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    Informe oficial revela graves fallas en el puerto de Ushuaia y desata polémica en Tierra del Fuego

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    Un reciente informe técnico elaborado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación ha encendido señales de alarma en el sector turístico de Tierra del Fuego. El informe, publicado apenas diez días antes del inicio de la esperada temporada de cruceros y de las elecciones, expone una serie de deficiencias en la infraestructura y gestión del puerto de Ushuaia, uno de los principales puntos de entrada de turistas internacionales al país.

    El documento, de 62 páginas, al que accedió la prensa, evalúa en detalle el estado de los sistemas del puerto, sus finanzas, infraestructura y procesos operativos. Los técnicos de la Agencia, que responde al Gobierno Nacional, realizaron la inspección a principios de octubre. Aunque el puerto depende de la administración provincial, las conclusiones del informe han generado preocupación en distintos sectores de la provincia.

    Deterioro estructural y deficiencias de seguridad

    Entre los hallazgos más preocupantes, el informe advierte que el pavimento en el sector 4 y la zona de ingreso presenta un deterioro tan severo que pone en riesgo el tránsito seguro de camiones, automóviles y peatones. La situación estructural también es delicada: los pilotes que sostienen el muelle muestran fracturas, desplazamientos y, en algunos casos, faltantes. El estado de los pilotes internos es incierto debido al nivel del agua, lo que impide una revisión completa.

    Además, las defensas del muelle, esenciales para la operación de grandes embarcaciones, presentan un desgaste considerable por el paso del tiempo, la erosión natural y la falta de renovación. El informe recomienda reemplazarlas por modelos más modernos que ya se instalaron en otras secciones del muelle ampliado.

    La seguridad general también fue objeto de cuestionamientos. Según el informe, existe superposición de funciones entre el personal de seguridad y los sistemas eléctricos del puerto presentan vulnerabilidades, elevando el riesgo de incidentes. Asimismo, los mecanismos para registrar ingresos y egresos aún dependen de bases de datos obsoletas.

    Falta de inversión y desvío de fondos

    El informe señala una preocupante caída en la inversión destinada a la infraestructura portuaria en los últimos años. Además, denuncia el uso parcial de los recursos financieros del puerto para fines ajenos a la actividad portuaria, especialmente a partir de una ley sancionada en julio de 2025. Dicha normativa permite utilizar el superávit de la Dirección Provincial de Puertos para saldar deudas de la Obra Social estatal, una medida que ya fue cuestionada judicialmente por el sindicato de la Unión Superior del Personal Ferroviario.

    La Agencia Nacional advierte que la indisponibilidad de fondos podría dificultar o incluso imposibilitar la realización de obras clave para la operación segura del muelle comercial.

    Respuesta oficial y acusaciones cruzadas

    El gobernador Gustavo Melella reaccionó con dureza tras la difusión del informe, calificándolo como una «maniobra política» destinada a dañar la imagen de una obra estratégica, justo antes de las elecciones. Desde sus redes sociales, Melella defendió el funcionamiento del puerto, asegurando que cumple con toda la documentación exigida y opera al cien por ciento de su capacidad. «No permitiremos operaciones mediáticas que pongan en duda su funcionamiento», afirmó.

    Por su parte, Roberto Murcia, presidente de la Dirección Provincial de Puertos, descartó cualquier intervención nacional en el puerto y aseguró que el informe es preliminar, producto de una inspección solicitada por la propia Agencia Nacional. Murcia explicó que el Gobierno provincial fue notificado y tiene cinco días para responder a las observaciones. Además, sostuvo que la temporada de cruceros «no está en peligro en absoluto» y que las proyecciones son incluso mejores que las del año anterior.

    Respecto al uso de fondos del puerto para saldar deudas de la Obra Social, Murcia aclaró que se informó a las autoridades sobre la falta de recursos y se solicitó a la Legislatura la modificación parcial de la ley en cuestión.

    «Se mezcló la política con el mejor puerto de la República Argentina, y eso es grave», concluyó Murcia, dejando en claro que la controversia está lejos de cerrarse.

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