Federico Andrés «Fred» Machado, reconocido empresario argentino de 57 años, enfrenta actualmente la justicia estadounidense por cargos de narcotráfico, lavado de dinero y fraude. Su nombre cobró notoriedad en la política local tras conocerse sus vínculos con la campaña presidencial de José Luis Espert, a quien le facilitó el uso de aviones en 2019 y con quien también compartió movimientos financieros investigados por la justicia.

Machado fue arrestado en abril de 2021 en el aeropuerto de Neuquén después de que Interpol emitiera una alerta roja a pedido de los Estados Unidos, que buscaba su extradición. Desde septiembre de ese año, cumple prisión domiciliaria en La Gringa, una exclusiva estancia de 10 hectáreas ubicada a 16 kilómetros de Viedma, la capital de Río Negro. La propiedad, situada en una tranquila área rural sobre la Ruta Provincial Nº1, destaca por su amplitud y comodidades, y allí reside junto a su madre, María Esther Ciccarelli, quien tiene la custodia legal del empresario.

Lejos del típico régimen de prisión domiciliaria, Machado no cuenta con custodia policial ni seguridad privada. Su única compañía, además de su madre, son cuatro perros. El entorno familiar se completa con la presencia cercana de su hermanastra, Malena Igoldi, y el exjuez Fabio Igoldi, ambos vecinos de la estancia y también familiares directos.

La justicia estadounidense, específicamente el Tribunal del Distrito Este de Texas, lo señala como integrante de una organización delictiva internacional dedicada al contrabando de estupefacientes y al blanqueo de capitales en diversos países. Entre las acusaciones formales, figuran la fabricación y distribución de cocaína, lavado de dinero, fraude electrónico, violaciones a normativas de exportación y registros federales relacionados con aeronaves.

La investigación detalla que Machado habría captado inversores para financiar la adquisición de aviones, operaciones que nunca se concretaron. Los fondos, depositados en una cuenta de la compañía Wright Brothers Title Company, presuntamente se desviaron para otros fines. De acuerdo a los registros judiciales, Debra Lynn Mercer-Erwin, socia de Machado en uno de los fondos fiduciarios, ya fue condenada a 16 años de prisión por su participación en estos delitos.

El nombre de José Luis Espert surge en la trama a raíz de un pago de 200 mil dólares que, según documentos hallados en los balances del fondo fiduciario, habría recibido el diputado en febrero de 2020. Espert, por su parte, reconoció públicamente haber recibido ese dinero, aunque explicó que se trató de honorarios por asesoría a una minera guatemalteca vinculada a Machado. Esta transacción motivó una denuncia por presunto lavado de activos presentada por Juan Grabois en el juzgado federal de San Isidro.

En el plano empresarial, Machado posee al menos dos firmas en Miami dedicadas al sector aeronáutico: South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing. Fue precisamente el préstamo de aeronaves a Espert durante la campaña electoral de 2019 la primera conexión pública entre el empresario y la política argentina.

El proceso de extradición de Machado a Estados Unidos, que lleva ya cuatro años de debate judicial, fue suspendido en agosto de este año. La Corte Suprema de Justicia de Argentina envió el expediente al juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, luego de que la defensa de Machado presentara un informe que sugería un cambio en su situación procesal ante la justicia texana. El magistrado solicitó información a través de la Cancillería para verificar la autenticidad de esta supuesta novedad.

Mientras tanto, Machado continúa en su residencia campestre bajo estrictas restricciones: no puede abandonar la propiedad sin autorización judicial, salvo por razones médicas urgentes. Además, debe someterse a tratamiento psiquiátrico y a la rehabilitación de su rodilla, según lo dispuesto por el tribunal.

El caso de Fred Machado expone cómo el entramado del narcotráfico y el lavado de dinero puede alcanzar tanto el ámbito empresarial internacional como la política local, sumando nuevos interrogantes sobre el financiamiento de campañas y los controles sobre los actores que las protagonizan.