El gobierno argentino dio un nuevo paso en su alineamiento con los países que impulsan sanciones contra Irán al declarar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como organización terrorista. La medida, anunciada por la Oficina del Presidente, generó una rápida y enfática respuesta desde Israel.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, difundió un comunicado en el que elogió de manera contundente al presidente Javier Milei por la decisión. Según expresó, la inclusión de la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de organizaciones terroristas consolida a la Argentina, bajo la actual administración, como un actor central dentro de los países que se presentan como defensores del llamado “mundo libre” frente al régimen de Teherán.

Saar remarcó que esta determinación se suma a las ya adoptadas por el gobierno argentino respecto de Hezbollah y Hamás, también catalogadas como organizaciones terroristas. A su juicio, ese conjunto de decisiones coloca a la gestión de Milei en una posición de liderazgo internacional en la confrontación contra la estructura de poder iraní y sus aliados regionales.

En su mensaje, el canciller israelí fue más allá de la cuestión estrictamente diplomática y se refirió a la figura del presidente argentino. Lo describió como “uno de los líderes más importantes” de su generación, destacando lo que consideró un compromiso firme con los valores de la libertad y una postura sin concesiones frente a quienes percibe como enemigos de esos principios.

Desde la Casa Rosada explicaron que la resolución se enmarca en el contexto de la creciente confrontación entre Estados Unidos e Irán, y se apoya en antecedentes judiciales argentinos que vinculan directamente a la estructura iraní y a la Guardia Revolucionaria con dos de los ataques terroristas más graves sufridos por el país.

El Poder Ejecutivo dispuso la incorporación del CGRI al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Esta inclusión habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas, con el objetivo de acotar la capacidad de acción del grupo en territorio argentino y evitar que el sistema financiero local sea utilizado con fines ilícitos.

El comunicado oficial recordó que la justicia argentina atribuyó responsabilidad al grupo chií libanés Hezbollah y a Irán en los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, perpetrado en 1992, y contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en 1994. Ambos ataques dejaron decenas de muertos y marcaron un punto de inflexión en la agenda de seguridad del país.

Las investigaciones judiciales y los trabajos de inteligencia, según se subrayó, concluyeron que esos atentados fueron diseñados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos pertenecientes a la Guardia Revolucionaria. Ese entramado, de acuerdo con la argumentación oficial, justifica la decisión de avanzar con nuevas sanciones.

El RePET es la herramienta mediante la cual el Estado argentino registra a personas físicas y jurídicas vinculadas a actividades terroristas o a su financiamiento. La inclusión en ese listado permite congelar activos, bloquear transacciones y limitar la operatoria de las entidades alcanzadas dentro del sistema financiero nacional.

Con esta medida, el gobierno de Milei refuerza una línea de política exterior que ya había quedado delineada al declarar terroristas a Hezbollah y Hamás. Para la administración nacional, el paso dado contra la Guardia Revolucionaria forma parte de una estrategia más amplia orientada a impedir que estructuras ligadas a Irán puedan operar o financiarse desde la Argentina.

Desde Israel, Saar interpretó la decisión como una señal clara de alineamiento con los países que impulsan una ofensiva diplomática y económica contra Teherán y sus aliados. En su valoración, la posición argentina bajo el mando de Milei representa un ejemplo a seguir para otros gobiernos que buscan endurecer su postura frente al régimen iraní.

La declaración del CGRI como organización terrorista, sumada a las anteriores resoluciones sobre Hezbollah y Hamás, reconfigura el rol de la Argentina en la agenda internacional de lucha contra el terrorismo y vuelve a poner en primer plano las causas judiciales por los atentados de la Embajada de Israel y la AMIA, que continúan siendo una herida abierta en la historia reciente del país.