Las campañas electorales en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires están atravesando un nuevo escrutinio sobre su financiamiento, en medio de la polémica desatada tras el escándalo protagonizado por Fred Machado. A raíz de este caso, la mayoría de las alianzas políticas más importantes optaron por informar únicamente los aportes estatales en sus informes previos de gastos, omitiendo la identificación de quienes realizan donaciones privadas.

De acuerdo a la legislación vigente, los partidos deben presentar un informe de gastos diez días antes de las elecciones y otro definitivo noventa días después, momento en el cual están obligados a revelar la identidad de todos los donantes privados. Sin embargo, en la instancia previa, la falta de transparencia genera inquietud sobre el origen de los fondos, especialmente luego de que se conocieran antecedentes oscuros en el financiamiento político.

El caso de Fred Machado, señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico en Estados Unidos y quien habría financiado vuelos y transferido 200 mil dólares a la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019, provocó la renuncia del economista a su candidatura y reavivó el debate sobre la opacidad en la financiación de campañas. A este antecedente se suma el histórico aporte de 200 mil dólares del empresario Sebastián Forza, víctima del Triple Crimen de General Rodríguez, a la campaña de Cristina Kirchner y Julio Cobos en 2007, un hecho que dejó un precedente inquietante entre los partidos.

En los informes entregados recientemente a la Cámara Nacional Electoral, partidos como Fuerza Patria —que postula a Jorge Taiana como primer candidato a diputado— declararon haber recibido 1.004 millones de pesos en fondos públicos y ninguno de privados, aunque estiman recibir tres millones de donaciones privadas sin dar nombres. En la provincia, La Libertad Avanza, con Diego Santilli como figura principal, consignó 334 millones de pesos provenientes del Estado y calculó que podrían sumarse 750 millones de privados, pero tampoco identificó a los potenciales aportantes.

Entre las pocas excepciones que optaron por la transparencia se encuentra el partido Potencia, que lleva a María Eugenia Talerico como candidata, declarando 66 millones de aportes públicos y 122 millones de privados, con una lista completa de donantes encabezada por Jorge Canay, quien aportó 22 millones de pesos. La Coalición Cívica ARI, con Juan Manuel López como primer candidato, también difundió los nombres de quienes hicieron aportes privados, aunque restringe las donaciones solo a personas físicas y no acepta fondos de empresas.

En la Capital Federal, la tendencia es similar. Fuerza Patria, con Itai Hagman como candidato a diputado, reportó 109 millones de aportes públicos y una previsión de 32 millones de privados, sin detalles sobre los donantes. Para la campaña a senadores liderada por Mariano Recalde, se declararon 285 millones de fondos estatales y una estimación de 80 millones de privados, igualmente sin identificar nombres.

Por otra parte, Ciudadanos Unidos, que propone a Martín Lousteau como candidato a senador, reportó 143 millones estatales y 25 millones privados, esta vez sí acompañados por una lista de aportantes. Graciela Ocaña, candidata a diputada de la misma alianza, declaró 78 millones públicos y 25 privados, también con identificación de donantes. Potencia, con el general (RE) Juan Martín Paleo como candidato a senador, informó 40 millones públicos y 110 privados, detallando que el propio ex jefe del Estado Mayor Conjunto figura entre los aportantes. En la campaña de diputados encabezada por Ricardo López Murphy, se declararon 109 millones públicos y 32 privados, todos identificados.

El director de la organización Poder Ciudadano, Pablo Secchi, advirtió sobre la llamativa escasez de ingresos privados informados y subrayó que la omisión de los donantes sigue siendo un desafío para el control ciudadano y la labor de la justicia electoral. Según Secchi, la auditoría sobre los informes finales será clave para garantizar la transparencia, especialmente en rubros como la publicidad en redes sociales, donde se concentra el mayor gasto en la actualidad.

El reparto de fondos públicos, según explicó Poder Ciudadano, depende de la cantidad de electores por distrito y se distribuye entre los partidos en parte igualitaria y en parte proporcional a los resultados de la última elección. Por esta razón, Fuerza Patria, con fuerte presencia del PJ, es el principal beneficiario de los recursos estatales.

En definitiva, el clima de sospecha y la reticencia a aportar información sobre fondos privados marcan la previa electoral, mientras la sociedad y los organismos de control esperan los informes finales para conocer en detalle quiénes están detrás del financiamiento de la política argentina.