La discusión en la Cámara de Diputados sobre la reforma de la Ley de Glaciares tuvo esta mañana un impactante prólogo en la Plaza del Congreso. Un grupo de activistas de Greenpeace escaló el Monumento de los Dos Congresos y desplegó dos grandes banderas en rechazo al proyecto del Gobierno de Javier Milei que busca habilitar la actividad minera en áreas hoy protegidas.

Desde lo alto de la escultura, los ambientalistas exhibieron mensajes dirigidos directamente a los legisladores. Una de las banderas advertía a los diputados que no “traicionen” a la población, mientras que la otra defendía de forma tajante la normativa vigente al sostener que la Ley de Glaciares “no se toca”. La acción se dio horas antes del inicio de la sesión en la que el oficialismo pretende convertir en ley la iniciativa.

La protesta motivó un rápido despliegue de la Policía de la Ciudad en las inmediaciones del Congreso. Tras varios minutos de operativo, el activista que se encontraba en la parte más alta del monumento retiró las banderas y descendió, rodeado por efectivos. Según informó la fuerza porteña, fueron identificados nueve militantes de la organización ambientalista, y dos de ellos —los que habían trepado al monumento— terminaron detenidos.

Las cámaras de televisión registraron en vivo el momento en que ambos eran conducidos esposados hacia un móvil policial. Uno de los activistas, mientras era trasladado, repitió ante un canal de noticias la consigna que habían desplegado minutos antes: pidió que los diputados no entreguen el recurso hídrico del país y reclamó que no se modifique la actual protección sobre los glaciares.

Los detenidos quedaron a disposición de la Unidad de Flagrancia Este, que intervino para definir las actuaciones contravencionales. De acuerdo con la información judicial, se les notificó de las infracciones por las que serían acusados y luego recuperaron la libertad.

La intervención de Greenpeace se inscribe en una jornada de fuerte movilización de organizaciones ambientales y espacios políticos opositores que rechazan la reforma. Para esta tarde, a partir de las 17, se convocó a una marcha hacia el Congreso que partirá desde la intersección de la Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo, con el objetivo de presionar a los diputados antes de la votación.

Entre los convocantes se encuentra La Cámpora, que llamó a movilizar con un mensaje en el que cuestiona la política ambiental del Gobierno nacional y el papel del Fondo Monetario Internacional. La agrupación kirchnerista sostiene que defender los glaciares equivale a resguardar el agua, la soberanía y el futuro del país, y denuncia que la iniciativa oficial implica una flexibilización de los estándares de protección ambiental.

El proyecto impulsado por Milei obtuvo ayer dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Ambiente y de Asuntos Constitucionales de Diputados. La iniciativa cosechó 37 firmas sobre un total de 66 integrantes, lo que allanó el camino para que llegue al recinto con respaldo suficiente para su aprobación.

Además del bloque de La Libertad Avanza, acompañaron el dictamen los diputados del PRO, de la Unión Cívica Radical y legisladores de distintas provincias mineras, entre ellas Catamarca, San Juan y Misiones. Del otro lado, Unión por la Patria reunió 23 firmas en un dictamen propio de rechazo, mientras que el interbloque Provincias Unidas sumó cinco firmas en otra propuesta también contraria a la reforma. A ellos se agregó el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, que presentó su propio dictamen en sentido negativo.

La ley vigente protege todos los glaciares y el ambiente periglacial circundante como reservas estratégicas de agua dulce, limitando fuertemente la posibilidad de desarrollar emprendimientos extractivos en esas áreas. La reforma que impulsa el oficialismo busca acotar el alcance de esa protección, de modo que solo queden bajo resguardo estricto aquellas masas de hielo que acrediten un “aporte hídrico relevante y verificable” a una cuenca.

El texto también refuerza el rol de los gobiernos provinciales en la elaboración y actualización del inventario de glaciares, con el argumento de que la Constitución Nacional reconoce a las provincias la titularidad sobre sus recursos naturales. Para los críticos, este cambio abre la puerta a un mayor margen de decisión local para compatibilizar la protección ambiental con proyectos mineros en zonas actualmente vedadas.

Con la sesión prevista para esta tarde y la movilización en las calles, el Congreso se convierte nuevamente en epicentro de la disputa entre el Gobierno, que busca avanzar con su agenda de desregulación económica y aprovechamiento de recursos naturales, y los sectores que advierten sobre el impacto de la minería en áreas glaciares y reclaman preservar sin cambios la actual normativa de protección.