En el acceso principal a Río Gallegos sobre la Ruta 3, un predio de 13 hectáreas permanece repleto de maquinaria, vehículos y restos de lo que alguna vez fue Austral Construcciones, la empresa más emblemática de Lázaro Báez. Este lugar, símbolo de una era y de múltiples escándalos, acaba de pasar oficialmente a manos del gobierno de Santa Cruz tras una subasta judicial. La firma, que fue el principal engranaje de la obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, terminó en la quiebra y bajo investigación por graves delitos económicos.

De expansión meteórica a la debacle judicial

Austral Construcciones nació apenas doce días antes de la asunción de Néstor Kirchner en 2003. A partir de entonces, la empresa de Báez se convirtió en la mayor adjudicataria de obra vial gracias a 51 contratos otorgados por el Estado nacional, por un monto total de 46.000 millones de pesos. Sin embargo, la Justicia determinó que en la mayoría de estas licitaciones existieron irregularidades que favorecieron a la compañía y a su dueño, permitiendo el desvío y lavado de fondos públicos.

Entre 2010 y 2013, Austral Construcciones fue utilizada, según sentencias judiciales, para lavar 55 millones de dólares. Además, su patrimonio creció un asombroso 42.678% durante los gobiernos kirchneristas, mientras que el de Báez aumentó un 12.127%, alcanzando los 205 millones de dólares.

La caída tras el cambio de gobierno

La empresa comenzó su declive tras la salida de Cristina Kirchner del poder en 2015. El gobierno de Mauricio Macri rescindió los últimos 24 contratos que le quedaban y las causas judiciales por lavado de dinero, evasión y defraudación la dejaron sin margen operativo. Austral entró en quiebra en 2018, dando inicio a una serie de remates de bienes bajo su titularidad, que incluían desde departamentos en Buenos Aires hasta este predio en Santa Cruz.

La subasta pública del terreno de Río Gallegos ofreció pocas alternativas: el gobierno provincial fue el principal oferente y se quedó con la propiedad por dos millones de dólares. Recién este jueves, el gobernador Claudio Vidal tomó posesión formal del lugar, recorriendo junto a funcionarios provinciales unas instalaciones marcadas por el abandono y el deterioro. Allí encontraron maquinaria oxidada, vehículos desguazados, herramientas dispersas y cajas con documentación, testigos mudos de una estructura que, según Vidal, «es el resultado de la corrupción».

Un lugar clave en la trama judicial

Las instalaciones de Austral Construcciones fueron epicentro de maniobras que derivaron en la condena de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros exfuncionarios y empresarios por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. En paralelo, la causa conocida como «la Ruta del Dinero K» determinó que Báez utilizó Austral y otras empresas del grupo para canalizar dinero estatal hacia negocios privados, incluyendo la administración de hoteles pertenecientes a la familia Kirchner. Entre 2009 y 2013, Báez pagó a la expresidenta casi 28 millones de pesos por la explotación de hoteles, y durante 2010 y 2011, la mitad de la facturación del Alto Calafate provino de Austral y otras empresas del grupo.

Un nuevo destino para el predio

El futuro del predio parece estar alejado de las prácticas que lo hicieron tristemente célebre. El gobierno santacruceño planea instalar allí un Centro Comercial Industrial que albergará diversas fábricas, entre ellas una planta de alimentos balanceados, una fábrica de puertas y un laboratorio, entre otros emprendimientos interesados. El objetivo es transformar el espacio en un polo productivo que pueda devolverle utilidad y valor a una propiedad marcada por la corrupción y el abandono.

Mientras tanto, la Justicia sigue adelante con la liquidación de los bienes de Austral Construcciones y la investigación sobre el destino de los fondos públicos canalizados durante más de una década. El traspaso de este predio a manos estatales se inscribe en un proceso que busca cerrar una etapa y abrir otra, en la que el pasado de corrupción quede finalmente atrás.