A menos de diez días de las elecciones nacionales, el Gobierno argentino, a través del Ministerio de Salud, logró un acuerdo clave con la Confederación General del Trabajo (CGT) para destrabar el pago de una deuda millonaria reclamada por las obras sociales sindicales. Este viernes, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) comenzó a aprobar los expedientes atrasados, habilitando la distribución de $62.000 millones que serán pagados en tres cuotas entre octubre y diciembre.

La decisión, que ya había sido anticipada en negociaciones reservadas entre el ministro de Salud, Mario Lugones, y referentes sindicales, fue confirmada por distintas fuentes del sector. Representantes de la CGT y responsables de obras sociales consultados ratificaron que las organizaciones comenzaron a recibir la aprobación de los expedientes y que en las próximas horas se espera la transferencia de los fondos comprometidos.

En el caso de OSECAC, la obra social del gremio de Comercio, la deuda reclamada asciende a $9.000 millones. Sin embargo, según expresaron desde la institución, el Gobierno se comprometió a cancelar $6.000 millones, también en tres cuotas, comenzando en los próximos días. Aunque el compromiso de pago fue confirmado, dirigentes sindicales señalaron que aún persisten dudas respecto a la fuente de financiamiento definida por el Ejecutivo.

Entre las hipótesis que circulan en la cúpula sindical, algunos sostienen que los recursos podrían provenir de fondos remanentes y bonos administrados por la Superintendencia de Servicios de Salud. Otros, en cambio, apuntan al Tesoro Nacional, específicamente a una partida de $148.000 millones asignada a salud en el último presupuesto aprobado durante la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa. De esa suma, unos $70.000 millones habrían quedado sin ejecutar, según fuentes gremiales.

La decisión de cancelar la deuda en este momento generó interrogantes dentro del sindicalismo. “¿Por qué pagar ahora, a pocos días de las elecciones?”, se preguntan algunos dirigentes, quienes descartan que el giro de fondos se deba a una presión reciente de la CGT. Aseguran que fue el propio Lugones quien se comunicó con dirigentes sindicales para expresar la voluntad oficial de resolver los expedientes pendientes, y remarcan que no hubo, en contrapartida, ningún pedido concreto del Gobierno para moderar la conflictividad gremial en el cierre del año.

Algunos atribuyen la medida a un gesto personal de Lugones hacia el sindicalismo, con el que mantiene una relación de larga data, mientras que otros —especialmente en la mesa chica de la CGT— consideran que la decisión de destrabar los pagos apunta a facilitar el diálogo con los sindicatos en vistas a una futura negociación por la reforma laboral, tras las elecciones legislativas.

En ese sentido, Gerardo Martínez, líder de la UOCRA y figura influyente dentro de la CGT, ratificó la disposición del sindicalismo a debatir una “modernización laboral”, aunque criticó la falta de diálogo por parte de la administración de Javier Milei. “No hay ninguna fuerza política que pueda resolver sola los problemas de Argentina. El diálogo es la llave maestra para generar virtudes”, señaló Martínez. Además, desestimó que el sindicalismo actúe como obstáculo para los cambios, destacando la capacidad de adaptación del sector y su compromiso con los procesos productivos.

La cancelación de la deuda a las obras sociales sindicales reconfigura el escenario de las relaciones entre el Gobierno y el movimiento obrero a días de los comicios, abriendo interrogantes sobre la estrategia oficial de cara a las futuras reformas y el posible recambio en el gabinete tras las elecciones.