En noviembre de 2021, un intento de estafa millonaria sacudió las oficinas de la administración pública argentina. Todo comenzó cuando dos mujeres se presentaron en la Jefatura de Gabinete de la Nación y en el Banco Central, reclamando el cobro de 330 millones de pesos, supuestamente avaladas por un documento firmado por el fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar.

Sin embargo, la maniobra se desmoronó rápidamente. Consultado por los organismos involucrados, el fiscal Villar negó rotundamente haber firmado el permiso de pago y remarcó que su función no contemplaba autorizar desembolsos de dinero. De inmediato, solicitó que se preserve el documento, las grabaciones de seguridad y presentó una denuncia penal que desencadenó una investigación judicial de gran alcance.

La pesquisa llevó a un allanamiento en la casa de una de las involucradas, Roxana Andrea Plastina, en Avellaneda. Allí, los investigadores hallaron un verdadero arsenal de documentos apócrifos: 26 papeles con membretes y firmas falsas de figuras de alto perfil, como los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, el ex presidente Mauricio Macri, el entonces presidente Alberto Fernández y el propio Villar. Además, se encontró un cheque extraviado desde 2016 del banco Macro por 723 millones de pesos y formularios falsificados de diversos organismos públicos.

Parte de estos documentos estaban dirigidos a funcionarios de primer nivel y contenían autorizaciones para pagos multimillonarios. Uno de los textos simulaba la firma de Mauricio Macri y detallaba una supuesta donación de casi 2.000 millones de pesos a nombre de Plastina. Otro autorizaba a una mujer llamada Victoria Cristina Vergani a cobrar 2.330 millones de pesos, con firmas apócrifas de Fernández, Rosenkrantz y Villar. Algunos documentos ni siquiera especificaban montos, pero sí portaban sellos y logos oficiales, que luego se comprobó que Plastina había buscado y descargado de internet.

En el celular de Plastina, la justicia halló búsquedas de emblemas oficiales, formularios y conversaciones en las que se hacía pasar por empleada de bancos y organismos estatales, ofreciendo supuestos beneficios. Una de las mujeres que la acompañó, Alejandra Attanasio, era su suegra. Según declaró, aceptó ir porque Plastina le pidió figurar como autorizada para cobrar el dinero de un juicio familiar, ya que ella misma tenía cuentas embargadas. La pericia caligráfica demostró que Attanasio no había firmado los documentos presentados, y fue sobreseída.

Los funcionarios judiciales que trabajaron en el caso calificaron los documentos como «burdos». Los emblemas carecían de especificidad institucional y las firmas correspondían a personas que no tienen atribuciones para ordenar pagos. «Nunca iba a cobrar nada», sentenció una fuente consultada por Clarín.

Plastina fue procesada por tentativa de fraude, falsificación reiterada de documentos públicos y de moneda. En octubre de 2022, ante el juez federal Julián Ercolini, se negó a declarar. Su defensa propuso la suspensión del juicio a prueba: donó 90 mil pesos al hospital de niños Garrahan y realizó tareas comunitarias en Longchamps. Cumplidos estos requisitos, fue sobreseída en diciembre del año pasado.

El caso dejó varias incógnitas. Aunque no se hallaron vínculos políticos relevantes —más allá de su afiliación a la UCR desde 2009—, algunos especularon que el propósito podría haber sido dejar asentada una maniobra ilegal para luego intentar involucrar a quienes figuraban como firmantes de los documentos falsos. El contexto político de la época, con investigaciones de alto voltaje contra figuras como Cristina Kirchner y tensiones en la Corte Suprema, alimentó sospechas sobre posibles motivaciones más allá del simple fraude económico.

El caso Plastina, que recién ahora sale a la luz, expuso la audacia de quienes intentan maniobras insólitas para hacerse de sumas millonarias y reveló las fallas y vulnerabilidades en el control de documentos oficiales. Incluso el máximo tribunal del país desconocía la causa hasta ser consultado por la prensa, y prometió tomar las acciones legales correspondientes.