Para Jesús Rodríguez, histórico dirigente radical y ex ministro de Economía de Raúl Alfonsín, lo que ocurre hoy en Venezuela no puede describirse todavía como una transición democrática. A su juicio, la caída de Nicolás Maduro tras la primera acción militar directa de Estados Unidos en Sudamérica en más de un siglo abre un escenario dominado por la incertidumbre, sin reglas claras y con un régimen bolivariano que, pese al desplazamiento del líder, permanece prácticamente intacto.
Rodríguez subraya que toda transición tiene un elemento imprevisible: el resultado final. Esa incógnita, recuerda, estuvo presente en la Argentina de 1983, en otros países sudamericanos tras el fin de sus dictaduras y también en la implosión de la Unión Soviética. La diferencia, sostiene, es la existencia o no de procedimientos definidos para encauzar el cambio de régimen. Como ejemplo opuesto a la situación actual venezolana menciona el caso chileno: la Constitución de Augusto Pinochet estableció mecanismos precisos para la salida del poder, y la presión combinada de Estados Unidos y de la propia Junta Militar impidió que el dictador desconociera el plebiscito de 1988.
En Venezuela, en cambio, Rodríguez observa un cuadro mucho más difuso. Maduro ya no está, pero el aparato de poder bolivariano se mantiene. Recuerda que los argumentos que justificaron la captura y traslado del ex presidente y de su esposa son los mismos que pesan sobre Diosdado Cabello, todavía al frente del Ministerio del Interior y situado en la cúpula del sistema. Esa continuidad, advierte, vuelve incierta la evolución de los acontecimientos.
Entre los elementos que alimentan el riesgo menciona la liberación parcial de presos políticos en paralelo a la persistencia de grupos armados: colectivos chavistas, el accionar del Tren de Aragua y la presencia de facciones del ELN y las FARC en territorio venezolano. A ello se suma la posibilidad de nuevas operaciones militares, lo que configura, según su mirada, un escenario de alta conflictividad latente. Por eso prefiere hablar de “reconfiguración del régimen” antes que de transición democrática.
Rodríguez distingue con claridad la reacción social de los venezolanos frente a la caída de Maduro de la evaluación de la intervención militar de Washington. Considera “absolutamente comprensibles” las razones de quienes celebran: dos tercios del electorado, recuerda, votaron y vieron cómo se les arrebataba la elección, mientras que cerca de ocho millones de ciudadanos fueron empujados al exilio por toda América. Sin embargo, afirma que esa comprensión no habilita a convalidar la operación militar estadounidense, que a su entender choca de frente con el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia de los Estados.
En ese marco, mira con preocupación el diseño que el secretario de Estado norteamericano, Rubio, presentó como hoja de ruta para Venezuela —“estabilización, recuperación y transición”— porque le recuerda la estrategia aplicada tras la caída de la URSS. En Rusia, señala, esa secuencia que priorizó el mercado antes que la construcción institucional derivó en la emergencia de oligarquías y en una “economía de violencia”. Para Rodríguez, los riesgos de repetir ese libreto deben ser parte central del análisis.
Su lectura está atravesada por la experiencia argentina de los años ochenta. Rememora que la democracia naciente heredó un país aislado, derrotado en Malvinas, con militares involucrados en el entrenamiento de fuerzas irregulares en Centroamérica, un laudo arbitral desconocido frente a Chile y las consecuencias abiertas del terrorismo de Estado. Frente a ese cuadro, Alfonsín, afirma, priorizó la recuperación del prestigio internacional, la resolución pacífica del conflicto limítrofe con el país vecino y el juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos, incluso después de que la justicia militar incumpliera su propia tarea y el proceso pasara al fuero civil.
Rodríguez insiste en que la política exterior argentina supo, en distintos gobiernos, sostener una defensa consistente del multilateralismo y de la solución pacífica de controversias, incluso cuando se trataba de aliados de Washington. Recuerda que, en 1989, bajo la presidencia de Carlos Menem y con Domingo Cavallo como canciller, la Argentina votó en Naciones Unidas una resolución que condenó la invasión estadounidense a Panamá para capturar a Manuel Noriega, señalando la violación de la Carta de la ONU y reclamando métodos pacíficos.
Desde esa tradición, cuestiona el alineamiento automático de la administración de Javier Milei con la estrategia de Donald Trump en Venezuela. Le resulta “desgraciado” que un país que cuenta con un Premio Nobel de la Paz como Carlos Saavedra Lamas, reconocido por su defensa del multilateralismo, aparezca ahora asociado a posiciones que relativizan esos principios. Cita como ejemplo el cambio de voto argentino en febrero de este año en la ONU, cuando el gobierno modificó su postura frente a una resolución impulsada por Ucrania y la Unión Europea contra la invasión rusa, siguiendo el giro de Estados Unidos pese a haber respaldado antes múltiples textos en el mismo sentido.
Coherente con su formación socialdemócrata y su rol en la Internacional Socialista, Rodríguez rechaza tanto las dictaduras de izquierda como las aventuras militares que se presentan como atajos democratizadores. Define al régimen venezolano como una “electodictadura”, sin matices ni idealizaciones, pero al mismo tiempo sostiene que “fines nobles no pueden alcanzarse con medios innobles” y que las intervenciones armadas suelen dejar tras de sí países inestables, como muestra el caso de Afganistán tras dos décadas de presencia estadounidense.
Desde esa perspectiva, su advertencia sobre Venezuela es doble: sin procedimientos claros y sin respeto al derecho internacional, la salida de Maduro puede no abrir una transición democrática sino consolidar una nueva forma de autoritarismo, con mayor fragmentación interna y menor capacidad de control internacional.
