La sexta audiencia del juicio conocido como Cuadernos de las coimas dejó más dudas que avances procesales. Lo que iba a ser una jornada dedicada a continuar con la lectura de las acusaciones terminó dominada por un cuarto intermedio que se prolongó cuatro horas y por el rechazo, sin mayores rodeos, del planteo de recusación contra los tres jueces del Tribunal Oral Federal N.º 7 (TOF 7) presentado por la defensa de Julio De Vido.

El debate, considerado el proceso más voluminoso en materia de corrupción en la Argentina, se desarrolla de manera virtual y tiene como principal acusada a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, señalada como jefa de una asociación ilícita junto a su fallecido esposo y también expresidente, Néstor Kirchner. Según la acusación, ambos habrían organizado un esquema de recaudación de fondos ilegales entre 2003 y 2015 para enriquecerse y financiar otras actividades delictivas.

El TOF 7 está integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli. La modalidad remota se mantendrá al menos hasta el 18 de diciembre, fecha en la que se prevé concluir con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio, en los que se detalla la maniobra investigada y el rol de los 86 imputados que comparecen ante el tribunal y la fiscal general Fabiana León.

La causa tuvo su origen en la investigación impulsada por el fiscal federal Carlos Stornelli, que se estructuró sobre cuatro ejes: los pagos registrados por el chofer Oscar Centeno en sus cuadernos, las irregularidades en la adjudicación de contratos de transporte ferroviario, las maniobras en corredores viales y la cartelización de la obra pública vial bajo la órbita de la Cámara Argentina de Empresas Viales, conocida en el expediente como “La Camarita”.

El juicio comenzó el 6 de noviembre con la lectura de las imputaciones por asociación ilícita, cohecho pasivo y admisión de dádivas atribuidas a los principales exfuncionarios, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner. Luego se avanzó con dos requerimientos de elevación a juicio conexos. Para esta sexta audiencia se esperaba terminar el tramo vinculado a la empresa Techint e iniciar la lectura de la acusación de la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF). Nada de eso ocurrió.

La jornada arrancó con unos 40 minutos de demora. Apenas iniciada la audiencia, el abogado Gabriel Palmeiro, defensor de Julio De Vido —exministro de Planificación Federal e imputado como organizador de la asociación ilícita— anunció que había presentado un escrito de 51 páginas para recusar a la totalidad del TOF 7. Frente a ese planteo, el presidente del tribunal, Méndez Signori, dispuso un cuarto intermedio de diez minutos para analizar el pedido, que finalmente se estiró hasta las 18.

Al retomar, el tribunal comunicó que rechazaba in limine la recusación y dio lectura a una resolución de ocho páginas. La defensa de De Vido, integrada por Palmeiro y Maximiliano Rusconi, había argumentado que los magistrados ya habían condenado al exministro en la causa por la importación de GNL, considerada conexa al caso Cuadernos, y que en ese fallo habrían efectuado valoraciones negativas sobre su rol y conducta, lo que a su entender configuraba un supuesto de prejuzgamiento.

Los abogados sostuvieron que los jueces habrían emitido opinión fundada sobre hechos y pruebas que vuelven a ser debatidos en este proceso, citando como ejemplo la orden de conservar documentación para el presente juicio. Sobre esa base, pidieron apartar a los integrantes del TOF 7 por temor de parcialidad.

El tribunal desestimó el planteo por considerarlo carente de sustento. En su resolución, señaló que la defensa no identificó ninguna cita concreta de los fundamentos de la sentencia dictada el 28 de noviembre pasado en la causa 10456/2014/TO1 que demostrara un prejuzgamiento sobre los hechos que ahora se analizan desde el 6 de noviembre. Tras escuchar la decisión, Rusconi adelantó que recurrirá la resolución y que pedirá una veeduría para el desarrollo del juicio Cuadernos.

Recién entonces el secretario del TOF 7 comenzó a leer el requerimiento de elevación a juicio previsto para la jornada, pero se aclaró que solo se avanzaría hasta las 18.30 debido a la extensa pausa. Así, la lectura de las acusaciones se redujo a apenas media hora antes de que se diera por concluida la sexta audiencia.

En ese breve tramo se incorporaron partes de las declaraciones de imputados colaboradores, centradas en el pago de sobornos vinculados a la adjudicación de obra pública. En este segmento están acusados por cohecho pasivo los exfuncionarios Roberto Baratta y Nelson Lazarte; y por cohecho activo los empresarios Hugo Alberto Dragonetti (Panedile Argentina S.A.), Jorge Juan Mauricio Balán (Industrias Juan F. Secco S.A.) y Jorge Alberto Tasselli (Faraday SAICF y General Plastic Corp S.A.). A Baratta también se le atribuye el delito de admisión de dádivas.

Entre las confesiones leídas se destacó la de Héctor Zavaleta, quien hasta 2011 se desempeñó como gerente financiero de la filial porteña de TENCO, firma del Grupo Techint. Zavaleta relató que Baratta se presentó ante él como viceministro de De Vido y le dijo que había hablado con el directivo de la compañía Luis Betnaza, de quien habría obtenido su número. Según el testimonio, Baratta le exigió dólares, aunque finalmente acordaron pagos en pesos luego de que Zavaleta confirmara la situación con Betnaza.

El colaborador agregó que en ese período la empresa no tenía obras públicas en ejecución y que incluso se había retirado de la concesión de la Ruta 7 porque, según su versión, Néstor Kirchner reclamaba dinero. Describió una primera entrega que estimó en unos dos millones de pesos, transportados en un bolso de viaje que Baratta habría colocado en el asiento trasero de un Toyota Corolla. Las entregas posteriores, dijo, se hicieron en sobres de papel madera plegables, con montos cercanos a los 400 mil pesos cada uno.

Con estas declaraciones y una audiencia marcada por la disputa procesal en torno a la recusación, el juicio Cuadernos avanza lentamente hacia la finalización de la lectura de las acusaciones, mientras las defensas afinan su estrategia frente a un expediente que involucra a 86 imputados y a la cúpula del poder político de la última década kirchnerista.