En un contexto marcado por la recesión y la falta de rentabilidad que afecta a seis de cada diez pymes en el país, la Cámara de Diputados ha dado un paso significativo al consensuar una serie de proyectos que buscan aliviar la situación crítica de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Con dictámenes de mayoría y minoría ya emitidos, la iniciativa propone declarar la emergencia productiva, fiscal, laboral, financiera y tarifaria para el sector durante un año —o hasta 18 meses en algunas variantes—, con la posibilidad de prórroga si persisten las condiciones adversas.

El tratamiento de estos proyectos, que surgieron de la labor conjunta de las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas, Justicia, Energía y Combustibles, Finanzas y Presupuesto y Hacienda, apunta a actualizar la legislación vigente y ofrecer un respiro a las empresas que sostienen buena parte del empleo formal en Argentina. La discusión en el recinto se prevé antes del recambio legislativo de diciembre, aunque parte del articulado podría verse afectado por nuevas propuestas del Ejecutivo.

¿Quiénes serán beneficiados?

Las reformas alcanzan a mipymes, cooperativas, empresas recuperadas, agricultores familiares y emprendimientos inscriptos en el INAES, tanto en actividades industriales, comerciales, agroindustriales, de la construcción como en servicios. Algunas propuestas exigen la certificación vigente de mipyme para acceder a los beneficios, mientras que otras dejan fuera a las empresas medianas del tramo 2.

Las principales medidas en debate

Modernización y desburocratización

• Redefinición de los criterios para catalogar a las mipymes, considerando variables como cantidad de empleados, facturación y activos, y adaptando la normativa a las particularidades sectoriales y regionales.
• Reconocimiento del proceso de recuperación de empresas por parte de sus trabajadores, con medidas para proteger sus bienes y suspender desalojos.
• Obligación para el Estado nacional de priorizar a empresas recuperadas y cooperativas en al menos el 15% de sus compras y contrataciones de bienes.
• Creación de la Ventanilla Única para pymes y la implementación del Legajo Único Financiero y Económico, centralizando trámites y agilizando gestiones ante el Estado.

Alivio laboral y fiscal

• Reducción del 50% en las contribuciones patronales al sistema jubilatorio para cada nuevo empleado permanente durante dos años.
• Posibilidad de negociar escalas salariales propias, al margen de los convenios colectivos sectoriales.
• Compensación de la mitad de las cargas patronales con saldos a favor de IVA, creación de una Cuenta Única Fiscal y reducción de anticipos del Impuesto a las Ganancias.
• Exención de impuestos sobre débitos y créditos bancarios, y amortización acelerada de bienes de capital nacionales.
• Facilidades para el pago de obligaciones fiscales vencidas, suspensión de procesos judiciales tributarios y limitación de embargos fiscales.

Incentivos comerciales y crediticios

• Devolución del 25% del IVA a consumidores por compras de productos esenciales en comercios minoristas incluidos en la emergencia, con reintegro en hasta 60 días.
• Liberación de derechos de exportación bajo ciertas condiciones y reintegro del 5% sobre el valor FOB de productos exportados.
• Garantía de al menos un 30% de espacio en góndolas para productos de mipymes y cooperativas.
• Acceso a tasas preferenciales de financiamiento del Banco Nación y nuevas líneas de crédito para inversiones, modernización y capital de trabajo.

Protección ante aumentos de tarifas

• Reducción del 50% en los aumentos de tarifas de servicios públicos clave como electricidad, gas y agua.
• Prohibición de cortes de suministro a mipymes incluidas en la emergencia.

La expectativa está puesta en que estas reformas puedan ser aprobadas antes de la renovación parlamentaria, mientras persiste la incertidumbre sobre su alcance final. Lo cierto es que el Congreso busca dar una señal concreta a un sector golpeado, que reclama medidas urgentes para sobrevivir y mantener el empleo en medio de una economía adversa.