La reciente aparición de un video en el que el diputado nacional José Luis Espert confirma haber recibido una transferencia de US$ 200.000 por parte de una empresa vinculada al empresario Federico «Fred» Machado ha generado una ola de cuestionamientos y ha puesto al funcionario bajo el escrutinio público y político.

El episodio ganó relevancia tras una conferencia de prensa en la Casa Rosada, donde la mayoría de las preguntas giraron en torno a este hecho. Manuel Adorni, vocero presidencial, fue quien debió enfrentar la inquietud de periodistas y de distintos sectores del Gobierno. «Si sienten que faltan explicaciones se las tendrán que pedir a José Luis y por supuesto que está obligado a darlas porque es un funcionario y nosotros estamos obligados a ser absolutamente transparentes en todo», enfatizó Adorni, remarcando la responsabilidad que recae sobre quienes ocupan cargos públicos.

Según explicó el portavoz, Espert ya había dado una respuesta pública acerca de la transferencia a través de un video publicado en su cuenta oficial de X cerca de la medianoche. Sin embargo, Adorni reconoció que quizás aún quedan aspectos que requieren mayor claridad. «Es probable que haya cosas que tenga que seguir explicando y que sintamos que haya cuestiones que haya seguir ampliando. Y se irán ampliando, las irá explicando como debe ser. No hay que tenerle miedo a eso», añadió.

Al ser consultado sobre si las explicaciones brindadas por Espert eran suficientes, Adorni evitó definirse: «Soy el vocero del Presidente y del Gobierno nacional. Las preguntas que le tengas que hacer a él no te las puedo responder yo porque no soy su vocero, su representante ni nada que se le parezca». Y redirigió las consultas hacia el propio diputado y a un mensaje que el presidente Javier Milei publicó en la red social X poco después de la difusión del video.

En su publicación, Milei defendió a Espert, calificando la controversia como una «burda operación montada por el kirchnerismo» y afirmó: «Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y, como todo ladrón, creen a otros de su misma condición. Fin». De esta manera, el mandatario buscó desacreditar las sospechas sobre su aliado y desviar la atención hacia la oposición.

La polémica, sin embargo, no se disipó en la sala de prensa. Adorni fue nuevamente consultado sobre si el Gobierno consideraba que Espert había respondido de manera contundente, como lo habían solicitado figuras relevantes del gabinete, entre ellas la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete Guillermo Francos. «Lo que reclamaban el periodismo, la sociedad, la doctora Bullrich y el doctor Francos era precisamente eso: que si había cuestiones que no habían sido respondidas, que no habían tenido claridad o que faltaba alguna aclaración adicional hay que darlas», afirmó el vocero, sugiriendo que cualquier funcionario debe ser exhaustivo en sus explicaciones.

Adorni recalcó la importancia de despejar cualquier duda en torno al accionar de los funcionarios públicos, subrayando: «Cuando surgen dudas hay que explicarlas hasta el último detalle para que no queden dudas de cuál fue la actitud». Sin embargo, también señaló que parte de lo sucedido corresponde al «mundo privado» de Espert y a su etapa como consultor, diferenciando así los ámbitos personal y público.

En su intervención final, Adorni reconoció que no le corresponde hablar en nombre de Espert y que los funcionarios pueden equivocarse al elegir cómo responder ante situaciones complejas. Pese a esto, sostuvo que la transparencia y la rendición de cuentas son deberes irrenunciables para quienes ejercen cargos públicos.

El caso de Espert, lejos de quedar cerrado, reaviva el debate sobre la ética y la transparencia en la función pública, y deja en claro que la ciudadanía y las autoridades esperan respuestas contundentes y detalladas cuando surgen dudas sobre la conducta de sus representantes.