A pocos días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, un conflicto sobre la reimpresión de las boletas únicas ha ocupado el centro de la escena política. El fiscal federal con competencia electoral, Ramiro González, respaldó la postura de la Junta Electoral Nacional del distrito y consideró inviable volver a imprimir las boletas antes de los comicios del 26 de octubre, decisión que ahora deberá ser evaluada por la Cámara Nacional Electoral.

El debate se desató tras la renuncia de José Luis Espert a encabezar la lista de La Libertad Avanza (LLA), luego de que se conocieran aportes recibidos en 2019 por parte de un empresario vinculado al narcotráfico. Ante esta situación, el Gobierno propuso que Diego Santilli tomara su lugar, pero el juez Alejo Ramos Padilla, a cargo del fuero electoral, inicialmente dictaminó que la reemplazante debía ser Karen Reichardt, segunda en la lista. Finalmente, la Cámara Nacional Electoral resolvió permitir que Santilli encabezara la boleta, lo que reavivó la discusión sobre si era posible modificar y reimprimir los instrumentos de votación a tan pocos días de la elección.

En su dictamen, el fiscal González analizó los informes técnicos presentados por el Correo Argentino, la Dirección Nacional Electoral y los funcionarios responsables del control de las boletas. Todos coincidieron en que el tiempo era insuficiente para llevar a cabo una reimpresión y distribución de casi cuarenta mil talonarios en los 40.000 locales de votación habilitados en la provincia, donde cerca de 14 millones de bonaerenses están habilitados para votar. González sostuvo que permitir la reimpresión era “fácticamente imposible” y podría poner en riesgo la realización misma de las elecciones.

El dictamen subraya que el calendario electoral establece plazos estrictos para la aprobación, impresión y distribución de las boletas. Según los informes, la fecha límite para enviar los archivos a imprenta fue el 11 de octubre, y cualquier alteración del cronograma comprometería la transparencia y regularidad del proceso. «Retrotraer el avanzado cronograma electoral a instancias ya concluidas con el objeto de evitar una probable confusión en la oferta electoral de una agrupación es muy complejo de abordar. Pero cuando lo que se pone en riesgo es la elección misma, la conclusión es forzosa», remarcó el fiscal.

Además, la Junta Electoral hizo hincapié en la necesidad de preservar la estabilidad del calendario, garantizar la igualdad y la transparencia del sufragio, y evitar gastos extraordinarios que podrían abrir la puerta a nuevas demandas similares y desestabilizar las finanzas públicas. El costo de la reimpresión solicitado por LLA superaba los 12.100 millones de pesos, cifra que fue considerada injustificable.

El Ministerio del Interior, responsable de la impresión y distribución de las boletas, había presentado un cronograma alternativo para ingresar a imprenta y asegurar el envío a los puntos de votación. Sin embargo, la Junta Electoral consideró que, además de la imposibilidad material y temporal, el pedido era jurídicamente improcedente porque contradecía el régimen de plazos y competencias del Código Electoral Nacional.

El dictamen de González también resalta la importancia de garantizar elecciones libres de confusiones, pero señala que las eventuales dificultades derivadas de la “oferta electoral” de una agrupación no pueden anteponerse al derecho de toda la ciudadanía a votar en condiciones de normalidad. En base a este análisis, el fiscal sostuvo que ordenar una nueva impresión de boletas sería “inoficioso e ineficaz” y que las etapas legales para hacerlo ya estaban superadas.

La última palabra la tendrá la Cámara Nacional Electoral, que en las últimas horas validó la candidatura de Santilli, pero aún debe definir si corresponde, pese a los plazos vencidos y el dictamen fiscal, reimprimir las boletas. Mientras tanto, la pulseada entre el oficialismo, que busca que Espert no figure en el cuarto oscuro, y la oposición, que pretende lo contrario, suma un nuevo capítulo en la previa de una de las elecciones más relevantes del calendario político argentino.