Un nuevo episodio de irregularidades sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), esta vez en la provincia de Misiones, donde beneficiarios de pensiones por invalidez fueron citados bajo amenaza de perder sus derechos y atendidos en condiciones indignas por personas sin la debida formación profesional. La situación salió a la luz cuando se descubrió que los certificados emitidos a los asistentes portaban la firma y sello falsificados de un reconocido cardiólogo de Pergamino, Buenos Aires.
El operativo tuvo lugar en la ciudad de San Ignacio, donde cientos de personas discapacitadas, previamente intimadas a presentarse para no perder su pensión, fueron recibidas en un precario restaurante abandonado. Largas filas y esperas bajo la intemperie marcaron la jornada, que concluyó con la entrega de una “Constancia de Asistencia Evaluación ANDIS”. Estos papeles carecían de sello oficial y membrete de la agencia, y mostraban la supuesta firma del médico Leandro Peñaloza junto a un número de matrícula ilegible.
La constancia indicaba que los beneficiarios debían enviar copia del documento recibido a la ANDIS en un plazo máximo de 30 días, advirtiendo sobre posibles consecuencias en caso de incumplimiento. Para remitir la documentación, se les ofrecían distintas alternativas, como la plataforma “Trámites a distancia”, las oficinas de ANSES o el centro de atención de la ANDIS más cercano; sin embargo, la agencia no cuenta con sede en la provincia de Misiones, dificultando aún más el acceso a un trámite regular.
Consultado por la prensa, el doctor Leandro Peñaloza negó rotundamente cualquier vínculo con la agencia y denunció la falsificación de su firma y sello: “La tipografía y la firma no coinciden, es una usurpación de mi identidad”, explicó el médico, quien lleva más de 50 años de ejercicio profesional en Pergamino. Peñaloza también remarcó que los estudiantes, incluso si fueran de medicina, no están habilitados para realizar evaluaciones de discapacidad: “No pueden expedir esas constancias, lo sé por experiencia en la emisión de certificados únicos de discapacidad”.
El facultativo tomó conocimiento de la maniobra fraudulenta el mismo viernes y de inmediato se puso en contacto con un fiscal de Pergamino. Además, anticipó que presentará una denuncia penal por usurpación de identidad. “En 54 años de ejercicio, es la primera vez que me pasa algo así”, declaró con sorpresa y enojo.
Peñaloza también desmintió cualquier relación con agrupaciones políticas, en particular con La Libertad Avanza, ante rumores que circularon intentando vincularlo a esa fuerza: “No tengo ninguna relación con ese espacio”, aseguró. Sobre la posibilidad de un robo de sello, el médico aclaró que el utilizado en los certificados apócrifos ni siquiera corresponde al suyo: “La tipografía es diferente y, al tramitar un sello, se requiere acreditar identidad y matrícula profesional”.
El caso se conoció apenas horas después de que el Gobierno de Misiones presentara ante la Justicia Federal un recurso de amparo para frenar las auditorías sobre las pensiones por discapacidad y revertir las bajas dispuestas por la ANDIS. La presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, reveló que la presentación judicial incluyó más de un centenar de casos con serias irregularidades. “No se puede garantizar transparencia cuando no hay médicos ni profesionales en el proceso”, expresó Antúnez.
En el documento judicial, se exigió la restitución inmediata de todas las pensiones no contributivas suspendidas sin notificación válida y se reclamó que las auditorías sean ejecutadas bajo condiciones profesionales, transparentes y accesibles para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Finalmente, Antúnez fue enfática: “El Gobierno Nacional no puede desentenderse de su obligación constitucional. Puede auditar, pero debe hacerlo con transparencia y sin vulnerar derechos”. El escándalo abre un nuevo frente de cuestionamientos a la gestión de la ANDIS y deja expuesta la precariedad en la que muchos ciudadanos deben defender sus derechos más básicos.


