El juez federal Rodrigo Giménez Uriburu pidió ser apartado del Tribunal Oral Federal (TOF) 5 que deberá juzgar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a su hijo y diputado Máximo Kirchner y a otros imputados en el expediente conocido como “Los Sauces-Hotesur”, causa clave por presunto lavado de dinero y asociación ilícita vinculada a los negocios hoteleros de la familia.

El magistrado fue sorteado el 26 de diciembre pasado para completar la integración del TOF 5, que arrastra vacantes y cambios desde hace años. Sin embargo, el 30 de diciembre presentó formalmente su excusación. Argumentó que ya había condenado a Cristina Kirchner y a Lázaro Báez en el caso “Vialidad” y que, en ese debate, evaluó y valoró pruebas que volverán a ser centrales en el próximo juicio.

La decisión de Giménez Uriburu coincide con el planteo de la defensa de la ex mandataria, que también lo recusó para que no intervenga. Ahora serán los otros dos integrantes del TOF 5, Adriana Palliotti y José Michilini, quienes deberán resolver si aceptan la excusación. Si avalan su apartamiento, se sorteará un nuevo juez para completar el tribunal que llevará adelante el juicio oral.

Giménez Uriburu integra el TOF 2 de Comodoro Py y fue uno de los tres jueces que en diciembre de 2022 condenaron a Cristina Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa “Vialidad”, al considerar que hubo delito en la adjudicación de obras públicas a Lázaro Báez en Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En ese mismo fallo fueron condenados Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, entre otros. La Corte Suprema confirmó el año pasado esas condenas y los acusados comenzaron a cumplir sus penas, en el caso de la ex presidenta bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

En paralelo a “Vialidad”, el TOF 5 tiene a su cargo la causa “Los Sauces-Hotesur”, donde se investigan presuntas maniobras de lavado de activos y asociación ilícita a través de las sociedades de la familia Kirchner, que habrían alquilado hoteles y propiedades —entre ellos el Alto Calafate— a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. La hipótesis acusatoria sostiene que esos alquileres fueron en realidad una contraprestación vinculada a las obras públicas adjudicadas a las empresas de esos contratistas durante el kirchnerismo.

En 2021, el propio TOF 5 había dictado el sobreseimiento de una treintena de imputados, incluida Cristina Kirchner, decisión que luego fue revocada por la Cámara Federal de Casación Penal y más tarde por la Corte Suprema, que ordenó la realización del juicio oral. La única que quedó definitivamente fuera del expediente fue Florencia Kirchner. En el camino, el tribunal sufrió modificaciones: uno de sus jueces titulares, Daniel Obligado, fue apartado por haber adelantado opinión al firmar el sobreseimiento de los acusados.

En su escrito de excusación, Giménez Uriburu sostuvo que en “Los Sauces-Hotesur” la acusación de la fiscalía se apoya en que el delito precedente del lavado de dinero fueron las irregularidades en la obra pública ya analizadas en “Vialidad”, donde él concluyó que existió delito. Añadió que en aquella sentencia se hizo una extensa valoración de pruebas provenientes de las causas “Los Sauces” y “Hotesur” para demostrar el vínculo comercial y societario entre Cristina Kirchner y Báez, lo que —a su entender— configura una situación de prejuzgamiento que afecta el principio de imparcialidad.

El magistrado citó como antecedente el caso del camarista de Casación Javier Carbajo, quien se apartó del expediente “Vialidad” tras haber señalado, al confirmar la condena de Báez por lavado, que el delito precedente era la obra pública. Sus colegas aceptaron su excusación. También recordó el caso de su par Andrés Basso, otro de los jueces que condenó a la ex presidenta, quien se excusó cuando fue sorteado para integrar el tribunal del juicio por los cuadernos de la corrupción, ante una recusación similar de la defensa.

Las defensas de los demás imputados en “Los Sauces-Hotesur” tienen tiempo hasta el 2 de febrero para presentar sus propios planteos de recusación. Mientras tanto, el futuro del tribunal quedará atado a la decisión de Palliotti y Michilini sobre la situación de Giménez Uriburu.

Pese a su pedido de apartamiento en esta causa, el juez seguirá interviniendo en otros frentes vinculados a la ex mandataria. Este año ejerce la presidencia del TOF 2 y será el responsable de la ejecución de la condena de Cristina Kirchner en “Vialidad”, lo que incluye resolver todas las cuestiones relativas a su prisión domiciliaria y a la ejecución de sus bienes junto a sus colegas Jorge Gorini y Andrés Basso. Además, integra el Tribunal Oral Federal 8, que deberá juzgar el caso del memorándum con Irán.

Cristina Kirchner, recientemente dada de alta tras una operación de apendicitis, enfrenta un 2026 cargado de compromisos judiciales. Cumple su condena en “Vialidad” en su domicilio, mientras la Justicia rechazó habilitar la feria de enero para tratar restricciones impuestas en el marco de esa detención. En noviembre pasado comenzó el juicio por los cuadernos de la corrupción, en el que está acusada junto a ex funcionarios y empresarios de la construcción; la audiencia se retomará en febrero, con la expectativa puesta en su indagatoria. Además de “Los Sauces-Hotesur”, resta que se fijen fechas de inicio para el juicio por el memorándum con Irán.