La figura de José Luis Espert, actual diputado nacional en uso de licencia, se encuentra en el centro de una intrincada trama judicial internacional que conecta narcotráfico, lavado de dinero, operaciones con jets privados y financiamiento político. Todo comenzó cuando se reveló que Espert recibió 200 mil dólares en enero de 2020 a través de una transferencia de Wright Brothers Aircraft Title, Inc (WBAT), una compañía estadounidense cuya titular, Debra Mercer-Erwin, fue detenida y procesada por delitos de narcotráfico y fraude a gran escala.

La transferencia de fondos a Espert no provino directamente del empresario argentino Federico «Fred» Machado, quien está preso y enfrenta extradición a Estados Unidos por cargos similares. Sin embargo, las investigaciones judiciales en Texas, donde se radicaron las empresas involucradas, muestran que WBAT actuó como intermediaria en pagos que, según los registros bancarios, provenían de actividades ilícitas. Machado, cuya relación con Espert fue reconocida por el propio diputado tras negaciones iniciales, era dueño de la minera guatemalteca Minas del Pueblo, que supuestamente contrató a Espert para tareas de saneamiento financiero por un millón de dólares, aunque sólo se comprobó el pago de los 200 mil, realizado por la firma de Mercer-Erwin.

Las conexiones entre Espert y Machado no se limitan a lo contractual. El empresario argentino fundó en Estados Unidos dos empresas de intermediación de compra y venta de jets privados: South Aviation, Inc. y Pampa Aircraft Financing. Ambas trabajaban en conjunto con WBAT y Aircraft Guaranty Corporation Holding (AGB), compañías que, según la justicia estadounidense, fueron parte de un esquema para facilitar el lavado de dinero, el narcotráfico y fraudes millonarios. La principal accionista de ambas firmas era Mercer-Erwin.

Las causas judiciales en Texas revelan que, entre 2017 y 2020, WBAT, South Aviation y Machado movieron más de 350 millones de dólares en operaciones que la DEA, el FBI y Homeland Security identificaron como parte de una red transnacional delictiva. De ese flujo de fondos, Machado habría obtenido al menos 70 millones de dólares. Los investigadores aseguran que ni un solo dólar que pasó por WBAT tenía origen lícito.

El caso argentino tomó mayor dimensión cuando Juan Grabois, dirigente político, denunció a Espert por lavado de dinero. La justicia local allanó tanto sus oficinas en el Congreso como su domicilio particular, tras la aprobación de 215 diputados y a pedido del juez de la causa. El allanamiento a la casa de Machado en Viedma, donde cumple prisión domiciliaria desde 2021, permitió encontrar el contrato entre Minas del Pueblo y Espert.

El entramado narco-empresarial incluía la venta irregular de jets a extranjeros, algunos de los cuales fueron utilizados para transportar grandes cargamentos de cocaína. Según la acusación, el sistema de registro aeronáutico estadounidense era manipulado para facilitar estas operaciones. En una entrevista desde su arresto domiciliario, Machado admitió vínculos con algunos de estos aviones, incluso bromeando sobre su relación con la dueña de una de las aeronaves incautadas con droga en Guatemala, pero insistió en que no era responsable.

Antes de su detención en Argentina, Machado vació las cuentas de sus empresas y fue rastreado por una interventora judicial estadounidense, que sólo logró recuperar una mina en Guatemala, propiedades inmobiliarias y un jet Bombardier Challenger 601, que había sido utilizado por Espert durante su campaña electoral de 2019. El avión fue localizado en Nueva Jersey con deudas e imposibilitado de volar.

El caso sigue generando repercusiones en la política argentina y suma interrogantes sobre los mecanismos de financiamiento de campañas, el control sobre fondos internacionales y la transparencia en los vínculos empresariales y políticos. A medida que avanzan las investigaciones, el alcance y las consecuencias de esta red parecen apenas comenzar a salir a la luz.