En una serie de movimientos vertiginosos, el gobierno de Chubut y la firma pesquera Red Chamber protagonizaron en las últimas semanas una saga que mantiene en vilo a la industria pesquera patagónica y pone bajo la lupa la seguridad jurídica para inversores extranjeros en Argentina.

Todo comenzó con la decisión del gobernador Ignacio Torres de rescindir el contrato que desde 2014 ligaba a la provincia con Red Chamber, empresa que opera en la región tras la expropiación de Alpesca. La medida fue justificada por presuntos incumplimientos contractuales, aunque la compañía estadounidense aseguró que la rescisión carecía de sustento legal y la calificó como un acto de inseguridad jurídica. Según el CEO de Red Chamber Argentina, Marcelo Mou, la empresa había invertido más de 70 millones de dólares y generado 500 empleos directos en Puerto Madryn, además de exportar 250.000 toneladas de productos del mar a más de 30 países.

El conflicto escaló rápidamente a nivel internacional. Red Chamber presentó un dossier ante la Embajada de Estados Unidos y el Departamento de Estado, donde alertó sobre el impacto negativo de la decisión en la inversión extranjera. La provincia, sin embargo, se mantuvo firme y exigió el reintegro de los bienes de Alpesca y AP Holding a su patrimonio, estableciendo un plazo hasta septiembre de 2025 para la entrega y requiriendo una transición ordenada del personal involucrado.

La tensión aumentó el 30 de septiembre, cuando Red Chamber presentó una denuncia civil en un tribunal federal de California contra la multinacional pesquera Profand, a la que el gobierno de Torres había transferido los activos de la ex Alpesca. En la demanda se mencionaron graves acusaciones: violación de secretos comerciales, interferencia contractual y, sobre todo, presuntos pedidos de coimas por parte de funcionarios del gobierno chubutense, incluyendo al propio gobernador Torres y al ministro de Economía, Andrés Meiszner. El documento hacía referencia a un supuesto soborno de 6,5 millones de dólares y mencionaba comunicaciones electrónicas como prueba. La denuncia, enmarcada en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE.UU., alcanzaría penas de hasta veinte años de prisión en caso de comprobarse.

El gobierno provincial rechazó categóricamente cualquier hecho ilícito. Meiszner explicó que su rol fue estrictamente legal y que el conflicto giró en torno al impago del canon locativo y a inversiones comprometidas y no realizadas por Red Chamber. Subrayó que la empresa nunca presentó una denuncia penal contra el gobierno provincial ni en Argentina ni en el exterior y que la demanda en EE.UU. es un diferendo entre privados en el que Chubut no es parte.

En un inesperado giro, el 1 de noviembre la gestión de Torres anunció un acuerdo de conciliación con Red Chamber, permitiendo a la firma retener ciertos activos y construir una nueva planta industrial en la Zona Franca de Trelew. El acuerdo, en proceso de homologación judicial, prevé también un marco legal estable bajo el Tratado Bilateral de Inversión entre Argentina y Estados Unidos y la renuncia recíproca a reclamos previos.

Sin embargo, la solución no calmó las aguas. Varias cámaras empresariales pesqueras, entre ellas CAPIP, CAFACH y la Cámara del Golfo, expresaron su preocupación por la posibilidad de que se otorgaran nuevos permisos de pesca a Red Chamber por vías excepcionales. Temían que el Ejecutivo provincial utilizara mecanismos extraordinarios, como un DNU, para ampliar de 40 a 42 los permisos, lo que consideraron un riesgo institucional. La presión sectorial llevó al retiro, este lunes, del proyecto de ampliación de permisos enviado a la Legislatura.

Consultados por la prensa, voceros de Red Chamber evitaron polemizar sobre las acciones del Ejecutivo, limitándose a celebrar oficialmente el nuevo acuerdo con el gobierno chubutense. Así, en un contexto donde la pesca representa casi el 19% de las exportaciones provinciales y cerca de la mitad de las exportaciones pesqueras nacionales, el caso Red Chamber deja abiertas preguntas sobre la estabilidad, transparencia y futuro del sector en una de las regiones clave para la economía argentina.