la comisión reclama informes periciales de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia para rastrear la ruta del dinero y operaciones de 74 billeteras virtuales que habrían actuado con información privilegiada segundos antes del tuit de Javier Milei. También solicitaron los informes del Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la Inspección General de Justicia para analizar antecedentes y el patrimonio de los involucrados.

Finalmente, los diputados buscan reconstruir las visitas a la Casa Rosada y la Residencia de Olivos de personas clave en la trama, como Mauricio Novelli, Hayden Davis, Manuel Terrones Godoy, «Julián Peh», Sergio Morales y Ariel Parkinson. Para la comisión, este rastro es fundamental para establecer la cronología de encuentros y confrontar las declaraciones públicas de los funcionarios.

En los próximos días, la Cámara de Apelaciones y el juez Martínez de Giorgi definirán si la investigación parlamentaria logra acceder a la información requerida y si Karina Milei podrá ser citada, incluso por la fuerza pública, para dar explicaciones en el Congreso.