La causa por el denominado Pacto con Irán, originada en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner y ex funcionarios de su gobierno, continúa sin fecha de inicio para el juicio oral, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia ordenó a fines de 2024 que el debate avanzara.

El expediente, que investiga el presunto encubrimiento de los ciudadanos iraníes acusados como autores intelectuales del atentado a la AMIA, permanece en una etapa preliminar prolongada. Reclamos por falta de personal, medidas de prueba aún en curso y planteos de las defensas mantienen paralizado un proceso que lleva años en la antesala del juicio.

Un juicio clave, sin fecha de inicio

El debate oral está a cargo de los jueces Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Ríos. Según fuentes judiciales, ya fueron admitidos más de 300 testigos para las audiencias. Sin embargo, explican que todavía se están realizando medidas de prueba preliminares, impulsadas tras la reapertura del caso y destinadas en buena parte a responder pedidos de las defensas.

Mientras esas diligencias no concluyan, el juicio no puede comenzar. A esa demora se suma un reclamo de recursos humanos ante la Corte Suprema: el tribunal oral solicitó refuerzos de personal para poder afrontar un proceso de esta magnitud, pero la respuesta habría sido la asignación de menos contratos de los considerados necesarios para acelerar el trámite.

Del sobreseimiento al regreso a juicio

La causa fue elevada a juicio oral en 2018 y quedó radicada en el Tribunal Oral Federal N° 8 (TOF 8). Allí permaneció prácticamente sin avances hasta que, el 7 de octubre de 2021, ese tribunal dictó el sobreseimiento de Cristina Kirchner y del resto de los acusados, al sostener que habían aparecido elementos nuevos que habilitaban cerrar el expediente sin llegar a juicio.

La Cámara Federal de Casación Penal revocó esa decisión y ordenó reabrir el caso. En ese mismo movimiento, apartó a los jueces Daniel Obligado, José Michilini y Gabriela López Íñiguez, quienes habían firmado el sobreseimiento, y dispuso el sorteo de un nuevo tribunal. La Corte Suprema avaló luego la postura de Casación.

Al convalidar la reapertura, Casación subrayó que la denuncia original de Nisman se fundaba en una hipótesis delictiva. Es decir, no cuestionaba la facultad del Poder Ejecutivo para firmar un memorándum de entendimiento con otro país, sino la presunta finalidad de ese acuerdo: encubrir a los ciudadanos iraníes acusados de participar en el atentado contra la mutual judía.

Más que una política de gobierno

Uno de los ejes del debate jurídico fue el argumento de Cristina Kirchner, quien sostuvo que el entendimiento con Irán constituía una política de Estado que no debía ser sometida a revisión penal. Frente a esa postura, el camarista de Casación Diego Barroetaveña señaló que debían descartarse los planteos que presentaban las conductas investigadas como cuestiones políticas no justiciables y, por lo tanto, ajenas al derecho penal.

En los fundamentos de la reapertura, se dejó asentado que en todas las etapas de la instrucción la hipótesis del caso fue siempre de naturaleza delictiva. Eso, indicaron los jueces, basta para poner en marcha el mecanismo procesal, aunque será en el juicio oral donde esa hipótesis deberá confrontarse con la prueba producida.

La acusación y los imputados

El 7 de diciembre de 2017, el fallecido juez federal Claudio Bonadio ordenó el pedido de desafuero y prisión preventiva de la ex presidenta. La procesó por traición a la Patria, encubrimiento agravado y estorbo de un acto funcional. Según esa resolución, Cristina Kirchner y varios de sus funcionarios habrían diseñado un plan criminal para garantizar la impunidad de los iraníes señalados por la voladura de la AMIA.

De acuerdo con la hipótesis judicial, el memorándum de entendimiento con Irán tuvo como finalidad permitir que los ciudadanos iraníes acusados por el ataque terrorista se sustrajeran de la acción de la justicia. Para ello, se habría buscado dotar a Interpol de herramientas que redujeran el efecto de las notificaciones de código rojo que pesaban sobre esos sospechosos.

La acusación también sostiene que, mediante la creación de una Comisión de la Verdad prevista en el acuerdo, se intentó introducir una versión alternativa de los hechos que liberara a los imputados de responsabilidad penal por el atentado.

Entre los acusados figuran, además de Cristina Kirchner, Eduardo Zuain, Oscar Parrilli, Carlos Zannini, Angelina Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Jorge Khalil, Luis D’Elía, Fernando Esteche y Allan Bogado. También fue procesado el ex canciller Héctor Timerman, ya fallecido.

Un caso anclado en el atentado a la AMIA

El trasfondo del expediente es el atentado contra la AMIA, considerado el mayor ataque terrorista sufrido por la Argentina. Fue perpetrado por un comando de la Jihad Islámica de Hezbollah, con base en el Líbano, y dejó un saldo de decenas de muertos y centenares de heridos.

La causa por el Pacto con Irán se centra en determinar si el memorándum firmado por el gobierno argentino con Teherán tuvo como objetivo avanzar en el esclarecimiento del atentado o, por el contrario, funcionó como una herramienta para encubrir a los sospechosos iraníes. Esa definición, que lleva años postergada, sigue pendiente de un juicio oral cuya fecha aún no aparece en el horizonte.