Un reciente informe de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) reveló un marcado contraste en la distribución y el costo del empleo público en las provincias argentinas. Según el relevamiento, a fines de 2024 el país presentaba un promedio de 50 empleados públicos provinciales por cada 1.000 habitantes, aunque las diferencias entre regiones resultan notables.
Provincias con mayor peso estatal
El análisis pone en evidencia que Tierra del Fuego sobresale como la jurisdicción con la mayor presencia de trabajadores estatales: 130 empleados públicos provinciales cada 1.000 habitantes. Le siguen La Rioja (114), Catamarca (106), Neuquén (105) y Santa Cruz (104). Estas cifras triplican o incluso cuadruplican las de las regiones con menor cantidad de empleados estatales.
El otro extremo: predominio privado
En contraste, Córdoba (33), Buenos Aires (37), Santa Fe (42) y Mendoza (44) muestran valores sensiblemente inferiores. Allí, el sector privado tiene un peso mucho mayor en la generación de empleo, marcando una fuerte diferencia respecto de las provincias patagónicas y del norte.
Factores estructurales y políticos
¿A qué se deben estas diferencias? De acuerdo con el análisis de Ecosur, las causas son tanto estructurales como políticas. La densidad poblacional, la estructura productiva y las decisiones políticas sostenidas a lo largo del tiempo juegan un papel fundamental para explicar por qué algunas provincias dependen más del Estado como empleador.
El mapa del gasto y los salarios
Las disparidades no solo se evidencian en la cantidad de empleados, sino también en los montos que las provincias destinan al pago de salarios y cargas sociales. Neuquén, Tierra del Fuego y Santa Cruz encabezan el ranking nacional de gasto en personal per cápita, triplicando o más a Buenos Aires, Mendoza, Santiago del Estero y Córdoba, que se encuentran en el fondo de la tabla.
En términos concretos, las provincias con menor gasto asignan menos de un millón de pesos por habitante al año, mientras que las patagónicas superan ese nivel ampliamente.
Costo laboral: grandes diferencias
Un aspecto clave del informe es el cálculo del costo laboral promedio de cada administración provincial. Neuquén y Santa Cruz lideran con $3,1 millones y $2,8 millones mensuales por empleado, respectivamente. Ciudad de Buenos Aires, Chubut y Tierra del Fuego también se ubican entre las más altas, con valores que rondan los $2,2 a $2,3 millones por mes.
En el extremo opuesto, La Rioja, Jujuy, San Luis y Santiago del Estero presentan costos laborales notoriamente más bajos, entre $1,1 y $1,4 millones mensuales por trabajador estatal. Llama la atención el caso de La Rioja y Jujuy: pese a tener una alta proporción de empleados públicos, sus remuneraciones resultan considerablemente inferiores al promedio nacional.
Evolución del empleo público y los salarios
En la última década, el empleo público provincial creció a un ritmo moderado del 1,2% anual, apenas por encima del aumento poblacional (0,9%). Sin embargo, el gasto en personal y los salarios variaron notablemente según el ciclo político nacional.
Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la planta de empleados nacionales aumentó un 34%, mientras que con Mauricio Macri se redujo un 10%. Luego, con Alberto Fernández, volvió a crecer un 4% y bajo la gestión de Javier Milei cayó un 16%.
El gasto en personal también acompañó estas oscilaciones: creció 20% en términos reales durante la segunda presidencia de Fernández de Kirchner, avanzó un 4% con Fernández, descendió 11% con Macri y se redujo 15% en el primer año de Milei.
El salario público, en retroceso
El costo laboral promedio en las provincias es hoy 15% menor al de 2011, y en la administración nacional, la caída llega al 40%. El Índice de Salarios del Indec muestra que el salario real del sector público se contrajo un 39% desde 2011, superando la caída registrada en el sector privado formal (23%).
El mapa del empleo público argentino revela así profundas diferencias territoriales, tanto en la cantidad de empleados como en el peso fiscal y el nivel de los salarios estatales, condicionadas por factores históricos, económicos y políticos que siguen delineando la realidad de cada provincia.
