El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevó adelante este lunes un operativo de desalojo en un inmueble de la calle Brasil 1363/65, en el barrio de Constitución. En el lugar, que había funcionado originalmente como el hotel «Sol y Luna» y se encontraba usurpado desde la pandemia, operaban un prostíbulo y un centro de venta de drogas, según denuncias vecinales y judiciales.

La medida fue ejecutada por la Policía de la Ciudad junto al Ministerio Público Fiscal, bajo las órdenes de la Unidad Fiscal de Delitos, Contravenciones y Faltas Específicas, encabezada por Jorge Ponce. El procedimiento incluyó la intervención de la Dirección de Emergencias, equipos de Espacio Público y la Red de Atención, además de la clausura definitiva del edificio.

El operativo no solo permitió desalojar a quienes ocupaban ilegalmente la propiedad, sino que también dejó en evidencia la magnitud de las actividades ilícitas que allí se desarrollaban. Vecinos del barrio habían presentado reiteradas denuncias por la venta de estupefacientes y la presencia de prostitución, hechos que motivaron la actuación judicial y policial.

Con esta intervención, la Ciudad alcanza los 430 desalojos de propiedades usurpadas en menos de dos años. Entre las recuperaciones más resonantes se encuentran inmuebles históricos como la Casa Blaquier, ubicada en el centro porteño y ocupada durante más de cuatro décadas; un predio piquetero en San Telmo, tomado durante 12 años; y el emblemático edificio conocido como «Elefante Blanco» en el barrio de Belgrano, intrusado desde la década del ’60.

El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se refirió al operativo a través de sus redes sociales y en declaraciones públicas, reafirmando su postura sobre la importancia de preservar la propiedad privada. «El orden y la propiedad privada en la Ciudad no se negocian», expresó Macri. Además, remarcó: «Los bienes de los porteños son sagrados, se protegen y se respetan, como manda nuestra Constitución. Se terminó la joda para los vivos que usurpan y hacen lo que quieren sin consecuencias».

Desde la administración porteña se sostiene que los desalojos buscan garantizar el cumplimiento de las leyes, reforzar la seguridad en los espacios públicos y erradicar las actividades delictivas asociadas a la ocupación ilegal de inmuebles. En ese sentido, los operativos incluyen tanto la recuperación y restitución de viviendas usurpadas a sus legítimos propietarios como la clausura de espacios que se convierten en focos de inseguridad para los vecinos.

Estas acciones forman parte de una política más amplia que también ha alcanzado otros ámbitos del espacio público. A los desalojos de propiedades se suman los denominados «megaoperativos» en defensa de los comerciantes y en contra de la venta ambulante ilegal en zonas como Once, Flores, Parque Centenario, Chacarita, Parque Patricios y el propio barrio de Constitución. Asimismo, el gobierno porteño ha desarticulado ferias ilegales en Retiro (calle Perette) y desalojado asentamientos irregulares en las inmediaciones del aeroparque Jorge Newbery, Plaza Lavalle y el Congreso de la Nación.

La recuperación del inmueble de Constitución pone nuevamente en agenda el debate en torno a la seguridad urbana y la protección de la propiedad privada en la Ciudad de Buenos Aires. Las autoridades locales insisten en que la política de desalojos y clausuras continuará vigente, con el objetivo de devolver los espacios públicos y privados a sus dueños legítimos y a la comunidad.