El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, encendió el debate sobre el impacto del comercio electrónico en las economías locales al responsabilizar a las ventas online por la caída de la actividad comercial en la ciudad y por el deterioro de la recaudación municipal. Sus declaraciones derivaron en un cruce político con la concejala libertaria Clarisa Armando y coincidieron con la presentación en el Congreso de un proyecto de ley que busca imponer mayores obligaciones a las plataformas digitales de venta.

En una conferencia de prensa, Barrera describió un escenario preocupante para el comercio gesellino. Según sus estimaciones, en la ciudad se distribuyen alrededor de 3.000 paquetes por día provenientes de compras por internet, un movimiento que, a su juicio, erosiona al comercio tradicional y al fisco local.

El jefe comunal subrayó que esas operaciones no generan recursos coparticipables para el municipio, como el IVA, Ingresos Brutos o Ganancias, lo que, aseguró, agrava la situación financiera de la comuna. En paralelo, indicó que el flujo turístico se mantuvo en niveles similares al del año pasado, con cerca de 750.000 visitantes, pero advirtió una merma del consumo cercana al 26%.

“La ocupación no cayó, pero la gente gasta menos”, fue el diagnóstico que trazó Barrera, quien planteó que el sector privado se ve obligado a sostener precios competitivos para no perder clientes, a costa de su propia rentabilidad. Esa dinámica, añadió, se traduce en un esfuerzo extra de los empresarios y en un deterioro de sus cuentas y de las plantillas laborales.

El intendente insistió en que el comercio local debe poder competir, sin restricciones, pero reclamó especial atención sobre el consumidor, al que definió como el eslabón más vulnerable de la cadena. En ese marco, cargó también contra el Gobierno nacional por la falta de asistencia financiera a la Provincia de Buenos Aires y, por extensión, a los municipios.

Barrera sostuvo que el 80% de la carga impositiva corresponde a tributos nacionales y denunció que la Nación mantiene una deuda superior a los 13.000 millones de pesos con la Provincia, fondos que no se estarían transfiriendo a los distritos. A esto, sumó la eliminación de programas en áreas como salud y otros rubros sensibles, lo que, según dijo, obliga al municipio a cubrir esos gastos en un contexto económico adverso.

Las afirmaciones del intendente no tardaron en generar respuestas. La concejala libertaria Clarisa Armando salió al cruce a través de sus redes sociales y rechazó que las plataformas de comercio electrónico sean las responsables de la crisis local. Para ella, el problema radica en la administración municipal.

Armando calificó la situación de Villa Gesell como una “locura” y sostuvo que la gestión de Barrera busca un culpable externo en lugar de hacerse cargo de sus propias falencias. En su mensaje, remarcó que, si la ciudad funcionara correctamente, no se señalaría a los paquetes de compras online como origen de los problemas económicos.

Mientras en Villa Gesell se profundiza la discusión sobre el rol del comercio electrónico, en el Congreso avanza un debate paralelo que podría reconfigurar el funcionamiento de las grandes plataformas de venta online en todo el país. Un proyecto de ley presentado por los diputados Guillermo Michel y Kelly Olmos propone convertir a estas empresas en “responsables solidarias” por los bienes y servicios que se comercializan a través de sus sistemas.

La iniciativa define como plataforma online a cualquier interfaz digital que permita ofrecer productos o servicios a consumidores y establece que deberán asegurar información clara, completa y comprobable sobre lo que se ofrece: características técnicas, precio final, costos adicionales, plazos de entrega y datos del proveedor.

Además, las plataformas tendrían responsabilidad en casos de incumplimientos contractuales, fallas en los productos, violaciones a normas de seguridad y falta de pago de tributos. Los impulsores del proyecto argumentan que el comercio electrónico se expandió de manera acelerada en los últimos años, mientras que el marco regulatorio no se actualizó al mismo ritmo, generando brechas de información y facilitando prácticas ilegales como el contrabando y la evasión fiscal.

El texto también apunta a reforzar el control sobre la mercadería ingresada al país en forma irregular. En el caso de productos provenientes del exterior, las plataformas deberían exigir documentación que pruebe su ingreso legítimo, incluyendo el despacho de importación correspondiente, y actuar como filtro frente a operaciones que no cumplan con las normas vigentes.

Así, la discusión abierta por Barrera en Villa Gesell sobre el impacto de las ventas online en el comercio local y en las arcas municipales se cruza con un debate de alcance nacional sobre cómo regular a los gigantes del comercio electrónico y cómo equilibrar la protección del consumidor, la recaudación fiscal y la actividad de los comercios físicos.