La investigación judicial sobre el manejo de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio un giro decisivo. El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky citó para el 2 de febrero al empresario Guillermo Tofoni, considerado una pieza clave para reconstruir presuntas maniobras de desvío millonario de dinero hacia el exterior vinculadas a la estructura que rodea al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a su tesorero, Pablo Toviggino.
Tofoni fue durante años el representante de la AFA en el extranjero, hasta que en 2021 fue desplazado y reemplazado por el empresario teatral y deportivo Javier Faroni. Tras la ruptura del vínculo contractual, Tofoni inició una demanda en la Justicia de Estados Unidos alegando haber sido víctima de un fraude cuando la AFA le rescindió su contrato. En ese contexto se abrió un procedimiento de discovery que expuso una presunta red de empresas fantasma ligadas a TourProdEnter, la firma de Faroni, a través de las cuales se habrían canalizado millones de dólares generados por la recaudación internacional de la AFA.
De acuerdo con fuentes judiciales, el fiscal Claudio Navas Rial solicitó la declaración de Tofoni como testigo para que aporte toda la documentación y registros sobre movimientos financieros sospechosos relacionados con Faroni, señalado como agente recaudador de Tapia y Toviggino en el exterior. La expectativa en los tribunales es que su testimonio permita conectar la causa local con los hallazgos del sistema judicial estadounidense y darle una proyección internacional al expediente.
El caso se inició a partir de una denuncia presentada por Elisa Carrió, el legislador porteño Facundo del Gaiso y Matías Yofe. En el centro de la pesquisa aparece una lujosa mansión en Pilar, valuada en unos 17 millones de dólares, cuyo supuesto propietario formal es Luciano Pantano. La pista que más avanzó hasta ahora es la de la tarjeta corporativa American Express a nombre de Pantano, que registra consumos mensuales del orden de los 50 millones de pesos.
Según explicó la ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Alicia López, esa tarjeta constituye un elemento central para cerrar el circuito probatorio y, en su opinión, ya coloca al juez en condiciones de avanzar hacia eventuales llamados a indagatoria a dirigentes de la cúpula de la AFA. No obstante, Aguinsky resolvió primero profundizar la etapa testimonial mientras la Cámara Federal de San Martín define si él o el juez de Zárate-Campana, Adrián González Charvay, será finalmente el magistrado competente.
Con el aval de la Cámara en lo Penal Económico para seguir tramitando el expediente durante la feria judicial, Aguinsky comenzará desde el lunes a tomar declaración a empleados de baja jerarquía de la AFA y a los pilotos del helicóptero que trasladaba personas hacia la mansión de Pilar. En el caso de estos últimos, las audiencias se realizarán bajo estricta reserva por razones de seguridad.
La tarjeta de Pantano también quedó en el centro de otro hallazgo. Un informe remitido por la distribuidora eléctrica Edenor reveló que con esa misma American Express, ya bloqueada por orden judicial, se pagaron servicios de luz de numerosos inmuebles que no tendrían vínculo alguno con las actividades propias de la entidad deportiva. A esto se suma que con la misma tarjeta se abonaba el Telepase de vehículos que luego fueron secuestrados en la quinta de Pilar.
En paralelo, el análisis del discovery impulsado por Tofoni en Estados Unidos permitió reconstruir una serie de transferencias al exterior efectuadas por TourProdEnter. Una de las operaciones detectadas fue el envío de 11.587 dólares a Carbello SRL, empresa argentina propietaria de los caballos que montan los hijos de Toviggino. Otro flujo de dinero tuvo como destino SOMA SRL, titular de la mansión de Pilar, en montos que, aunque menores frente al valor del inmueble, son considerados relevantes por los investigadores.
También se identificaron pagos a firmas extranjeras ligadas al mundo ecuestre, como M&H Horses Services, con sede en Francia y dedicada al transporte de caballos, y Equestrian, especializada en la compra y venta de animales de salto. Para los investigadores, estas operaciones se inscriben en un patrón de desvío de fondos provenientes de la AFA hacia estructuras ajenas a su objeto social.
Otro envío llamativo fue una transferencia de 40 mil dólares a favor de María Florencia Sartirana, actual pareja de Toviggino y ex empleada de la AFA. En la documentación bancaria figura como dirección en Miami la misma sede utilizada por la empresa de Faroni, un dato que refuerza las sospechas sobre la trama societaria y financiera en torno a TourProdEnter.
Del expediente estadounidense también surgieron registros de movimientos por unos 4 millones de dólares a nombre de Dicetel, bajo el concepto de cursos de “filosofía del management”. Los investigadores destacan que estas operaciones replican el mismo esquema atribuido a la empresa de Faroni para desviar cerca de 42 millones de dólares procedentes de la recaudación internacional de la AFA hacia compañías sin actividad real, entre ellas Velpasalt LLC, Marmasch LLC, Soagu Services LLC y Velp LLC.
Fuentes del caso subrayan que la intervención temprana de la Justicia busca frenar un perjuicio económico que consideran continuado, evitar que se consoliden pérdidas difíciles de revertir y cortar la proyección futura del daño, sin perjuicio de las eventuales acciones civiles que pudieran promoverse más adelante.


