Un operativo de Gendarmería Nacional en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú permitió desarticular un presunto plan para asesinar al juez federal de Paraná, Leandro Ríos, y al fiscal general del Tribunal Oral, José Ignacio Candioti. La maniobra habría sido impulsada desde la cárcel por el empresario ganadero entrerriano Leonardo Airaldi, conocido como el “estanciero narco”, quien aguarda el inicio de un juicio como supuesto jefe de una organización dedicada al tráfico de drogas.
El allanamiento se realizó en el Pabellón E de la prisión de Gualeguaychú, por orden del juez federal de esa ciudad, Hernán Viri, a pedido del fiscal federal Pedro Rebollo y con la coordinación del ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia. Según fuentes judiciales, la irrupción de las fuerzas federales se produjo tras la declaración de un interno vinculado al narcotráfico, que aportó datos sobre la trama criminal.
De acuerdo con ese testimonio, Airaldi habría encargado el asesinato de Ríos y Candioti como represalia por la causa que lo llevará al banquillo en los próximos días. El recluso relató que el ganadero consideraba que el juez le había “inventado” un expediente y que el fiscal ya tendría acordada una condena de 15 años en el juicio que comienza este martes. A partir de esa denuncia se activó una investigación que derivó en el operativo en la cárcel.
La versión que maneja la Justicia indica que Airaldi habría pagado 40 mil dólares a un sicario uruguayo para ejecutar a los dos funcionarios judiciales durante supuestas vacaciones en Punta del Este. Sin embargo, se confirmó que ni Ríos ni Candioti viajaron a Uruguay en esta temporada ni tenían previsto hacerlo. El dato sobre el presunto pago al sicario fue difundido por la revista Análisis y luego ratificado por fuentes judiciales consultadas.
En el allanamiento en la Unidad Penal 9, en el que participaron efectivos de Gendarmería con asiento en Gualeguaychú y agentes de la Policía de Entre Ríos, se secuestraron teléfonos celulares, anotaciones, documentación y una cantidad de cocaína, elementos que ahora serán peritados. Los investigadores consideran que el material incautado puede aportar pruebas clave sobre la organización del plan homicida y sobre el funcionamiento de la red narco atribuida a Airaldi.
El caso generó preocupación en la cúpula del Poder Judicial. El presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, se mantiene al tanto de la evolución de la causa, se comunicó personalmente con el juez Ríos y el fiscal Candioti y coordina con fuerzas federales la implementación de medidas de protección. La investigación a cargo del fiscal Rebollo ya notificó formalmente a ambos funcionarios y se dispusieron dispositivos de seguridad específicos para ellos.
Leonardo Airaldi, ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante y figura con vínculos en el entramado político y social de Entre Ríos, será juzgado como presunto jefe de una organización narcocriminal que operaba en Diamante y Paraná. La instrucción de la causa, llevada adelante por el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, lo ubica en un rol central dentro de una estructura dedicada tanto a la venta minorista como al abastecimiento mayorista de estupefacientes.
Según la resolución de elevación a juicio, las pruebas se apoyan en escuchas telefónicas, registros de comunicaciones y tareas de inteligencia que lo señalan como coordinador de la provisión y circulación de droga en distintas zonas de la provincia. La investigación también lo vincula con una trama logística en Rosario y con presuntos ingresos de cocaína desde Paraguay, utilizando islas y campos bajo su control como puntos de paso.
Las audiencias del juicio oral comenzarán el 24, con la citación de 51 testigos que declararán sobre dos expedientes: el que reconstruye el funcionamiento de la banda en Diamante y Paraná, y el que se originó en Santa Fe tras el hallazgo de 30 kilos de cocaína en la vivienda de un puestero de Airaldi en Puerto Gaboto. El fiscal general José Ignacio Candioti y el fiscal adjunto Juan Podhainy estarán a cargo de la acusación, y se analiza la posibilidad de acuerdos con integrantes de menor rango dentro de la organización.
Además de Airaldi, están imputados Cristian Sánchez, Sebastián Agustín Armocida, Joel Damián Schonfeld, Gonzalo Olivero, Juan Andrés Erbes, Marino Martínez, María Soledad Touzet, Emanuel Enrique Cuello, José Nicolás Godoy, Armando Marcelo Balcaza, Roberto Fabián Coronel y Carlos David Schumacher. La causa es considerada una de las más relevantes en la provincia por el volumen de droga involucrado y por el perfil público del principal acusado.
El intento de atentado generó una reacción inmediata de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN), que difundió un comunicado de repudio frente a la amenaza contra las vidas de Candioti y Ríos. La entidad reclamó el castigo de los responsables y subrayó la gravedad institucional del episodio, al tiempo que exigió a los organismos del Estado la adopción urgente de medidas de resguardo.
En su pronunciamiento, la AFFUN recordó el antecedente del asesinato de un reconocido fiscal en un país vecino como señal de alarma y pidió que se garantice la seguridad no solo de los magistrados, sino también de sus familias y equipos de trabajo. La asociación advirtió que, en el marco del nuevo sistema acusatorio, los fiscales asumen el rol de directores exclusivos de las investigaciones penales, lo que incrementa su exposición a riesgos y exige una actualización de los protocolos de protección.
