La reconfiguración del sistema de inteligencia dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025 se encamina a convertirse en el nuevo campo de batalla entre el Gobierno y la oposición en el Congreso. A partir de este lunes, los principales bloques opositores activarán una ofensiva parlamentaria para forzar la integración de las comisiones encargadas de controlar tanto los servicios de espionaje como la validez de los decretos presidenciales.

El objetivo inmediato es que la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de Diputados, Martín Menem, designen a los legisladores que faltan en dos bicamerales clave: la de Inteligencia y la de Trámite Legislativo, esta última encargada de revisar los DNU. El movimiento se lee como una jugada política para colocar bajo la lupa el reciente rediseño del aparato de inteligencia estatal y, al mismo tiempo, frenar la presión oficialista para que el Congreso sesione en febrero para tratar la reforma laboral.

La memoria de un revés histórico

En la oposición recuerdan que, el año pasado, la bicameral de DNU infligió un golpe inédito al oficialismo al rechazar un decreto que otorgaba un aporte extraordinario de 100.000 millones de pesos a los organismos de inteligencia. Aquella decisión, respaldada por una mayoría transversal que incluyó al PRO de Mauricio Macri, marcó la primera vez que una comisión de este tipo tumbó una firma presidencial. Ese antecedente alienta ahora la estrategia de usar el tema espías como herramienta de desgaste político.

Mientras tanto, la reforma laboral tiene una fecha tentativa de debate en el recinto –el 10 de febrero–, pero no hay dictamen y gran parte de la dirigencia sigue de vacaciones. La Casa Rosada insiste en que los gobernadores alineen a sus legisladores, pero la oposición ya demostró capacidad de bloqueo. En diciembre, una maniobra coordinada entre dirigentes políticos, sindicalistas, empresarios y mandatarios provinciales postergó el tratamiento de la reforma, concentrando la presión sobre ocho distritos considerados clave. Entre ellos bautizaron esa movida como “operación Tetaz”, en alusión a la táctica que el año pasado derribó un proyecto del entonces diputado Martín Tetaz y que también sirvió para voltear el polémico Capítulo XI del Presupuesto.

Comisiones en pausa y disputa de interpretación

El DNU 941/2025 ya está en la agenda de emergencia del Parlamento, pero para que avance el control legislativo deben reactivarse dos bicamerales: la de Trámite Legislativo y la de Inteligencia. Los bloques de Provincias Unidas y Unión por la Patria ya reclamaron formalmente a Menem y Villarruel que completen las designaciones.

La comisión de DNU tenía 16 miembros hasta diciembre. Doce de ellos mantienen mandato hasta 2027, por lo que habría quórum para sesionar. Su presidente es Oscar Zago, de origen libertario pero hoy al frente de un bloque propio. Zago admite que podría convocar a la comisión, pero hacerlo sin una señal del oficialismo equivaldría a un gesto de confrontación abierta que muchos consideran inoportuno en pleno receso.

El panorama es aún más delicado en la bicameral de Inteligencia. Su presidente, Martín Lousteau, y los vicepresidentes Leopoldo Moreau y Oscar Parrilli dejaron sus cargos al finalizar sus mandatos. Formalmente, quedó al frente el senador del PRO por Misiones, Enrique Goerling, quien había sido el favorito de Patricia Bullrich para presidir el cuerpo, hasta que se acordó la conducción de Lousteau. En los pasillos del Congreso circulan dos lecturas jurídicas: una sostiene que todas las designaciones en comisiones caducaron el 10 de diciembre; la otra, que siguen vigentes las de quienes renovaron o mantienen sus bancas. Con un verano legislativo prácticamente paralizado, los jefes de bloque aún no han propuesto reemplazos.

El rediseño del espionaje y la salida de Bullrich

Desde el oficialismo justifican el DNU 941 como la segunda etapa de una reforma iniciada en junio de 2024, cuando mediante el DNU 614 se disolvió la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y se resucitó la histórica Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Esa estructura se fragmentó en cuatro organismos especializados: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI). El argumento central es que se heredó un entramado de oficinas con autonomía de hecho y un manejo descontrolado de fondos reservados.

El nuevo decreto, firmado el 31 de diciembre, pretende “completar” ese reordenamiento, con foco en la organización interna y el flujo de recursos. En la trastienda política se subraya un dato: la norma se firmó cuando Patricia Bullrich ya había dejado el Ministerio de Seguridad. Según fuentes políticas, mientras Bullrich integró el gabinete habría bloqueado cualquier intento de redefinir las tareas de investigación de las fuerzas de seguridad. El texto se terminó de rubricar antes de que su sucesora, Alejandra Monteoliva, consolidara su posición, en pleno feriado y con el Congreso fuera de sesiones extraordinarias.

Un DNU polémico y una SIDE tuitera

El contenido del decreto también despierta críticas. En su artículo inicial, declara que todas las actividades de inteligencia son secretas, una obviedad que muchos señalan como una formulación redundante. Más controvertida aún es la inclusión de la “flagrancia” como facultad específica de los agentes de inteligencia para realizar detenciones, algo ya contemplado en el Código Procesal Penal para cualquier ciudadano que sorprenda a alguien cometiendo un delito. Especialistas advierten que esa mención puede generar más confusión que claridad, ya que en teoría obligaría a los espías a identificarse ante la autoridad policial, lo que choca con la lógica de su función.

El debut comunicacional de la renovada SIDE tampoco pasó inadvertido. A través de un mensaje en redes sociales, el organismo cuestionó a una periodista de La Nación por su cobertura del decreto y se ofreció a “asesorar” a quienes escriban sobre temas de espionaje. El episodio fue leído como un intento de condicionar al periodismo desde un área que, por definición, debería operar en la sombra y no marcarle la agenda a los medios.

El fantasma del caso Redrado

En el Congreso muchos recuerdan un antecedente que hoy vuelve a cobrar relevancia. En enero de 2010, Cristina Fernández de Kirchner removió por DNU a Martín Redrado de la presidencia del Banco Central. La bicameral de DNU se conformó de inmediato con legisladores en funciones y quedó partida en dos: ocho votos a favor de sostener a Redrado y ocho por su desplazamiento. El empate derivó en una judicialización del conflicto y, hacia fin de mes, Redrado terminó renunciando en medio de la disputa por el uso de las reservas para financiar decisiones del Ejecutivo. Aquella crisis marcó el inicio de un año negro para el kirchnerismo, que terminó sin presupuesto aprobado tras una denuncia de intento de cooptación a una diputada.

Hoy, con el DNU 941 en el centro de la escena y el Congreso en modo semidormido, la oposición busca reponer ese esquema de control para limitar la capacidad del Ejecutivo de gobernar por decreto, especialmente en un área tan sensible como la inteligencia. La pulseada recién comienza, pero el tablero ya muestra que los espías vuelven a ser protagonistas de la política argentina.