Este lunes 25 de agosto marcó un hito en la gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al concretarse el desalojo número 400 como parte de su estrategia para erradicar ocupaciones ilegales. El operativo se llevó adelante en el ex hotel Santa Ana, ubicado en el barrio de Monserrat, un edificio de 14 habitaciones que había sido tomado hace tres años y que, por orden judicial, fue recuperado para devolverlo a su propietario con fines comerciales.

El procedimiento se inició a las ocho de la mañana y estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad, con la colaboración de personal del Ministerio de Espacio Público y de Desarrollo Humano y Hábitat. La intervención judicial respondió al objetivo de restituir tanto bienes públicos como privados y reforzar el cumplimiento de la ley en la capital.

La administración porteña, liderada por Jorge Macri, sostiene que estas medidas buscan mejorar la calidad de vida de los vecinos, combatir la inseguridad y fomentar la convivencia ciudadana. «Así como terminamos con cortes, piquetes y acampes para garantizar la libre circulación y combatimos la ocupación del espacio público y la venta ilegal, tenemos la decisión política de terminar con las usurpaciones», expresó el Jefe de Gobierno. Además, remarcó: “La regla es clara: en la Ciudad, la propiedad privada se respeta y la ley se cumple”.

Este operativo se suma a una serie de acciones recientes impulsadas por el Ejecutivo local. El pasado viernes 22 de agosto, otro desalojo tuvo lugar en San Telmo, donde se recuperó un predio de 2.500 metros cuadrados situado en Paseo Colón y San Juan. Allí, se había instalado de manera irregular un campo de deportes administrado por el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), conducido por Raúl Castells. Las autoridades señalaron que el permiso de uso de ese espacio había vencido hace más de una década.

En paralelo, la Ciudad ha desarrollado una política activa para liberar veredas y plazas ocupadas por la venta ambulante ilegal. Bajo esta consigna, ya se realizaron diez megaoperativos de desalojo de manteros en puntos estratégicos como Once, Flores (especialmente sobre la avenida Avellaneda), Parque Centenario, Chacarita, Parque Patricios y Constitución. Además, se desmantelaron ferias clandestinas y asentamientos irregulares en zonas como Retiro (calle Perette), el aeroparque Jorge Newbery, Plaza Lavalle y Congreso.

La lucha contra la informalidad también incluye acciones para erradicar la figura de los «trapitos» en la vía pública. En este sentido, la gestión de Jorge Macri envió a la Legislatura porteña un proyecto de ley para endurecer las penas contra quienes incurran en estas contravenciones, reforzando el mensaje de que el respeto por la legalidad es prioritario.

Estos operativos son parte de una planificación integral que pretende abordar las distintas problemáticas urbanas vinculadas a la ocupación ilegal, el comercio no autorizado y la extorsión en la vía pública. Desde el Ejecutivo porteño aseguran que la continuidad y el éxito de estos desalojos buscan garantizar un espacio público seguro, ordenado y en condiciones para todos los ciudadanos.

Con 400 desalojos concretados, la actual gestión porteña refuerza su postura ante la usurpación y la ilegalidad, ratificando su decisión de avanzar con herramientas judiciales, policiales y legislativas para preservar el orden y la convivencia en la Ciudad de Buenos Aires.