La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este jueves una reforma sustancial a la Ley de Glaciares que reconfigura el mapa de áreas protegidas y amplía las zonas habilitadas para la explotación minera e hidrocarburífera, otorgando un rol más decisivo a las provincias en la administración de sus recursos naturales.

La modificación de la ley 26.639, vigente desde 2010 y concebida para resguardar glaciares y ambientes periglaciares como reservas estratégicas de agua, introduce un nuevo criterio de protección y redistribuye competencias entre la Nación y los gobiernos provinciales. A partir de ahora, serán los gobernadores quienes definan si las zonas destinadas a proyectos extractivos contribuyen o no al abastecimiento hídrico.

Uno de los ejes centrales de la reforma es la redefinición de qué se considera glaciar y ambiente periglacial a efectos de la protección legal. La normativa anterior abarcaba de manera amplia estas formaciones como reservas de agua estratégicas. En cambio, el nuevo texto acota el alcance a aquellos glaciares que demuestren una «función hídrica efectiva» y a suelos congelados que operen como reguladores hídricos comprobables para la recarga de cuencas.

Este cambio tiene un impacto directo en la actividad extractiva. La ley ahora permite a las provincias autorizar emprendimientos mineros e hidrocarburíferos en áreas periglaciares que no sean consideradas proveedoras de agua para los sistemas hídricos. Es decir, si una zona de suelos congelados no es identificada como clave para la recarga de cuencas, podrá ser habilitada para la explotación.

Pese a esta apertura, se mantienen restricciones estrictas en las áreas que sí queden identificadas como glaciares o ambientes periglaciares con función hídrica relevante. En esas zonas seguirán vedadas la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de industrias o grandes obras industriales, la dispersión de sustancias contaminantes y la construcción de infraestructura, salvo excepciones específicas para investigaciones científicas o tareas de prevención de riesgos.

La nueva ley incorpora además el denominado «principio precautorio» en materia ambiental, que obliga a considerar los posibles impactos negativos aun cuando no exista certeza absoluta sobre su magnitud. En línea con esto, todas las actividades proyectadas en glaciares y ambientes periglaciares deberán someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

Sin embargo, la propia norma deja en manos de las provincias la definición de qué tipo de emprendimientos podrían generar una «alteración relevante» sobre estos ecosistemas y, por lo tanto, quedar alcanzados por las prohibiciones. Este punto refuerza el peso de los gobiernos provinciales en la regulación concreta de proyectos productivos dentro de sus territorios.

Otro aspecto clave de la reforma es la modificación del Inventario Nacional de Glaciares, herramienta que registra la ubicación, superficie y estado de conservación de glaciares y geoformas periglaciares. El trabajo técnico seguirá a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), pero con un cambio en la fuente primaria de información: el organismo deberá elaborar sus informes a partir de los datos que suministren las provincias.

La ley establece que este inventario deberá actualizarse al menos cada cinco años, incorporando de manera sistemática información sobre la situación de cada glaciar y de las zonas periglaciares relevadas. El nuevo esquema, con fuerte participación provincial en la provisión de datos, podría incidir en cómo se delimitan las áreas bajo protección estricta y, por ende, en qué territorios quedan liberados para la explotación minera e hidrocarburífera.

La reforma se inscribe en un contexto de presión de los gobernadores de provincias con fuerte potencial minero, especialmente del norte y Cuyo, que venían reclamando cambios en la normativa vigente. Argumentaban que la ley sancionada hace más de 15 años había frenado proyectos y demorado el ingreso de capitales en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), diseñado para atraer inversiones de gran escala.

El nuevo texto legal, no obstante, podría abrir un frente de discusión en los tribunales. La Constitución Nacional, en su artículo 124, reconoce que el dominio de los recursos naturales pertenece a las provincias. Pero el artículo 41 establece que la Nación es la encargada de dictar las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental, es decir, los estándares básicos que deben respetarse en todo el territorio nacional.

La tensión entre estos dos principios constitucionales alimenta la posibilidad de planteos judiciales sobre si la reforma respeta o no el piso de protección ambiental que debe garantizar el Estado nacional. Organizaciones ambientales y sectores académicos ya habían advertido en debates previos que cualquier reducción en el alcance de la protección de glaciares y ambientes periglaciares podría ser objeto de cuestionamientos ante la Justicia.

Con la aprobación en Diputados, la nueva configuración de la Ley de Glaciares marca un giro en la política ambiental y productiva, al reforzar la capacidad de decisión de las provincias sobre sus recursos, al tiempo que reabre el debate sobre el equilibrio entre desarrollo minero, resguardo del agua y competencias entre Nación y gobiernos locales.