En un nuevo paso firme hacia la recuperación del espacio público y la defensa de la propiedad privada, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevó a cabo este miércoles un operativo de desalojo en el barrio de Villa Urquiza, en la intersección de Álvarez Thomas y Blanco Encalada. La vivienda, que llevaba 10 años usurpada, fue restituida a sus legítimos propietarios, marcando un nuevo hito en la gestión de Jorge Macri.

“Propiedad número 374 devuelta a sus dueños. Esta casa estaba tomada hace 10 años. En la Ciudad, la propiedad privada se respeta”, escribió el Jefe de Gobierno en sus redes sociales, acompañando el mensaje con un video del operativo, donde se observa la actuación coordinada de fuerzas de seguridad y personal de asistencia social.

Este nuevo procedimiento se enmarca en el plan sistemático de recuperación de inmuebles ocupados ilegalmente, que ha sido uno de los pilares de la actual administración porteña. Bajo esta política, ya se han recuperado 374 propiedades en distintos barrios de la ciudad, un número que demuestra la decisión política de terminar con las usurpaciones que afectan a vecinos, propietarios y la convivencia urbana.

Desalojos previos que marcaron agenda

Este operativo en Villa Urquiza se suma a otros casos emblemáticos registrados durante el último año:

• En julio de 2025, se concretó el desalojo de la histórica Casa Blaquier, ubicada en el Casco Histórico de San Telmo, que llevaba más de 40 años tomada. El procedimiento fue pacífico y se ofreció acompañamiento social a las personas desalojadas.
• En enero, un edificio de 12 pisos en Belgrano conocido como el “Elefante Blanco” fue desocupado luego de una orden judicial. El lugar había sido tomado hace más de tres décadas y su recuperación fue celebrada por los vecinos de la zona.
• Además, desde la Legislatura, se impulsaron proyectos de ley para agilizar los desalojos en casos de usurpación y garantizar el respeto por los contratos de alquiler y el derecho de los propietarios.

Propiedad privada y ley: ejes de gestión

Lejos de tratarse de una política represiva, estos operativos responden a un principio básico del estado de derecho: el respeto por la propiedad privada y la convivencia bajo normas claras. Cada procedimiento se realiza con orden judicial, presencia de personal capacitado y, cuando corresponde, con asistencia social para las personas que deben dejar el inmueble.

Desde el Gobierno porteño aseguran que no habrá lugar para la impunidad ni para los negocios paralelos que prosperan bajo la sombra de la ilegalidad. La usurpación no solo vulnera derechos individuales, sino que afecta el orden público y desalienta la inversión y el desarrollo urbano.

Con este nuevo avance en Villa Urquiza, Jorge Macri reafirma su compromiso con la legalidad, la seguridad y la recuperación del patrimonio de los vecinos. Una señal clara de que en la Ciudad, las reglas se cumplen y los derechos se hacen valer.