La Cámara de Diputados inició este miércoles una extensa sesión en la que el oficialismo busca aprobar la reforma de la Ley de Glaciares, respaldado por el PRO, la UCR y un amplio bloque de legisladores alineados con gobernadores provinciales. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, es reclamada por las provincias mineras y se perfila como una de las apuestas centrales del Gobierno en materia de recursos naturales.

Para garantizar el quórum, los libertarios sumaron el apoyo de diputados cercanos a los mandatarios provinciales Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Carlos Sadir (Jujuy). También se plegaron representantes de Misiones vinculados a Carlos Rovira y legisladores de Mendoza referenciados en el gobernador Alfredo Cornejo.

El armado no estuvo exento de matices. La santafesina Gisela Scaglia, presidenta del interbloque Provincias Unidas, y el cordobés Ignacio García Aresca, alineado con el gobernador Martín Llaryora, se sentaron en el recinto pese a que el exmandatario Juan Schiaretti anticipó su rechazo al proyecto. A ellos se sumaron el puntano Jorge "Gato" Fernández y la radical Karina Banfi, aun cuando en el Senado su referente partidario, Maximiliano Abad, había votado en contra de la reforma impulsada por el Ejecutivo.

En la reunión de Labor Parlamentaria previa a la sesión, los jefes de bloque acordaron un esquema de más de 60 oradores, lo que proyecta un debate de varias horas con una votación prevista para la madrugada. El oficialismo concentró su estrategia en asegurar la sanción de las modificaciones a la ley 26.639, vigente desde hace 15 años y destinada a la protección de glaciares y áreas periglaciares.

El proyecto en discusión refuerza el rol de las provincias en la definición de las zonas donde se permitirá la explotación minera y en la evaluación de su impacto sobre los recursos hídricos. Serán los gobiernos provinciales quienes determinen si los emprendimientos mineros afectan o no las reservas de agua. Además, deberán aportar la información necesaria para la elaboración del inventario de glaciares y ambientes periglaciares, que seguirá bajo la órbita del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).

Desde la oposición advirtieron que este esquema podría derivar en una fuerte judicialización, al superponerse las competencias provinciales con los llamados "presupuestos mínimos" ambientales que fija la Nación. De prosperar la reforma, será la Justicia la que deba dirimir la interpretación de los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional: el primero, que asigna al Estado nacional la responsabilidad de establecer estándares ambientales básicos, y el segundo, que reconoce a las provincias la propiedad de los recursos naturales de su territorio.

La sesión comenzó atravesada por otros reclamos políticos. Distintos bloques intentaron, sin éxito, introducir sobre tablas un pronunciamiento contra la decisión del Gobierno de impedir el ingreso a la Casa Rosada de un grupo de periodistas, bajo la acusación de que los medios en los que trabajan habrían participado de una supuesta campaña de desinformación de origen ruso orientada a desacreditar a la administración libertaria. La moción no prosperó porque requería el apoyo de las tres cuartas partes de los presentes, una mayoría que la oposición no logró reunir.

El kirchnerismo también fracasó en su intento de forzar la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el recinto para que diera explicaciones sobre las denuncias vinculadas a viajes y propiedades que se le atribuyen. Aunque el pedido de interpelación obtuvo 124 votos afirmativos contra 118 negativos, el reglamento de la Cámara exige una mayoría especial de tres cuartos cuando el tema no figura en el temario de la sesión.

Una situación similar se registró con la propuesta del diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), que buscaba que Adorni y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, brindaran informes orales y escritos sobre su participación o conocimiento en el caso $LIBRA. El escándalo involucra al presidente Javier Milei, quien promocionó esa criptomoneda en sus redes sociales. La votación terminó con 125 votos a favor y 118 en contra, pero tampoco alcanzó el umbral requerido para alterar el orden del día.

Aun así, el resultado dejó a la oposición con la expectativa de insistir en otra sesión. Ferraro subrayó que hubo ausencias de legisladores que siguen de cerca la investigación y se mostró confiado en reunir los votos necesarios para "emplazar las comisiones y aprobar los pedidos de informes e interpelación" dirigidos tanto a Karina Milei como a Adorni.

Mientras tanto, el oficialismo apuesta a capitalizar el apoyo de los gobernadores y de parte de la oposición dialoguista para avanzar con la reforma de la Ley de Glaciares, en un escenario en el que el equilibrio entre explotación minera, protección ambiental y poder de las provincias vuelve a quedar bajo la lupa del Congreso y, eventualmente, de los tribunales.