En respuesta al aumento del contrabando y la pérdida de competitividad de los comercios en zonas limítrofes, la Cámara de Diputados avanza con un proyecto de ley que podría transformar el panorama para las pequeñas y medianas empresas (pymes) de frontera. La iniciativa, presentada por Gustavo Bordet, diputado de Entre Ríos, apunta a reducir las marcadas diferencias tributarias y cambiarias con los países vecinos, y a promover la integración regional, tomando como modelo las «Lojas Francas de Frontera Terrestre» de Brasil.
Actualmente, la brecha de precios entre Argentina y los países limítrofes ronda el 40%, provocando que numerosos consumidores crucen la frontera para comprar productos más baratos. Según Alejandro Garzón Maceda, director de Defensa al Consumidor de Misiones, este fenómeno generó inicialmente un boom de ventas y la apertura de sucursales comerciales en la frontera, pero la posterior caída del consumo, producto de la volatilidad cambiaria, obligó al cierre de muchas de estas empresas.
El texto del proyecto busca declarar de interés nacional el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en áreas fronterizas, mediante beneficios impositivos y la creación de un Consejo Nacional del Comercio Fronterizo (CNCF). Este organismo estaría integrado por representantes de la administración tributaria y aduanera, del Ministerio de Producción y Trabajo, autoridades provinciales y municipales, fuerzas de seguridad, la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera y gremios sectoriales. Su misión sería relevar datos estadísticos, monitorear variables económicas en países vecinos y proponer políticas específicas para el desarrollo regional.
A diferencia del sistema brasileño, la propuesta argentina no prevé la creación de zonas francas, sino la aplicación de normas «cíclicas» que permitirían conceder incentivos fiscales y comerciales de manera flexible, ajustándose a los vaivenes económicos y cambiarios. La meta es compensar las asimetrías que afectan a los comercios argentinos y evitar que los consumidores crucen la frontera en busca de mejores precios.
Fabián Hryniewicz, director de la Comisión de Fronteras e Ilegalidad de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), sostiene que, de aprobarse, la medida no solo tendría un impacto fiscal positivo en las zonas fabriles y de distribución de la franja central del país, sino que también impulsaría la formalización laboral, ya que solo los comercios que cumplan con todas las obligaciones legales accederían a los beneficios. Además, propone la creación de un Consejo Consultivo para analizar y responder a las asimetrías cambiarias y otras problemáticas emergentes.
Entre los beneficios planteados se destaca la exención del IVA para compras en comercios fronterizos hasta un monto mensual de u$s500 por persona para extranjeros y de u$s1.000 para compradores nacionales. Esta medida apunta a equilibrar los precios frente a las diferencias macroeconómicas regionales y a reforzar la competitividad de las empresas locales. Los productos alcanzados por el régimen incluyen alimentos, bebidas, calzado, vestimenta, electrodomésticos y artesanías, entre otros bienes lícitos, con la expresa prohibición de comercializar armas, explosivos, drogas o productos restringidos por la legislación argentina.
El proyecto de ley, que se encuentra en tratamiento desde 2018 y ya cuenta con el aval de la Comisión de Pyme, espera ahora ser abordado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el diputado José Luis Espert. Sin embargo, fuentes parlamentarias advierten que el tratamiento de iniciativas opositoras está virtualmente paralizado en esa comisión desde comienzos de año.
Bordet subraya que las ciudades fronterizas comparten lazos sociales, culturales y económicos que van más allá de los límites geográficos, pero que la falta de un régimen especial deja a las Mipymes expuestas a los vaivenes de la economía y la moneda. Por eso, el diputado insiste en la necesidad de garantizar el desarrollo económico y social de estas regiones, bajo una perspectiva de sostenibilidad y mayor integración regional.
Mientras tanto, los riesgos del contrabando y la informalidad persisten. Según Hryniewicz, productos como hamburguesas caseras de marca «Guaraní» ingresan ilegalmente al país, sin respetar la cadena de frío ni los controles sanitarios, lo que pone en riesgo la salud pública y la economía formal. La expectativa está puesta en que un régimen especial logre revertir estas situaciones, promoviendo el comercio legal y el desarrollo en las zonas más vulnerables del mapa nacional.
