Tras una maratónica sesión de once horas, la Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma a la Ley de Glaciares impulsada por el Poder Ejecutivo. El proyecto, que ya contaba con media sanción del Senado desde el período de sesiones ordinarias, obtuvo 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones.

El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) logró el respaldo de sus aliados parlamentarios y se aseguró así una victoria legislativa en un tema sensible: la regulación de los glaciares y del ambiente periglaciar, en un contexto de fuerte interés por el desarrollo de proyectos mineros en distintas provincias.

Cómo se armó la mayoría en Diputados

El bloque de LLA no estuvo solo en la defensa del texto remitido por el Ejecutivo. Acompañaron la iniciativa el Pro, la Unión Cívica Radical (UCR) y diversas bancadas provinciales y federales, que aportaron los votos necesarios para alcanzar la mayoría.

En la vereda opuesta se ubicaron Unión por la Patria (UxP), los bloques de izquierda, la Coalición Cívica y otros espacios provinciales, que rechazaron la reforma. Sin embargo, dentro de UxP se registraron fisuras: los diputados sanjuaninos Andino y Chica se apartaron de la postura mayoritaria de su bancada y votaron a favor del proyecto.

Otra bancada clave, Provincias Unidas —la tercera más numerosa de la Cámara— también exhibió divisiones internas. En ese espacio, 11 legisladores se pronunciaron en contra, 6 apoyaron la reforma y uno estuvo ausente, reflejando las diferentes posiciones que conviven en torno al vínculo entre protección ambiental y explotación de recursos naturales.

Qué cambia con la nueva Ley de Glaciares

La normativa aprobada modifica la Ley 26.639, que establecía la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar como “reservas estratégicas de agua”. Ese enfoque amplio de resguardo es uno de los puntos que la reforma viene a acotar.

El nuevo texto dispone que sólo quedarán bajo protección aquellas masas de hielo que realicen un “aporte hídrico relevante y verificable a una cuenca”. De este modo, la definición de qué formaciones deben ser preservadas se ajusta a un criterio de contribución concreta al sistema hídrico, y ya no abarca de manera general a todos los glaciares y al entorno periglaciar.

Otro aspecto central es el rol que se otorga a las provincias. La ley reformada concede mayor poder a los gobernadores en la elaboración del inventario de glaciares, la herramienta técnica y administrativa que determina qué cuerpos de hielo quedan formalmente registrados y, por ende, sujetos a protección.

Este corrimiento de atribuciones hacia las administraciones provinciales se da en un escenario donde varias jurisdicciones tienen en carpeta, o ya en marcha, proyectos mineros en zonas de alta montaña. El control sobre el inventario glaciar se vuelve así un factor determinante para la habilitación o restricción de esas iniciativas.

Una audiencia pública bajo la lupa

El tratamiento del proyecto en la Cámara baja estuvo precedido por una audiencia pública que fue duramente cuestionada por la oposición. Legisladores de distintos bloques críticos señalaron que, en la última ronda de exposiciones, sólo se escuchó a funcionarios del Gobierno nacional y a representantes de provincias interesadas en el desarrollo de la minería.

Para esos sectores, la ausencia de voces de organizaciones ambientales, especialistas independientes y actores sociales con posturas divergentes restó pluralidad al debate previo a la votación. El oficialismo, en cambio, defendió el procedimiento y sostuvo que la reforma apunta a compatibilizar la protección de recursos hídricos con la explotación de recursos naturales estratégicos.

Una ley en el centro del debate ambiental y productivo

Con la sanción definitiva en Diputados, la reforma a la Ley de Glaciares se inscribe en el corazón de la discusión sobre el modelo de desarrollo en zonas cordilleranas. La redefinición de qué glaciares serán protegidos y la transferencia de mayor poder de decisión a los gobernadores marcan un giro respecto del esquema de resguardo vigente desde la sanción de la Ley 26.639.

Mientras el Gobierno celebra la aprobación como un paso para facilitar inversiones en sectores como la minería, los bloques que votaron en contra advierten sobre el riesgo de reducir la superficie efectivamente protegida y de subordinar la política ambiental a intereses económicos de corto plazo. La aplicación concreta de la nueva norma y la confección del inventario glaciar bajo las nuevas reglas serán, a partir de ahora, el terreno donde se medirá el alcance real de este cambio legislativo.