La investigación por presuntas maniobras irregulares en la compra de dólar oficial durante el gobierno de Alberto Fernández suma nuevos capítulos. El fiscal federal Franco Picardi dispuso una batería de medidas para profundizar la causa que involucra a las casas de cambio de Elías Piccirillo, Francisco Hauque y Martín Migueles, y que apunta a una posible connivencia con funcionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA), responsables de controlarlas.

Según informaron fuentes judiciales, la Fiscalía envió este martes un requerimiento urgente al presidente del BCRA, Santiago Bausili. En el escrito, Picardi pidió que, en un plazo máximo de 72 horas, el Banco Central remita los legajos personales de cinco altos responsables del área de supervisión de entidades financieras: Fabián Violante, Romina García, Diego Volcic, María Valeria Fernández y Analía Fernanda Jaime.

Estos cinco funcionarios ya habían sido allanados en diciembre pasado, cuando se iniciaron las diligencias judiciales. Sus nombres surgieron a partir de material clave: una conversación telefónica que el cambista Elías Piccirillo grabó con Romina García, integrante del área de supervisión del BCRA.

En ese diálogo, García admite haber brindado asesoramiento a Francisco Hauque, uno de los cambistas investigados, pese a que esa conducta está expresamente prohibida para quienes cumplen tareas de control. Además, la funcionaria relata que recibía presiones y amenazas por parte de Hauque para que sus casas de cambio pudieran seguir operando sin trabas.

En la misma conversación, García asegura que esas situaciones fueron informadas dentro del Banco Central, pero que no se adoptaron medidas. Señala que existía “gente arriba” involucrada y que, pese a las advertencias, no se actuó frente a las irregularidades. La semana pasada, el BCRA abrió una investigación interna sobre los cinco funcionarios mencionados.

En paralelo, la Fiscalía le solicitó al juez federal Sebastián Casanello que disponga el levantamiento del secreto sobre la información de la Unidad de Información Financiera (UIF). El objetivo es determinar si existen Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) o informes de inteligencia que involucren a Piccirillo, Hauque, Migueles y a los cinco funcionarios del Banco Central bajo la lupa.

El pedido de acceso a los datos de la UIF también se extiende a cinco entidades vinculadas con los financistas investigados. Entre ellas figura “ARG. EXCHANGE”, una casa de cambio que fue clausurada en 2024. Durante el allanamiento al domicilio de la funcionaria Analía Jaime se halló un sumario interno del BCRA referido a esa firma.

De ese expediente interno surge que “ARG. EXCHANGE” operó más de 188 millones de dólares entre enero y agosto de 2023, en pleno período de fuertes restricciones cambiarias. Los investigadores buscan determinar cuántos dólares adquirieron en total los tres socios principales —Piccirillo, Hauque y Migueles— aprovechando el acceso al tipo de cambio oficial.

Para ello, se analiza la documentación secuestrada en el operativo realizado en diciembre en la sede del Banco Central, así como la información que la entidad monetaria continúa remitiendo a la Justicia. A esto se suma el peritaje de los celulares y computadoras incautados en los domicilios de los funcionarios del BCRA.

El expediente se abrió a partir de la declaración como arrepentido de Carlos “Lobo” Smith, un comisario retirado de la Policía Federal. Smith confesó que en enero de 2025 organizó un operativo policial ilegal a pedido de Piccirillo: el objetivo era plantar un kilo de cocaína y un arma a Hauque, quien le reclamaba una deuda de seis millones de dólares.

En su testimonio, el arrepentido explicó que comenzó a trabajar para Piccirillo durante la campaña presidencial de 2023, que terminó con el triunfo de Javier Milei. Su tarea, según relató, consistía en trasladar bolsos con grandes sumas de pesos. En ese contexto, aseguró que Piccirillo le contó que Hauque mantenía amenazados a funcionarios del BCRA y que a algunos se los “adornaba” económicamente para permitir el funcionamiento de sus casas de cambio sin interferencias.

Smith también entregó a la Justicia un pen drive con conversaciones de Piccirillo, entre ellas el diálogo con Romina García que derivó en los allanamientos a los funcionarios del Banco Central y en el operativo dentro de la propia entidad monetaria.

Mientras tanto, las defensas de tres de los funcionarios del BCRA avanzan en una estrategia para intentar frenar la investigación. Presentaron pedidos de nulidad de los allanamientos, argumentando que se basaron en la declaración de un arrepentido y en un audio cuya autenticidad, sostienen, no está debidamente comprobada.

Con las nuevas medidas ordenadas por Picardi y la información que pueda aportar la UIF, la causa ingresa en una fase clave para determinar el alcance de las presuntas maniobras con dólar oficial y el rol que habrían tenido los inspectores del Banco Central en el esquema bajo sospecha.